El juez Bento amplió declaración ante el Consejo y apuntó contra todos

El miércoles de la semana pasada se desarrolló la segunda y última jornada dispuesta por el Consejo de la Magistratura para que el juez federal mendocino Walter Bento pudiera terminar con su acto de defensa, lo que se conoce como artículo 20 del reglamento de la comisión en el marco del expediente que investiga distintas conductas del magistrado.  

Durante la misma, algunos problemas técnicos interrumpieron por momentos la declaración y desde el comienzo de la audiencia se aclaró al juez Bento que no podría seguir extendiéndose, pese a un nuevo pedido para realizar otro encuentro. Se le sugirió entonces que amplíe por escrito lo que no pudiera decir de forma oral. Así, con los ánimos un tanto caldeados, continuó con su acto de defensa que se extendió finalmente dos horas más de lo estipulado.

Reiteró ante los consejeros su inocencia y aseguró que no existe incremento patrimonial injustificado. Habló de donaciones a su hijo en 2010 y volvió a apuntar contra el fiscal Dante Vega. Por último, así como dijo en la primera audiencia, aseguró que hubo en su contra “una confabulación política, mediática y judicial”.

Si bien, Graciela Camaño se mostró molesta por la extensión de la declaración en la que consideró se reiteraban conceptos y pidió que finalizara o, en caso de no hacerlo, se retiraría de la sala por otros compromisos; el consejero Tonelli consultó al magistrado a quién atribuía la responsabilidad de la confabulación. Allí fue cuando Walter Bento, casi tomado por sorpresa, no precisó nombres y, cerca de las 15 terminó el acto, quedando en manos de los consejeros las pruebas aportadas por la defensa del juez. 

Su ampliación por escrito 

Al concluir la semana, Bento realizó una presentación por escrito en donde aclaró que,si bien se le concedió un tiempo mayor al previsto originalmente, “no pude terminar de exponer en los términos que hubiera necesitado”. Los consejeros le aclararon que todo tiene que tener un límite porque sino sería una declaración eterna. 

En el escrito, el magistrado retomó la consulta de Tonelli y señaló: "¿Quiénes están detrás de la confabulación que pretende no solo mi remoción, sino directamente mi encarcelamiento, y destruirme personalmente, al involucrar -y procesar- a mi señora esposa y mis hijos?"

“La causa judicial es un instrumento político para removerme y designar un juez electoral afín al partido gobernante en la jurisdicción”, agregó. 

Al sostener que existe una confabulación apuntó “a los miembros de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, designados a instancias de integrantes del partido PRO que pretenden copar la justicia y remover a un antiguo juez que no pueden dominar y no sigue sus mandatos”.

Según la presentación de Bento, “los camaristas digitaron la intervención del juez de instrucción interviniente (no hicieron el sorteo legalmente previsto), convalidaron la actuación ilegal del fiscal, no se excusaron ni aceptaron su recusación cuando debieron hacerlo”.

Consideró también que el “armado de la causa en mi contra quedo plasmado en el acta realizada el 13 de agosto de 2020, en los autos FMZ 876/2014/21/CA10, donde los jueces intervinientes (Pérez Curci, Porras y Pizarro) por intermedio del Presidente de la Cámara en ese momento le pregunta al Fiscal Vega si ya se está investigando lo que respecta a las escuchas telefónicas que consta en la misma acta (léase:...”hablan del Juez a cargo de la causa y de pedidos dinero, lo que motivó el apartamiento del Fiscal y Juez”), a lo que Vega contesto que SI. Conste que la causa FMZ 13854/20 se inició el 25 de septiembre de 2020, por lo que queda a la luz que se me estaba investigando desde antes mediante expedientes secretos, algo que este país dejo atrás desde el año 1983”.

Bento además sostuvo que esos jueces “rechazaron recusaciones y convalidaron decisiones contrarias a la ley”, razón por la cual no recurrió ninguna de las decisiones que adoptaron por considerar que estaba  “ante la inexistencia de un tribunal justo”.

En el escrito ampliatorio, manifestó que “estos mismos jueces convalidaron luego, en una resolución escandalosa, el procesamiento de mi hijo Nahuel y mi esposa Marta; no me permitieron acceder a las pruebas de la causa (incluyendo, en último término, un informe producido por la Unidad de Información Financiera que no dudo que contiene información favorable a mi situación y que ni el Fiscal ni el Juez me permiten examinar); rechazaron todas las recusaciones que interpuse contra el Juez (…) contra el Fiscal Vega (que bien saben que mantiene conmigo una enemistad manifiesta)”.

Asimismo dijo que revocaron las pocas decisiones “justas que a mi respecto adoptó el juez de instrucción y directamente me procesaron por hechos insólitos, como la falsedad ideológica de la escritura que documenta el crédito que me concedió el Banco Nación, pese a que consta y dice claramente que el Banco me otorgó una excepción reglamentaria”

Entonces, sostiene el escrito “en primer lugar, estos jueces, cuya actuación no dudo será examinada en la instancia de debate, son quienes, en lo judicial, forman parte de la confabulación a la que aludí”.

