El cambio de último momento en el Presupuesto que alivia a las provincias, pero igual beneficia a las eléctricas

El Presupuesto 2023 aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación es una caja de sorpresas. Porque blanquea cómo es el orden de prioridades de la política nacional y también el impacto que tienen los grupos de poder aliados. Además, quedó un rompecabezas mal armado entre lo que el Gobierno quería, lo que fue aprobado y los requechos de intento de cambio. 

Uno de los artículos que más polémica había generado y que dejaba sobre la mesa los intereses cruzados de los accionistas de las empresas eléctricas fue modificado a último momento. Se trata de la orden que se intentó imponer para que las provincias sean "solidarias" con la pesada deuda que tienen las distribuidoras para que, si no pagan, puedan descontarle a los estados subnacionales fondos de la coparticipación. No hubo disimulo en el recinto para exponer que esa cláusula tenía como directos festejantes al aliado del gobierno José Luis Manzano y sus socios, como Daniel Vila. Es que dos de las principales empresas deudoras con el Estado son justamente propiedad de ese grupo. Edenor y la mendocina Edemsa. Las provincias no serán "solidarias" con esa deuda, pero deberán ejecutar mecanismos de recupero para las empresas que, además, tendrán un plan de facilidades hiper extendidas para saldar sus deudas. Pero además, habilitan un proceso para que las distribuidoras aumenten las tarifas para poder recursos que garanticen, según ellos, el pago a CAMMESA. Esa cláusula afectará a los usuarios del Área Metropolitana del Gran Buenos Aires. En 90 días deberán "realizar las revisiones tarifarias integrales correspondientes a las empresas distribuidoras eléctricas del Área Metropolitana de Buenos Aires".

Es el tercer Presupuesto que se ocupa particularmente del tema y que con estrategia puntual apunta a licuar y exculpar las deudas de esas empresas. El cambio es sensible y genera algo de alivio, aunque nadie baja la guardia. Ahora se busca obligar a las provincias a "hacer cumplir" el pago de la energía y establecer mecanismos uniformes para establecer tarifas. Pero no se menciona la habilitación para descontar fondos. Igual, las eléctricas volvieron a sacar algo de provecho, pues se mantiene la posibilidad de financiar sus deudas en condiciones convenientes, como planes de pago de casi 100 cuotas. De hecho el presupuesto de hace 2 años ya habilitaba algo similar. 

La diputada mendocina Jimena Latorre había sido una de las más duras críticas al "gesto" que e Gobierno nacional quería darle a las empresas, de la mano de Sergio Massa.  “Esto no resiste el más mínimo análisis jurídico, no pueden compensarse deudas de distinto origen y con distintos sujetos. Y sin dudas las provincias son ajenas a esta relación contractual de la compañía acreedora con las distribuidoras deudoras. Veo más cerca al gobierno Nacional de licuar las deudas de esas distribuidoras y hacer responsables a las jurisdicciones provinciales de una relación contractual ajena, antes que Massa le caduque una concesión a Manzano o lo haga pagar las deudas por la energía vendida a los usuarios y adeudada al Mercado Eléctrico", había dicho la legisladora, que es especialista en energía. 

Deudas

La deuda de las empresas con el mayorista de la energía supera los 455 mil millones de pesos. La mitad de eso es de Edenor y Edesur, las distribuidoras del AMBA. La mendocina Edemsa adeuda más de 11 mil millones de pesos de los que casi se hace solidario responsable el Estado local. Claro que no es el principal problema que tiene Rodolfo Suarez respecto al tema, pues está en plena negociación la forma en la que se cancelará la deuda que Mendoza tiene por los ingresos no percibidos y por la cual la empresa liderada por Manzano exige 72 mil millones de pesos. 

El polémico artículo 89 quedó redactado de una manera que le pide a las provincias que controlen el cumplimiento del pago, algo que ya estaba escrito. “El Poder Ejecutivo nacional, las provincias y los municipios, como titulares del servicio público de distribución de energía eléctrica de su respectiva jurisdicción, deberán controlar el estricto cumplimiento del pago de las transacciones por consumos de energía, potencia y sus conceptos asociados, por parte de los prestadores del servicio público de distribución de energía eléctrica de cada jurisdicción", se determina. Sí se da un plazo de 6 meses para que se establezca "un mecanismo para el pago de las facturas emitidas y que en un futuro emita Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa)". Ese mecanismo lo tiene que hacer cada provincia, pero no se autoriza el descuento de fondos nacionales. 

Otro punto clave es que se ordena a las jurisdicciones a que actualicen sus tarifas para garantizarle a las empresas la "posibilidad de pago" de la factura de electricidad mayorista. Los principales destinatarios son Edenor y Edesur. En Mendoza la revisión tarifaria se hace cada 6 meses y, además, ya está en marcha la última revisión integral antes del final de la concesión. Las deudas podrán ser canceladas por las empresas en hasta 96 cuotas, previa autorización de la Secretaría de Energía. 

En Mendoza miran con desconfianza el futuro, a pesar del cambio. En ese sentido, aclaran que el "nuevo" artículo 89 no permite linealmente el descuento de fondos. Pero si se intenta, recurrirán a la justicia. "Si buscan descontar fondos, se va a ir con una acción de inconstitucionalidad", ratificaron. Edemsa tiene al día las facturas corrientes con Cammesa, pero le queda el enorme saldo de la deuda. Tan pesada es, que en los balances se menciona que ni con todos los activos alcanza a saldarla. Pero el as en la manga de la empresa de Manzano es el cheque en blanco que significan los ingresos no percibidos reconocidos por el Estado mendocino. Lo que no puede reclamar, según aseguran en el Gobierno, es tarifa, pues en Mendoza la empresa había logrado tener actualizados los valores del VAD, salvo la etapa de la pandemia. Incluso en las auditorías se determinó que no había justificación para el no pago de la electricidad: la empresa le cobraba a los usuarios y tenía recursos para pagar, pero no lo hacía.