La peligrosa línea que Alberto está por cruzar y las consecuencias que puede arrastrar
Opinar, cuestionar y hasta descalificar algunas decisiones están dentro de las reglas y las tensiones políticas previsibles. El problema es que, como ocurre cada vez con mayor frecuencia en Argentina, esas visiones se transforman en decisiones de Gobierno de vidriosa legalidad y legitimidad. Cuestionar la sentencia de la Corte Suprema está dentro de lo posible. Sugerir que el Poder Ejecutivo no la va a acatar puede abrir un camino de difícil retorno, el de la discrecionalidad institucionalizada; es decir que el Presidente sea quien define si se ejecuta o no algo. Y justo lo intenta un mandatario con poco poder, desgastado y con su palabra devaluada.
El recurso que presentará el Gobierno nacional para tratar de frenar la sentencia que le devuelve parte de la coparticipación recortada a la Ciudad de Buenos Aires está dentro de las posibilidades institucionales. Es decir, aún hay un margen de maniobra dentro de lo institucional. Si se cumple la sugerencia de no acatar, aún con sentencia firme, el problema se agudiza. El presidente Alberto Fernández es el principal decisor, pero hay una cadena hacia abajo de funcionarios que podrían quedar en una cornisa. Por eso, explican allegados al tema, el blindaje legal que debería tener esa decisión es de difícil construcción. "Hay que ver quién se anima a no ejecutar una decisión de la Corte. Más allá de la bravuconada política
El debate tiene dos carriles. El jurídico y el político. La Nación recortó fondos de la Ciudad de Buenos Aires durante la pandemia, pero no en nombre del federalismo, sino para cubrir una emergencia que tenía la Provincia de Buenos Aires con la policía. Hicieron "causa nacional" un problema en el distrito electoral más poblado y que desde 2019 ha sido uno de los más favorecidos por el reparto de fondos de emergencia. La maniobra de emergencia, explican los especialistas, tuvo muchas carencias legales e instrumentales, cosa que lo hizo vulnerable en Tribunales. También desde lo político no hizo más que fortalecer y "victimizar" a Horacio Rodríguez Larreta.
El país quedó dividido en un debate del que la mayoría no es juez ni parte y tampoco saldrá beneficiado. El reclamo de la Ciudad de Buenos Aires tiene legitimidad, aún desde la mirada de los distritos que no han tenido el mismo tránsito ante injusticias similares. Eso no es culpa de los "porteños", sino de la cansina reacción de algunas provincias. Es el caso de Mendoza, que nunca demandó con énfasis a la Nación (salvo por la promoción industrial) por los recortes de fondos para financiar la ASNSES y otras injusticias; siempre primó el interés político particular frente al interés común. Si la cantidad de fondos autorizados a transferir a CABA son muchos, pocos o si es económicamente injusto, es un debate extra judicial y que tiene más que ver con la reforma de la Constitución y todas las normas que le dieron rango de distrito a la Capital del país. Pero como para la Corte es igual que una provincia, cualquier atribución que la Nación tome sobre ella puede ser emulada sobre otro.
La sentencia de la Corte es bastante clara en cuanto al origen de los fondos que debe restituir a la Ciudad de Buenos Aires. "Corresponde reiterar que la participación aquí discutida de la Ciudad de Buenos Aires en la masa total de recaudación a distribuir no afecta la coparticipación de las provincias. En efecto, sea cual fuere el resultado de este pleito los recursos coparticipados de las provincias no se verán afectados, pues la cuota correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires se detrae únicamente de los fondos que le corresponden precisamente a la Nación en la distribución primaria", explica la sentencia.
Vale recordar que en Argentina el Estado nacional es un gran recaudador de impuestos que se generan en las provincias. Es un "agente de retención de riqueza" que no genera y que luego distribuye. Esta concentración de poder solo está regulada por la automatización de algunos procedimientos, como el de la transferencia automática; y ahora hasta eso se pone en duda. La Nación debería ver de dónde salen los recursos que le debe restituir a CABA. Entre ellos podrían ser parte de los fondos discrecionales que tiene a mano. De la distribución primaria de impuestos, el 42,34 % va al Tesoro Nacional y el 56,66 % a las Provincias. El Ministerio del Interior se queda con el 1% para fondear los ATN. La disputa que no se blanquea en la declaración de los gobernadores es sobre los fondos discrecionales. Si la Nación decide cumplir el fallo y usar para ello esa caja, las más afectadas serán las provincias que reciben favores frecuentes desde Casa Rosada.