¿Mapuches o terroristas?

La abogada María Eugenia Talerico acompañó la presentación impulsada por Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy ante la justicia que busca encuadrar los desmadres que el presidente Alberto Fernández viene permitiendo que se sucedan en el sur como lo que son: ataques terroristas de organizaciones que desconocen al Estado argentino.

"El encuadre lo da un artículo que está en el Código Penal y lo trajeron las Convenciones Internacionales que reprimen organizaciones terroristas, pero no de la manera que nosotros estamos acostumbrados en nuestro país, sino como una agravante genérica donde se indica que cuando los hechos que sucedan tiendan a atemorizar o aterrorizar a la población o una región o al gobierno a hacer o no hacer algo, se le puede aplicar esta calificante genérica a los hechos de violencia que están cometiendo las comunidades como incendios de propiedad privada, usurpaciones, daños, amenazas con armas, tomas de ruta; todo lo que se viene haciendo durante mucho tiempo y muy envalentonado hoy por el desorden en materia de seguridad", aseguró la letrada.

Y continuó: "Lo que hace esta ley es agravar los delitos que se están cometiendo e inscribir a las organizaciones que son autoras de los mismos y que están individualizadas en las denuncias. Son comunidades que desconocen todas las reglas que tiene el Estado argentino para ordenar sus reclamos. Sistemáticamente, con armas, atacan bienes jurídicos que están protegidos por ley. Esas comunidades, junto con las proclamas de la RAM actúan porque quieren constituir una nueva Nación Mapuche sin fronteras entre Argentina y Chile. Con eso desconocen todo el estado de derecho argentino, no hay ninguna duda que pueden llevar esta calificante".

Respecto de cuáles son las herramientas que habilitaría esta denuncia para enfrentar la violencia en el sur, dijo: "Hay un registro que es relativamente nuevo y una vez que se puede materializar la imputación a través de los requerimientos fiscales, se inscribe esa imputación a quienes la reciben y ahí se les corta el financiamiento o el apoyo material que pueden estar recibiendo. Es una acción muy disuasiva porque se los aisla de ayuda".

Sobre el rol de los funcionarios públicos que están sospechados de colaborar con estas acciones violentas, dijo: "se está denunciando una participación de funcionarios públicos y podría ingresar la calificante de traición a la patria porque están colaborando con grupos armados que están desafiando al Estado argentino, tomando territorios, sin reconocer la autoridad ni las leyes. Hay funcionarios colaborando con ello, como los del INAI que les reconocen tierras cuando las reclaman violentamente y luego renunciaron".

La abogada finalizó resaltando la necesidad de que la justicia actúe: "cuando haya un fiscal que se ponga los pantalones y diga que todos estos hechos están cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población y obligar al gobierno a que les reconozcan esos territorios; se los inscribirá, se los identifica como organizaciones terroristas y eso lo permite nuestra ley. Hay que tratarlos como lo que son".

Ante la anomia del gobierno de Alberto Fernández, encerrado en disputas internas, debe ser la Justicia quien tiene que dar cuanto antes una respuesta contundente ante el avance violento de estas personas.