El Albertismo, no tan enemigo de subir retenciones

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su aplicación económica, comenzó ayer. El incremento de los combustibles, el cierre de las exportaciones para aceites y harinas y, fundamentalmente, la amenaza de nuevas retenciones; forman parte del inicio de los movimientos financieros, fiscales y monetarios que el Ejecutivo se comprometió a aplicar ante el organismo que maneja Kristalina Georgieva, y que deben terminar en un 2022 con topes de 2,5% de déficit fiscal, un crecimiento de entre 3,5% y 4,5%, una inflación tope de 48% y un nivel de reservas creciendo este año en un mínimo de 5.000 millones de dólares.

De todas las primeras medidas, la mas polémica y complicada, por lejos, es la alternativa cierta y severa de aumentar las retenciones a las exportaciones de commodities varios, comenzando por la soja, girasol, trigo y maíz, al amparo del alza de los precios internacionales; y bajo el justificativo doble de ajustar precios internos para que no haya presiones inflacionarias sobre los precios de los alimentos y la necesidad de aumentar la posición de reservas del país en momentos de incrementos en la relación de los términos de intercambio. La visión económica final del Ejecutivo, es que con estos potenciales movimientos sobre las retenciones, el país llegaría a un equilibrio final entre ingresos y gastos provenientes de la situación generada por la guerra en Ucrania por la decisión tomada por Vladimir Putin de invadir ese estado.

El acuerdo al que había llegado Martín Guzmán con los negociadores del FMI, una vez estallado el conflicto bélico, fue que el resultado final entre entradas y salidas de divisas debe equilibrarse. Y terminar el 2022 en empate. En el momento de las discusiones finales (hace aproximadamente 15 días, a horas de cerrar el acuerdo) se acordó que el Cisne Negro que generó el conflicto en Ucrania, tenga su evaluación fiscal final hacia el último trimestre del año; pero siempre mirando que el 2,5% de déficit fiscal era inamovible.

Los últimos incrementos de los precios del petróleo terminaron con desestabilizar los números y obligaron a redireccionar estrategias. Los números del ministerio de Economía iniciales estimaban un empate. Para el ministerio de Economía el alza en los precios de la soja (y el resto de los commodities exportables) generarían en el 2022 la suficiente cantidad de divisas como para hacer frente a un eventual incremento en el gasto de importación de combustibles; fundamentalmente para el gas.

Guzmán siempre consideró que la soja salvaría las cuentas públicas este año y absorbería los incrementos en los combustibles. Los números que se hacen en el Palacio de Hacienda afirman que el incremento de la oleaginosa se da el en momento exacto como para aprovechar la suba e incrementar la recaudación vía retenciones, mientras que el incremento del gas será una cuenta que aún no puede cerrarse y que se conocerá pasado el invierno. Y que podrá ser enfrentada con dólares en las reservas reforzadas del Banco Central, no sólo por las liquidaciones sojeras, sino por los DEGs provenientes del FMI que ingresarán una vez que se cierre, apruebe en el Congreso y se firme en Washington el demorado Facilidades Extendidas.

Mirando de reojo el precio de la soja, la decisión del Ejecutivo es entonces mantener las buenas relaciones con el campo, y esperar que las liquidaciones comiencen a darle aire a las hoy asfixiadas cuentas públicas. En silencio se considera que en realidad, en números finos, un incremento en los niveles de retenciones (leves) no alteraría la rentabilidad del campo; con lo cual, si se realiza con una negociación de por medio con los sectores productivos y se aclara que se trata de una medida temporal; podría aplicarse. El ala política piensa diferente. Especialmente el alto kirchnerismo combativo. Se cree que es el momento de avanzar sobre el campo, subir retenciones y que el Ejecutivo demuestre, en serio, que el ajuste "no caerá sobre el pueblo".

Un efumismo semipopulista para reclamarle a Alberto Fernández que debe tomar al menos una medida pos acuerdo con el FMI que tenga que ver con el kirchnerismo y su visión del mundo. La posición ya es conocida y fue hecha pública por el diputado nacional de origen radical Leopoldo Moreau; como reclamo del ala dura del kirchnerismo como compensación por la aceptación del tratamiento (obviamente no el voto a favor) del Facilidades Extendidas en el Congreso. Hay quien afirma dentro del ala dura (durísima) del oficialismo, que no hay tiempo que perder, y que si no se quiere romper el bloque; se debe avanzar en un esquema de incremento de retenciones a las exportaciones.

O algo políticamente más complicado: volver a un esquema similar al que iba a establecer de manera semipermanente la Resolución General 125 de 2008. Aquella medida, de triste memoria, consagraba las retenciones móviles, por las cuales a medida que subían los precios internacionales, mayor porcentual de impuesto se debía liquidar. Si se hubiera establecido ese esquema que derivó en la "Guerra contra el Campo" que culminó con el voto no positivo de Julio Cesar Cleto Cobos del 17 de julio del 2008  y la caída de la iniciativa y la mayor derrota legislativa de toda la historia del kirchnerismo en el poder. Y la caída en desgracia del mendocino dentro del oficialismo de entonces.  

¿Qué establecía aquella resolución del ministerio de Economía? Según menciona el sitio Chequeado.com, "como regla rápida podemos decir que el punto de equilibrio (cuando las retenciones según la 125 hubiesen sido 35% como ahora) se da cuando el precio FOB oficial es de US$395, y que una ventaja importante para el productor (retenciones del 30%) se da sólo cuando el precio desciende a US$319, lo que no sucedió en ningún punto de la serie (el mínimo promedio mensual fue 335 en diciembre de 2008)". 

Si la evolución de los precios internacionales no se hubieran actualizado y la 125 estuviera vigente, el porcentaje de retenciones aplicado en la actualidad se ubicaría entre 38% y 40%. O más. Algo políticamente imposible de aplicar; según coinciden el albertismo, los gobernadores del oficialismo y la oposición, y todo el marco legislativo no oficialista. Sin embargo, se sabe, no hay buen maridaje entre el kirchnerismo y el campo; y, se descarta, el tratamiento del Facilidades Extendidas con el FMI en el Congreso.