El reto de gestión de Rodolfo Suarez para que la crisis no se profundice más

Como muy pocas veces, el posterior descenso a la realidad del mundo onírico en el que tradicionalmente quedamos envueltos en Mendoza durante la Fiesta de la Vendimia fue tan crudo y vertiginoso. 

Bastaron solo un par de días, para que uno a uno comenzaran a quedar expuestos los problemas y desafíos que, como siempre ocurren, quedan un tanto tapados durante los festejos de esos primeros días de marzo que esta vez, además, tuvieron el plus de la vuelta tras dos años de pandemia.

El conflicto entre Rusia y Ucrania tuvo su correlato aquí. Ya desde la semana pasada la asociación que nuclea a los panaderos de la provincia viene autoconvocándose para intentar afrontar no solo el aumento de la bolsa de harina, que pasó de $ 1.100 en enero a $2.100 hacia finales de febrero, sino también el faltante de ese producto básico. Una recorrida por los supermercados y comercios del rubro del Gran Mendoza detectó que no solo había aumentado el pan, sino que se detectaron faltantes de fideos, otros derivados y además también costaba encontrar aceite. Una información tiene en alerta a las autoridades del ministerio de Salud y a las de Desarrollo Social. El Gobierno nacional está advirtiendo sobre un posible recorte en la distribución de cajas de leche que históricamente administra entre las provincias. Mendoza recibe alrededor de 35.000 litros que son entregados en los centros de salud y que ahora corren riesgo de no estar más disponibles.

Alberto Fernández puede dar por aprobado en el Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aunque su gobierno está dañado por la fractura interna. El arreglo tiene, entre otras derivaciones, un escenario de aumento de tarifas en los servicios públicos que para las provincias aún está todavía en discusión cómo se llevará a cabo. Aunque ya se pueden anticipar algunos datos.

Para los usuarios residenciales, la luz y el gas subirán un 20% en lo inmediato y a partir de junio podría conocerse hasta dónde llegarán las subas aquí producto de la quita de subsidios que Argentina se comprometió a ejecutar con el FMI. La clave de lo que sucederá en los próximos meses está en el plan de segmentación territorial que está incluido en el acuerdo, que podría llevar estos servicios a aumentos de entre el 40% y el 130%, pero que su puesta en vigencia dependerá de la forma en que la Nación los termine implementando. Si es que lo hace.

En el tramo final de la negociación con el organismo internacional, surgió otro seguro aumento impositivo. El acuerdo con el FMI incluye una cláusula que, si bien no implica un incremento en la alícuota del Impuesto Inmobiliario, ejerce presión sobre el impuesto a los bienes personales que crecerá significativamente. Esa medida ya se comenzó a implementar por decisión de la AFIP en la ciudad de Buenos Aires y, está escrito en el acuerdo, la Nación deberá coordinarla con las provincias.

Acá la cuestión parece estar en los tiempos. A decir verdad, la recaudación del Inmobiliario en Mendoza representa apenas el 3% de los ingresos totales y además casi el 19% de lo que cobra el Estado provincial por este tributo lo distribuye entre los municipios. Conceptualmente, el ministerio de Hacienda está de acuerdo con que al Inmobiliario hay que adecuarlo porque es un hecho que muchísimas propiedades están subvaluadas. Sin embargo, la decisión tomada es que durante 2022 el impuesto no se tocará en Mendoza. El acuerdo con el FMI implica que el gobierno nacional tiene que tener este tema cerrado con las provincias para septiembre próximo.

El IERAL, de la Fundación Mediterránea, presentó esta semana su informe anual sobre el estado de la economía de Mendoza y dejó al descubierto el deterioro de la calidad del empleo, entre otros datos duros. Tras la pandemia, detalló el estudio, solo se recuperó un 25% del empleo privado formal perdido entre 2019 y 2020, mientras que a nivel nacional esa recuperación alcanzó al 50%.

“En 2021 habría continuado la tendencia decreciente de hace varios años donde los salarios en Mendoza pierden cada vez más respecto al promedio nacional. Durante los últimos 10 años, Mendoza es una de las provincias de Argentina donde más cayó el poder adquisitivo de los salarios privados formales”, sostuvieron. Como consecuencia de este deterioro creció, por caso, la morosidad en los créditos y también aumentaron, como reflejo más grave, los indicadores de pobreza.

Por supuesto que el estudio de la Fundación Mediterránea fue un bombazo para la administración de Suarez. Sin embargo la reacción fue muy particular: en definitiva, redujeron en Casa de Gobierno, lo que subyace es otra vez un reclamo del sector empresario para reducir la presión impositiva a través de rebajas en las alícuotas o eliminaciones del cobro de Ingresos Brutos, por nombrar el más distorsivo de los tributos que cobra el Estado. “Lo que tienen que entender es que nosotros no tenemos soja”, patalearon a nivel oficial, como forma de dar a entender que Mendoza no tiene esa fuente de recursos que sí tiene la Nación.

Ahora bien. Está claro que no hay soja, pero ¿Cuál es la vía que está buscando la provincia para subsistir a futuro? Ese panorama es muy difuso todavía. Quizás esté de más decirlo nuevamente, porque Suarez ya repitió y repitió que no va a volver sobre el tema, pero el gobierno se lamenta todavía porque fracasó el plan de diversificación que tenía (que a esta altura asoma como el único) que no era otro que impulsar la minería.

