¿Corte macrista o peronista? Los jueces se juraron no atarse a la política
Sorprendidos por la decisión del Gobierno nacional de desatender el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no definió sobre la cuestión de fondo sino que solicitó que se le vuelva a girar un nuevo porcentaje a la Ciudad de Buenos Aires, los cortesanos quieren "10 años de Justicia".
Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vienen produciendo fallos "no negociados" como lo aseveró su presidente Horacio Rosatti y, junto con Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se comprometieron a tener "diez años de independencia con respecto de la política y dejar un ejemplo para los que nos sucedan", tal cual confesó uno de los más influyentes referentes del Palacio de Tribunales.
"Esto no es Comodoro Py. Acá tenemos que ser el freno de las operaciones y las sentencias negociadas. ¿Cuántos años más tendremos por delante, diez, veinte. No sabemos. Pero por lo menos los que nos queden hagámoslo con dignidad y ajustados a derecho, sin negociar nada con los otros poderes del Estado", habría dicho uno de los magistrados en un doble intento: despegarse del desprestigio que persigue a la Justicia en general y lograr el consenso mínimo e indispensable para trabajar en cierta armonía dentro de un cuerpo lleno de internas y diferencias.
Con estas respuestas, más otras que también tienen relación con esos puntos de vista, una fuente del Palacio de Tribunales de la calle Talcahuano hizo referencia a la nota publicada ayer por este medio, en las que también se analizaban cuestiones mucho más terrenales, como la intervención de la Jefatura de Gabinete de Ministros en la paritaria judicial.
Entre los supremos subsiste el concepto de que la política, "como no entiende lo que le pasa a la gente, tampoco comprende que hay un cambio de época en la Corte. Los tratan como si fueran del PRO, pero Mauricio Macri dijo públicamente, en su libro Primer Tiempo, que una de las cosas que más se arrepiente es haber nombrado a Rosatti. En el macrismo les decían la corte peronista. Ahora los tratan como mafiosos que juegan con los poderes concentrados y el PRO. Está bueno. Se nota que son independientes", aseveró una de las personas que subsiste desde que asumió el kirchnerismo en las más altas esferas del Poder Judicial.
La realidad, según Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti termina con todas las acusaciones. "Critican el fallo que retrotrae a la ley anterior el funcionamiento del Consejo de la Magistratura pero los más críticos, los que más los insultan, van y dicen presente", en clara alusión a Gerónimo Ustarroz y a Rodolfo Talhaide.
Sin embargo, lo peor no es sólo este doble discurso, sino que en "ninguna instancia judicial hayan presentado un prueba, un argumento legal, un informe que le permitiera a los ministros de la Corte fallar de manera diferente a lo que terminaron haciendo no sólo en esta causa sobre los fondos coparticipables que le deben retribuir a la Ciudad de Buenos Aires sino, también, en los otros expedientes que sentenciaron a Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, y otros miembros del antiguo gobierno kirchnerista.
"Es increíble. Una cosa es el discurso polítco, el Twitter. Los jueces estos no leen Twitter. Vos podes decirle a los medios que es una persecución política, que hay lawfare, todo lo que vos quieras, pero al expediente tenes que meterle pruebas, no discursos. Y en todos los casos, todos, el kirchnerismo no hace diferencias. Sus discursos son sus pruebas", sintetizó alguien que los quiere ayudar pero no puede hacerlo porque, cuando lo consultan, luego, no le hacen caso.
La historia de desencuentros entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial se profundizará. Si el presidente Fernández no acata la sentencia de la causa por los fondos porteños se aproxima a un acto por desacato y posterior condena que hasta ahora no tenía en su foja de servicio presidencial. Y todos los funcionarios que sigan su decisión, también.
El fallo, que no define sobre la cuestión de fondo, que simplemente ahora le impone al Gobierno nacional volver a transferirle fondos a la Ciudad con una coparticipación menor a la que le giraba en 2020, afecta directamente a la Presidencia de la Nación y al Ministerio de Economía y Hacienda, aunque esta no sea la encargada formal de girar el dinero, sino que es la AFIP.