Ocupación de tierras en Mar del Plata: ¿un ensayo kirchnerista?

La exvicepresidenta de la Unidad de Investigación Financiera durante el gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico advirtió que “en Mar del Plata, todo lo que es usurpación de terrenos, o casos de trata de personas, es parte de un ensayo kircherista. De una estrategia para apropiarse de la propiedad privada”, en una entrevista con FM 99.9 de Mar del Plata.

Luego, agregó: “el kirchnerismo sin plata ataca la propiedad privada, como instrumento de sus políticas”.

Sus dichos suenan como el colofón de una semana difícil, en la que el intendente de la ciudad, Guillermo Montenegro, fue cuestionado por la lentitud a la hora de resolver la ocupación de este terreno que funciona como una cava artificial y es parte del sistema de drenaje de la ciudad, el cual fue usurpado en una acción coordinada que sucedió frente a las narices de la municipalidad, ya que el lugar está continuamente monitoreado por el sistema de cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo perteneciente a la comuna.

Pero eso no fue lo único: la denuncia de los vecinos del barrio —en particular, de Gastón Herrera, vecinalista y exintegrante del Foro de Seguridad Municipal— fue lo que disparó el alerta del público ante un tema que, mediáticamente, estaba encapsulado en la ciudad. Herrera también se expresó en el aire de la FM 99.9 y a partir de allí se desató un conjunto de acciones que, hasta ese momento, venían sumamente ralentizadas.

A fin de comprender por completo el escenario, es importante destacar que en el Departamento Judicial Mar del Plata hay un esquema complejo dado que, en su mayoría, los funcionarios judiciales abrevan en el decálogo “zaffaronista”. El fiscal que se ocupa de la temática de la ocupación de terrenos y otros tipos de propiedades, suele aplicar la “teoría del buen propietario”.

Según esta fiscalía temática, al frente de la cual está Juan Pablo Lódola, se debe merituar —según criterio exclusivamente propio— si el dueño del bien usurpado en cuestión es un buen o mal propietario, y de eso dependen las acciones que se ordenan a continuación. El criterio vendría a ser similar a evaluar si una persona que fue sometida sexualmente es más o menos culpable de esa situación según su conducta. Es, claramente, una aberración desde todo criterio constitucional que demuestra un sesgo interpretativo de raíz ideológica y enteramente alejado del plexo penal argentino.

Al momento en que se produjo el desalojo del predio en cuestión, el cual fue ordenado por la Cámara Penal con la firma de los jueces Pablo Pogetto y Raúl Paolini —enmendando así el disparate jurídico del magistrado de Garantías, Saúl Errandonea, quien había abalado la toma de los terrenos—, en su mayoría, los okupas se retiraron. Sólo un grupo de unas cuarenta personas permaneció en el lugar.

En una reunión posterior con funcionarios pertenecientes a la Secretaría de Acción Social de la comuna, estas personas manifestaron su pesar por la falta de soluciones, sosteniendo que ellos no podían ser considerados okupas porque el terreno estaba abandonado. Triste es tener que decir que no es así: ese predio no está abandonado sino que tiene una función específica como cava hidráulica construida por la provincia, y pertenece al sistema de drenaje pluvial.

Es imposible entender sin más que las personas que fueron a instalarse al lugar lo hicieran de manera espontánea. Es necesario dar respuesta a la sociedad al respecto de quiénes manipulan y usan la desesperación de los desposeídos para este tipo de acciones.

Es una tarea que, aún, está por cumplirse.