Las tensiones por el "gobierno" de los recursos estratégicos: agua, tierra y energía

Como un piloto inexperto que se distrae con el paisaje y se olvida del instrumental, los principales dirigentes políticos de Mendoza y el país toman las encuestas y las reacciones epidérmicas como guía para sus decisiones. Importa lo que dicen los sondeos de opinión ahora, ya; y no la enorme cantidad de datos que marcan que el camino puede ser equivocado o, incluso, que dan pistas de lo que hay que hacer para que ese recorrido deje de ser en una ruta árida.

Siguiendo con la idea del piloto, es como si se obviara el GPS, el instrumental analítico y hasta el pronóstico del tiempo; y, en cambio, se guíe por el instinto. Decir lo que la gente quiere escuchar, hacer lo que piden, pero no lo que se necesita hacer para mejorar; aunque algunas veces duela.

El problema es que, por ejemplo, hay cada vez más información sobre lo que puede pasar si no se toman decisiones, aunque sean incómodas o poco reactivas a la frivolidad de las encuestas. Que un gobernador de Mendoza tenga más de un 60% de imagen positiva es un hecho positivo, pero no deja de ser un halago personal. Que Mendoza tenga un 44% de pobreza, es un problema estructural.

Los gobiernos dentro del Gobierno

 Educación, economía y ambiente son, quizá, tres de las áreas donde el Gobierno más esquiva decisiones de fondo. En ese combo inabarcable de temas que representa gestionar un Estado, hay un eje troncal: el “gobierno” de los recursos naturales, la clave para emprender, para hacer negocios, para garantizar el acceso a derechos y planificar el futuro.

Detrás de una necesidad hay un derecho vulnerado. Detrás de una demanda que el Estado busca satisfacer hay un posible negocio. Cuando hay un recurso escaso, hay tensión por quién se lo queda. Es lo que ocurre con el agua, la tierra y, sobre todo, con la combinación de ambos factores: tierra con agua de calidad, un mix cada vez más escaso y costoso en Mendoza. Por eso, por ejemplo, hay emprendimientos que florecen gracias a que tienen agua en el piedemonte, aún contra las leyes de la física, y zonas que van camino a la extinción, como las áreas productivas del Este. Nuevos vergeles artificiales, y zonas desertificadas por el abandono.

Por eso más allá del Gobernador y otras autoridades electas, hay personas que por momentos pueden tener más poder y pasan desapercibidas. Este año, por ejemplo, será más importante la elección del Superintendente General de Irrigación, que la rosca para las listas del 2023; también es más trascendente si se aprueba la ley del piedemonte, de la que depende la conservación ambiental y negocios por miles de millones, que las cumbres partidarias; al mismo tiempo que de la definición del manejo de tierras de Potrerillos por los próximos 50 años que concesionará Rodolfo Suarez.

El Gobierno delegó en EMESA todos los negocios energéticos

Hay organismos que pasan bajo el radar y que tienen nombres raros, pero que deciden más. EMESA, que concentra el poder y el dinero de las concesiones petroleras y energéticas, Mendoza Fiduciaria, que administra recursos de Economía y hasta las tierras de potrerillos, el EPAS y AYSAM, que permiten o vetan el acceso a agua potable de barrios nuevos, son algunos de los lugares clave.

Sergio Marinelli termina su mandato este año y le tocará a Suarez elegir al sucesor o sucesora. Es una decisión incómoda porque entran en juego las alianzas políticas internas. Al mismo tiempo, es fundamental para el futuro de Mendoza. No hay más agua y no habrá, por lo que la disposición de ese elemento fundamental depende de la gestión; de administrar ese recurso teniendo en cuenta la adaptación a la nueva realidad.

No es retórica. Los ríos de Mendoza tienen, de promedio, la mitad de agua de lo que se acostumbraba a disponer. De ese volumen, el 80 por ciento se usa para riego (con una altísima ineficiencia), un 12 por ciento para consumo humano (con una pérdida de cerca de la mitad) y menos del 2% para uso industrial. De las decisiones que toma Irrigación depende que se haga o no un proyecto productivo. Ocurre, por ejemplo, que hay un enorme movimiento en escribanías, con agrimensores y también abogados, para generar sociedades y vínculos que permitan acceso a derechos de agua. Nuevamente, no es retórica sino negocios.

Un campo sin acceso a riego en Mendoza no vale nada. Si se revierte esa situación multiplica el valor de manera incalculable. Más si es en las zonas no impactadas aún, como el Suroeste de Luján y el Valle de Uco. La desigualdad en el precio de la tierra se acentúa. “Un campo con agua en el Este vale cada vez menos, casi nada por la degradación. En el Valle de Uco piden cualquier cosa. Eso hace que los productores de la zona tradicional se extingan y que el sistema productivo lo gobiernen las fincas y bodegas de las otras áreas”, grafica un especialista.

De Irrigación dependen el cambio de uso del agua, las concesiones precarias, los permisos de vertido (que hubo decenas en los últimos meses) y hacia dónde direccionar los recursos que llegan con los aportes de los regantes y, sobre todo, de organismos nacionales de crédito. Podrían, por ejemplo, depender parte de los 1.023 millones de dólares que no se usarán para Portezuelo.

La situación hídrica es tan crítica que de las decisiones de hoy depende el futuro productivo de Mendoza. Por eso hay quienes, como ya hizo el Grupo Olascoaga, piden que se elabore un nuevo plan hídrico provincial en el que se revea desde el uso hasta la estructura de gestión del manejo del agua para pensar en función a la nueva realidad de escasez. Por lo pronto Suarez deberá decidir quién comanda esa repartición por los próximos 5 años. El lobby está en marcha desde afuera y desde adentro del gobierno e Irrigación, pues Marinelli puja para seguir, Cornejo supervisa y hay quienes, como Gennari, sondean el terreno.

Pero hay áreas más invisibles que tienen una trascendencia fundamental. Ocurre con Aysam y el EPAS, por ejemplo, que tienen la potestad de dar factibilidades a emprendimientos inmobiliarios y negarlos a otros. Es lo que ocurrió, por ejemplo, cuando recién se intervenía la empresa y se otorgó cupo de agua potable de la renovada planta Benegas para barrios VIP del pedemonte que están a “contrapendiente”, es decir que no solo van contra las normas previas sino también contra la ley de la gravedad. Son esos organismos los que hoy tienen en sus manos el drama ambiental más grave de la provincia: la falta de agua en cantidad y calidad para todos.

En el mismo plano, la Secretaría de Ambiente de la provincia tiene en su lapicera el poder de veto o no. Antes de que se apruebe la ley del piedemonte hay emprendimientos que avanzaron y otros que no. Lo mismo en otras zonas fuera del Gran Mendoza.

Pero hay más tensión aún con el manejo de los recursos no renovables, como el gas y el petróleo. La semana pasada el Gobierno buscó generar un hecho político para mostrar rigor con YPF, la petrolera estatal de la que depende en gran medida Mendoza por el enorme nivel de participación que tiene en el PBG y en la industria petrolera en particular.

El reclamo estaba previsto en el acuerdo firmado el año pasado, pero se sobreactuó ahora. Suarez busca agilizar con su gestión, como ocurrió el año pasado, algunos proyectos que están enredados. Sabiendo las dificultades para atraer inversiones en un escenario de alto riesgo (Mendoza tiene sus yacimientos en decadencia, problemas de logística y una burocracia que demora más), la tensión entre la seducción y el control con YPF es una de las más complejas de administrar; mucho más con los intereses políticos que también cruzan a la empresa y al sector energético del gobierno nacional.