El importante cambio en una medida que enfrentó al Gobierno de Mendoza con intendentes

A comienzos de este año se produjo un fuerte enfrentamiento entre el Gobierno de Mendoza y los intendentes por los fondos municipales destinados al arreglo de escuelas. El Ejecutivo fijó en el Presupuesto 2022 que las comunas debían comprometer al menos un 30% del fondo de Infraestructura Escolar que reciben de Nación para ese fin. Para el año que viene, la Provincia cambió la redacción del artículo que había encontrado resistencia de parte de algunos jefes comunales, quienes habían criticado que se condicione desde la provincia el uso de recursos.

A medida que avanzó el año, las tensiones se fueron aplacando y el gobernador Rodolfo Suarez llegó a firmar convenios con 9 departamentos en el marco de esta iniciativa que establecía que las comunas deben destinar como mínimo un 30% de los recursos provenientes de la Ley Nacional de Financiamiento Educativo a mejorar la inversión en educación, ciencia y tecnología, priorizando la habitabilidad de los establecimientos educativos y el equipamiento mobiliario y educativo fundamentalmente destinado a la conectividad de los establecimientos.

El director General de Escuelas, José Thomas, acudió este jueves a la Legislatura para presentar la pauta de gastos que tendrá la Dirección General de Escuelas (DGE) para el año que viene y afirmó que en el Presupuesto 2023 se eliminó el requisito del 30%.

“Creo que hay un trabajo conjunto de a poco, integrando ese presupuesto educativo que viene con una asignación específica a educación y que lo ideal es que lo trabajemos en conjunto. Fue algo positivo, teniendo en cuenta que es un fondo que se distribuye con asignación específica desde el 2007 y por primera vez tenemos participación conjunta en la toma de decisiones”, resaltó el funcionario.

En este sentido, explicó que para la Ley de Leyes del año que viene también se incluyó esta iniciativa pero “ha cambiado el artículo en términos de cómo vamos a trabajar con el municipio, no figura más el 30%”.

Detalló que “vemos que algunos ponen más y a otros por ahí no les hace falta tanto, entonces preferimos la vinculación con el municipio y el trabajo coordinado. Sacamos la cifra específica pero sigue el compromiso y los orientamos más. Es un paso más en el consenso con los municipios”.

El Artículo 55 del Presupuesto 2022 establecía que el ejercicio fiscal de este año “los municipios deberán destinar como mínimo un treinta por ciento (30%) de los recursos provenientes de la Ley Nacional de Financiamiento Educativo a mejorar la inversión en educación, ciencia y tecnología, priorizando la habitabilidad de los establecimientos educativos y el equipamiento mobiliario y educativo fundamentalmente destinado a la conectividad de los establecimientos”.

Por su parte, el Artículo 49 del Presupuesto 2023 determina que “los municipios deberán destinar los recursos provenientes de la Ley Nacional de Financiamiento Educativo a mejorar la inversión en educación, ciencia y tecnología, priorizando aquellas que benefician de manera directa a: la primera infancia en situación de vulnerabilidad, la disminución de la brecha socioeducativa, el apoyo a la educación obligatoria (principalmente en lo que se refiere a infraestructura edilicia y tecnológica) y la vinculación de la educación con el mundo del trabajo; siempre en consonancia con los fines, objetivos y metas de la política educativa provincial”.

Pero igual de importante es que en la redacción del artículo específico en el nuevo presupuesto se eliminó un párrafo en el que se advertía que “ante el incumplimiento de las obligaciones por parte de los Municipios, el Poder Ejecutivo promoverá la ejecución total o parcial de la retención de las transferencias de los fondos asignados con destino a los municipios hasta tanto se cumplimenten las condiciones exigidas en el presente artículo”. Allí también se señalaba que la DGE, con el aval del Ministerio de Hacienda y Finanzas, podría reasignarlos a esa u otras jurisdicciones.

Por su parte, Patricio Cabral, jefe de gabinete de la DGE, aclaró que los 9 municipios con los que se firmaron convenios fueron Junín, General Alvear, Rivadavia, Guaymallén, Las Heras, Capital, Tupungato, Godoy Cruz y San Martín.

Aclaró que “con el resto estamos en diálogo permanente para firmarlo, no es obligatoria la firma, pero sí muy conveniente a la hora de poder pasar las planillas de rendiciones, que es lo que va a terminar justificando que esa inversión ha sido en términos educativos”.

Hizo hincapié en que muchos municipios que no han firmado el convenio igualmente están desarrollando obras en el marco de la inversión de ese fondo, como por ejemplo el municipio de Maipú y también el de Santa Rosa.

Respecto al cambio en al redacción del artículo, Cabral sostuvo que “en esta primera etapa el objetivo era poner un umbral mínimo de inversión en cuanto a infraestructura, habitabilidad, conectividad y mayor preponderancia a los SEOS y a partir del próximo año va a ser el 100% del fondo, sin ninguna especificidad concreta”.

“Los municipios siempre aportaron a la educación de manera formal o no formal, con todo lo que es teatro, expresiones artísticas, la faz deportiva. Es decir, un montón de aportes que no eran visibles y que de este modo terminan visibilizándose”, concluyó.