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Crisis en Perú: la polémica exigencia del Gobierno argentino

Argentina, Bolivia, Colombia y México aseguraron que el exmandatario está siendo "objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio" y pidieron que se respete la "voluntad ciudadana" expresada en las urnas por el pueblo peruano.

Los gobiernos de Argentina, Colombia, México y Bolivia expresaron este lunes "su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo", al que aún consideran presidente de Perú y que ven como "víctima de un antidemocrático hostigamiento".

"Para el mundo no es novedad que el Presiente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 'Pacto de Costa Rica', aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención", explica el documento. 

"Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio", agrega. 

"Solicitamos de las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado", concluyó el documento. 

Fuente: Cancillería de Colombia

La carta de Castillo

El expresidente peruano Pedro Castillo publicó este lunes una carta desde su centro de arresto, al que fue trasladado tras su destitución el pasado miércoles por el Congreso, en la que escribió que considera estar "secuestrado" y tachó de "usurpadora" a la mandataria Dina Boluarte, que asumió la jefatura de Estado tras su destitución.

Frente a esta situación, el exmandatario dijo en su carta de este lunes que es "incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional" que asegura ostentar "como presidente" y afirmó que no renunciará a sus "altas y sagradas funciones".

Colombia, Argentina y Bolivia se suman así a la defensa que México viene haciendo desde los sucesos y las declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de que había autorizado dar asilo a Castillo, a la vez que retrasó el reconocer a Boluarte como presidente.

Por su parte Colombia, que en un primer momento condenó "todo atentado contra la democracia, venga de donde venga" tras el pronunciamiento de Castillo, luego a través de su presidente Gustavo Petro llamó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que le expidiesen medidas cautelares a favor del "presidente" Castillo.