En segundo lugar, apuntó contra el fiscal Dante Vega, que según refiere el escrito “se autodesignó para intervenir en la causa y, es público en todo Mendoza que tiene una enemistad manifiesta conmigo, a punto tal que renunció al poder judicial cuando fui designado por el Senado de la Nación porque no quería ser mi secretario luego de competir para el mismo cargo y casi me trenzo a golpes en el marco de la causa en la que enjuicié al ex camarista Otilio Romano, y durante este proceso en distintas audiencias en las que me ofendió y Puigdéngolas le puso límites”. 

Además sostuvo que “las medidas que adoptó en la causa como fiscal instructor lo demuestran; fundamentalmente el rechazo sistemático de la prueba relevante y pertinente que pedí, incluyendo -en algunos casos- directamente su “desgloce”, para que no consten en la causa”. Agregó que el fiscal buscó arrepentidos “sin un proceder legal, incidió para que acusen a Walter Bento a varios quienes no aceptaron mentir y su pedido”

En tercer término, acusó de ser parte de la confabulación al Juez Puigdéndolas “designado a dedo, que a mi juicio fue presionado brutalmente para que convalide, con su firma, las barbaridades que expuse en mi declaración. Un juez mínimamente imparcial no hubiera actuado de ese modo (recordar reuniones en su casa y lo que me dijo)”.

En cuarto y último lugar, apuntó a la prensa que según Bento “publicaron calumnias y mentiras, para influir en la opinión pública y en este Consejo. Me tacharon de juez asociado al narcotráfico, que no sé de derecho, que me secuestraron dinero en mi casa que no existía, que el peritaje confirmó el enriquecimiento ilícito, e inclusive publicaron fotos privadas mías y de mi familia, mis comunicaciones privadas, etc”.

En ese contexto refirió a la cantidad de publicaciones que realizaron estos medios durante el trámite de la causa. Bento ya había intentado avanzar sobre el derecho a reservar las fuentes que amparan a los periodistas al intentar citar a declarar esos datos.a periodistas de MDZ luego de que se revelará el caso. Ahora insiste en meter el trabajo de los medios y los periodistas en la maraña judicial y vuelve a acusar una confabulación.  “Está probado que el periodista Jorge Caloiro (de MDZ) conocía la causa cuando, en simultáneo, el Fiscal decía que no estaba “mencionado” y la causa estaba secreta”. 

Del mal desempeño 

En este tema el magistrado dijo que con fuente -fundamentalmente- en la causa 13.854/2020, “se me imputan hechos calificados de 'mal desempeño', ninguna de las irregularidades que se adjudican en los distintos expedientes, y menos la conformación de una 'asociación ilícita', ha sido acreditada con fuerza de verdad material objetiva”, continuó explicando en su presentación por escrito.

“Solo existen autos de procesamientos no apelados, que si alguien los lee advertirá el disparate (lo más saliente es mi procesamiento como autor de prevaricato por decisiones que adoptó otro juez!!!!!!!!), y que no me permitieron, arbitrariamente, confrontar los hechos con prueba. Vean la causa 13.854/2020. Es la mejor prueba de mi descargo”, remató.

Del pedido de prueba 

En la presentación realizada también solicitó que se produzca la nueva prueba aportada ya que algunos de los cargos “recién me fueron intimados en los términos del art. 11 del Reglamento, y debe garantizarse y asegurarse el derecho a confrontar la imputación que prevé esa norma”. 

Los cargos por los que está acusado:

Primer cargo: se le imputa al magistrado, provisionalmente, haber incurrido en conductas enderezadas a recibir dinero u otros bienes a cambio del dictado de resoluciones judiciales favorables a quienes han realizado dichos pagos, en su rol de jefe u organizador de una asociación ilícita; haber experimentado un enriquecimiento patrimonial apreciable e injustificado y haber desplegando maniobras destinadas a dar apariencia de lícitos a fondos de origen ilícito; haber cometido actos de falsedad ideológica; y haber cometido actos de infracción al deber de un magistrado.

Segundo cargo: se le imputa al magistrado haber falseado y omitido insertar datos en sus declaraciones patrimoniales juradas integrales, presentadas ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, en violación a lo establecido en la normativa aplicable.

Tercer cargo: se le imputa al magistrado Walter Ricardo Bento, provisionalmente, haber incurrido en graves desordenes de conducta personal, al intentar obstruir o impedir el desarrollo de la causa FMZ 13.854/2020, caratulada “Ortego, Luciano Edgardo y otros s./ asociación ilícita, cohecho con conductas art. 256 bis 2° y 257, cohecho activo y falso testimonio”.

Asimismo, se le imputa al magistrado haber incunplido, de manera reiterada, normas legales y reglamentarias vigentes, en cuanto se ha verificado el flagrante incumplimiento de las normas aplicables a procesos de concursos ante este Consejo de la Magistratura y con la legislación vigente contra la evasión fiscal; y haber tenido comportamientos contrarios al decoro y a la dignidad con la que debe obrar un juez de la Nación.

La continuidad de proceso.

Lo primero que deberán analizar los consejeros es si aceptan la prueba aportada por el juez Walter Bento, en caso de rechazarla, deberá emitirse un dictamen que sea desestimatorio, sancionatorio o que prevea la suspensión y apertura del jury, lo que deberá votarse en comisión y plenario. En caso de aprobación será un jurado de enjuiciamiento quien tendrá que desarrollar el proceso.