En esta obligación del gobierno por enfocarse definitivamente en encontrar una salida, algo puede surgir en el mediano plazo sobre este asunto tan delicado a nivel de impacto social. En principio está el OK dentro del oficialismo para avanzar con un proyecto de ley que desde hace un par de años ya tiene redactado el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, para que en su departamento se permita desarrollar la minería metalífera. El mecanismo que viene planteando el departamento sureño para reabrir el debate, prácticamente clausurado en Mendoza desde hace más de dos años cuando fracasó estrepitosamente el intento para modificar la Ley 7722, será precisamente pedir una excepción a esta norma. El borrador de ley que trabajó Ojeda en su momento consta de 14 artículos y, además de la excepción propone la creación de un Fondo de Compensación para que un porcentaje de las regalías mineras sea destinado a obras hídricas en el departamento y en el resto de la provincia. ¿Verá la luz este debate impulsado por los malargüinos? Puede que sí, aunque puede ser que no.

Una clave de salida habrá que encontrarla muy probablemente en el futuro de Portezuelo del Viento, el otro proyecto de desarrollo impulsado por el Gobierno que está a semanas de fracasar. El viernes, mientras el país estaba atento a las repercusiones del debate parlamentario del acuerdo con el Fondo, Suarez volvió a mover piezas para apurar una definición del presidente en relación a la obra. El ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, se reunió en Buenos Aires con funcionarios del ministerio del Interior a quienes les reclamó nuevamente por el laudo de Fernández en el COIRCO y que se defina si Portezuelo podrá hacerse o definitivamente no.

Por supuesto que Ibañez se volvió a Mendoza sin ninguna respuesta concreta y los días siguen corriendo, para llegar a esa fecha de mediados de abril que el propio gobernador se autoimpuso para decidir si deja caer la licitación o la adjudica a los chinos y al consorcio de empresas locales, con IMPSA al frente, que están detrás. Aquí, muy probablemente, Suarez enfrenta el ejemplo más descarnado de la ruptura dentro del Frente de Todos: el ministro político mendocino se reunió con referentes de La Cámpora, quienes, enfrentados aparentemente sin retorno con el presidente, son quienes deberán viabilizar el pedido del gobernador por la obra. Mientras esperan se está explorando otro camino en este tema: los asesores legales del Ejecutivo están analizando acudir a la Corte Suprema de Justicia con un recurso de “acción por mora”. Pero el riesgo de esta movida judicial es alto. La Justicia, mientras resuelve y además sin plazos para hacerlo, podría congelar la disponibilidad de los fondos que la provincia ya tiene en su poder para hacer esta obra y que rondan los U$S 400 millones.

Un elemento agrava este escenario económico provincial, aunque otros dos lo mejoran un tanto. La producción de petróleo no levanta y no resultaron satisfactorias las exploraciones autorizadas a las empresas a través del fracking. Pero el turismo está funcionando como sostén en la actualidad y de a poco se está retomando el ritmo de la inversión en obra pública que se paralizó durante la pandemia. ¿Hay plan entonces? Un atisbo. Aumentar las exportaciones a través del desarrollo de una estrategia que, juran, está en marcha a través de un equipo convocado por el gobernador para desarrollarla.

Desde lo político el Ejecutivo está a punto de dispersar una tormenta fuerte que se avecinaba. Ya acordó en paritarias con ATE y en los próximos días acordará con el SUTE, luego de definir este fin de semana que se se allanará al último planteo del gremio docente y que estuvo vinculado a la eliminación del requisito del presentismo para cobrar el bono que formó parte de la propuesta de aumento para este año. Cuentan que Suarez recriminó a los paritarios oficiales por esta exigencia que fue sostenida hasta la última reunión con los gremios. Él mismo tomó la decisión de desestimarla, para arreglar la paritaria y alejar la amenaza de un conflicto en las aulas.

El debate legislativo por la boleta única parecerá encontrar el próximo miércoles su destino, con la aprobación definitiva del proyecto en Diputados que saldrá sin acuerdo con la oposición. La reforma electoral apunta a mejorar la forma de votación  futuro, aunque surgieron dudas acerca de si efectivamente se aplicará a partir de 2023. El propio oficialismo, impulsor del proyecto, lo dejó en claro: si el año que viene la provincia unifica las elecciones nacionales con las provinciales, el sistema que regirá es el de boleta de papel.

¿Qué decisión tomará Suarez? Es difícil aventurar cuando falta tanto tiempo. El gobernador está convencido de que el mejor camino institucional es separar la elección de cargos provinciales de los nacionales. Pero ya es sabido que el actual gobierno mendocino está recostado en las encuestas que le marcan un 63% de imagen positiva y en las que además salta que, para mucha gente, Alberto Fernández es el responsable de buena parte de los males que nos aquejan. El 62% considera que el presidente nos discrimina y el 59% está convencido de que "el peronismo de Mendoza le está poniendo palos en la rueda al gobernador". No hay mucho misterio aquí a esta altura. En Casa de Gobierno entienden que pueden surfear los problemas locales porque, en definitiva, la elección del año que viene se definirá por la cercanía o por el rechazo con la Casa Rosada y con el kirchnerismo.. Y, asimismo,  por la evidente buena imagen que arrastra Suarez desde 2020 por el manejo que hizo de la pandemia. Si Alfredo Cornejo llegara a a competir por la presidencia, el desdoblamiento quedaría más lejano aún. Aquí el reto, como en el resto de los temas, es crucial: pasar de la resistencia que genera Alberto o que también generó la pandemia, a la gestión.