La insólita contabilidad creativa y las influencias del juez Walter Bento para explicar su enriquecimiento

“Le saco agua a las piedras, soy así, vivo así”, decía sin pudor Walter Bento, juez federal de Mendoza, procesado por enriquecimiento ilícito, cohecho, asociación ilícita y lavado de activos. La frase la mencionó como conclusión de la explicación sobre el patrimonio del que él y su familia, todos empleados judiciales, son propietarios. Esa justificación fue una especie de clase de contabilidad creativa. Pero además una clase de cómo llegar a privilegios que trascienden la causa penal: Bento usó para sí rendija para sacar provecho, como influencias para acceder a créditos que no lo tenían como destinatario, o beneficios para no pagar impuestos en la adquisición de autos de lujo. 

Bento contó que accedió a tres créditos hipotecarios, todos con bancos públicos o que tienen relación con la vida política. Dos de esos créditos no tenían como destinatarios personas con el perfil del juez. La otra característica de la contabilidad creativa de la familia es que, según su exposición, hay pocos rastros de su vida financiera porque siempre paga en efectivo; sean en pesos, o dólares. Y aunque dijo que operó siempre con el Banco Santander (que tiene sucursales en todo el mundo), también lo hizo con el Nación y el Credicoop, y si recibió un crédito del Procrear también debería haber operado con el Hipotecario.

La causa penal de la que es principal protagonista tiene un peso enorme y esconde una compleja trama de influencias. Todo comenzó con la muerte de Diego Aliaga, que fue asesinado de manera mafiosa; atado de manos, con una remera en la boca y enterrado en un pozo. El cadáver aún habla en la causa judicial, pues de ese homicidio surgió una de las causas de sospechas de corrupción más grandes de la historia reciente. Bento dijo que no tenía ninguna relación con él, pero lo vio varias veces en su juzgado, era vecino de su barrio y lo saludaba amablemente. No era amigo, pero el magistrado sabía que el hombre tenía antecedentes penales. Aún así, el juez federal le prestó “dos o tres veces” su camioneta para que la probara antes de venderla.

La familia Bento está integrada por 5 personas, cuatro de las cuales trabajan en la Justicia Federal; todos con cargos altos. Walter es el mascarón de proa, quien llegó al juzgado 1 en 2005. Su mujer, Marta Boiza, le sigue y sus hijos Nahuel y Luciano también. 

La hipótesis general sobre la que el fiscal acusa, el juez procesó y la cámara confirmó, es que Bento lideraba una organización por la cual a través del pago de coimas, había imputados de delitos federales que conseguían beneficios procesales. Como consecuencia, la familia, según esa hipótesis, se enriqueció ilegalmente y luego hubo lavado de activos usando a los hijos como “ejecutores” de ese ulterior delito.

Los ingresos de los Bento siempre estuvieron ligados al empleo público, particularmente a la Justicia Federal. Allí cobraban buenos sueldos y la familia no ha rechazado ninguna oportunidad, ni siquiera la asignación por discapacidad que suele tener como destinatarios personas de menores recursos. Pero aún así, para los investigadores y quienes confirmaron las acusaciones, los ingresos no alcanzan a para justificar un patrimonio que incluye viviendas en barrios privados, fideicomisos comerciales, autos de lujo y un estilo de vida repartido entre Argentina y Estados Unidos.

El magistrado explicó que fue beneficiado por el Banco Nación. Allí, donde cobra el sueldo, pidió un crédito que tenía como destinatarias las familias que no tienen casa. No era el caso de él, pero “se arriesgó”. En realidad no fue un riesgo, sino una presión para las autoridades del banco. “El doctor”, como lo llaman, ha tenido esa suerte otras veces para conseguir trámites que no le correspondían. Es lo que pasó cuando pidió al Registro de la Propiedad que le informaran si alguien lo estaba investigando. Un empleado le respondió nombrándolo como "doctor", aún cuando era información confidencial de una causa judicial secreta. 

Aunque no debía, el Nación autorizó el crédito hipotecario que tenía como finalidad ayudar a personas sin vivienda. Según el relato del juez, fue la casa central de esa entidad pública la que autorizó el acceso a ese préstamo. Pero a él no le alcanzó y, siguiendo con el testimonio, intentó con el Procrear, que tampoco es para ese perfil de clientes, y luego consiguió más ayuda del Banco Credicoop, una entidad cooperativa muy ligada a la política.

De Nápoles, a Milán

Bento se defendió ante la comisión de acusación del Consejo de la Magistratura y se excedió en tiempos y formas. Le habían dado 5 horas, y declaró durante dos días. Además de acusar una supuesta "confabulación" de los medios, el fiscal, la política y la Cámara Federal de Mendoza para inculparlo, dedicó gran parte de la exposición para tratar de desacreditar algunos testimonios que lo señalan y también su patrimonio. Allí hizo alarde de su habilidad para las finanzas, el uso de sus influencias y las inversiones. 

El barrio Palmares y el complejo de departamentos del mismo grupo fueron el principal foco de inversiones inmobiliarias de los Bento. La primera casa estaba en la calle Nápoles, que construyeron desde cero. Esa vivienda la vendieron y el juez hizo residencia en otro domicilio, ubicado en calle Milán, donde reside.

Pero además compraron tres departamentos en Villa Palmares que fueron transferidos como anticipo de herencia a sus hijos. En total, la Justicia investiga la compra y venta de 9 inmuebles, dos de los cuales ya no son parte del patrimonio de la familia; entre ellos hay un local comercial y otras propiedades de Capital y Godoy Cruz.

El patrimonio se engrosó con la participación en otros negocios que incluso serían incompatibles por la función pública que ejercían todos. Es que tienen fideicomisos y locales en Il Mercato de Maipú, Bosques de mayo y forman parte de sociedades como una llamada “BSS Group”. Como la Justicia sospecha que hubo una asociación ilícita y un mecanismo de lavado, se toma al grupo familiar como una unidad más allá de la titularidad personal de cada bien.

La trama sobre la compra de vehículos es muy particular porque Bento dijo que para ahorrar compraba unidades usadas como “test drive”. Aún así, se trata de autos de alta gama. La explicación del sospechoso incomodó y generó algo de vergüenza ajena, pues no tuvo pudor en contar que visitó una agencia Porche y que pensaba usar el derecho que tiene su hijo al poseer un Certificado Único de Discapacidad para comprar una camioneta Cayenne sin pagar impuestos. Desistió porque, señaló, el mantenimiento del rodado era muy caro. Sí, en cambio, tiene una Audi Q5, que es de la misma gama. Esa camioneta está a nombre del hijo, no paga impuestos y sí servicio oficial. No es el único bien de esa marca, pues la familia tiene un A3, un A1 y un S3; además de la saga de camionetas Amarok que incluyó la “casi venta” a Diego Aliaga.

La lista de viajes a Estados Unidos, que incluye habitar un departamento donde lo consideran un vecino más, es larga. El juez volvió a nombrar a su hijo allí y la extraña explicación de su mecanismo de ahorro, donde mencionó un alojamiento gratuito como promoción porque hacía poco un lagarto había matado a un niño en Disney (hecho ocurrido en 2016).

Ingresos del Estado, influencias, manejo de efectivo que evita la trazabilidad de las transacciones, inversiones inmobiliarias, comerciales y aprovechamiento de las oportunidades. Bento dice que le saca agua a las piedras. Esa alquimia es difícil de probar; quizá tanto como su propio patrimonio.