Alberto, Suarez y la simulaciones para esconder el fracaso de la "obra del siglo"

Alberto Fernández está aislado. Rodolfo Suarez está de vacaciones. Es un hecho, pero podría ser una metáfora perfecta de la realidad política de la Provincia y la Nación; donde ambos mandatarios están al borde de firmar un fracaso por la posible caída de Portezuelo del Viento, la "obra del siglo". Un acuerdo para dirimir un conflicto y realizar una obra que puede terminar con resultado gris. No es nuevo, pues la Nación y Mendoza están en el peor estado. Hay una relación nula, que no genera nada y que se demostró con el ninguneo al vicegobernador Mario Abed, pero que se marca también en la falta de vínculo institucional en todos los órdenes del Estado. 

El Gobierno provincial sobredimencionó el hecho que debía ocurrir mañana, pero cuyo fracaso se adelantó. Una respuesta a una nota formal y administrativa presentada en Mesa de Entradas por Rodolfo Suarez para que el Presidente defina un problema mucho más complejo y que hace topar a Alberto Fernández con una de sus tantas limitaciones: su idea de conformar a todos y no resolver nada. La respuesta del ministro Wado de Pedro es peor de lo esperado porque asegura que no existe ningún pedido de arbitraje. Es decir, sugiere que desde Mendoza reclaman algo que no tramitaron. Por eso, desde el PJ cuestionan la gestión. 

Suarez tiene en sus manos la herramienta que buscaba para arraigar la impotencia que ya arrastra hace tiempo por los problemas para ejecutar Portezuelo del Viento. Y decidir algo sobre lo que no se animaba, a pesar de la presión interna: no hacer la obra y usar el dinero para otra cosa. Igual, el gobernador anunció que volverá a pedir el laudo arbitral. La diferencia de fondo es si hace falta o no un estudio de impacto ambiental integral, de toda la cuenca, como reclaman las otras provincias o si, como dice Mendoza, ya está hecho. 

Portezuelo es una obra provincial, financiada con fondos nacionales garantizados, pero con efectos en toda la cuenca hídrica. Desde el cambio de gobierno en 2019 cambió la perinola del poder y aparecieron nuevamente los conflictos políticos en el COIRCO, donde se dieron vuelta Neuquén, Río Negro y Buenos Aires para boicotear la obra. En realidad, Suarez carga contra el presidente y su “no laudo”; pero el temor real para no adjudicar la obra tiene que ver con los conflictos judiciales que, creen, podrían frenar la obra y generar perjuicios. La inseguridad jurídica que explica el gobernador tiene que ver con los reclamos de La Pampa en la Corte Suprema y la negativa del COIRCO. 

La estrategia política es cargar todas las demoras sobre la falta de resolución del presidente. Y luego terminar de madurar la decisión. Es decir, avanzar o abortar por completo el proyecto. “Quiere hacer la obra. Pero entiende que no pueden estar congelados esos dólares tampoco”, repiten. Desde la Nación no tienen problemas en cruzar culpas. Tanto, que hasta hay burlas por lo que dicen es falta de acción del Gobierno provincial. Y subestiman el reclamo formal de Suarez: ni siquiera fue analizado el pedido de laudo por lo que mandarán a pedir toda la información. Si el gobernador usa a la Nación para cubrir sus carencias, Alberto aprovecha a Mendoza para tratar de ocultar su impericia política para decidir y armar planes. 

Las tensiones políticas repercutieron en el oficialismo y lo que antes era una pelea soterrada, ahora es más abierta. Suarez quiere hacer Portezuelo, pero sabe que no podrá ser, salvo que medie una especie de milagro político. Y por eso desempolva y reestructura lo que sería un “Plan Hídrico Provincial” para reemplazar la mega represa. En realidad, ocurrirá una curiosidad. Para Portezuelo mediaron siete gobernadores entre que se inició el juicio y ahora que se cobra. Pero los dólares podrían ser ejecutados por otro mandatario; el “gobernador del agua”. Es que el Departamento General de Irrigación podría ser uno de los beneficiados por la caída de Portezuelo porque es el único, junto con AYSAM, que tiene a nivel de proyecto ejecutivo obras hídricas para hacer en el corto plazo. Todo el plan de obras de Irrigación cuesta 280 millones de dólares. Un cuarto de la plata disponible. Aguas Mendocinas podría entrar también en el paquete. Incluso rutas y otros trabajos civiles podrían entrar en el paraguas de “otras obras hídricas”.

En el peronismo también hay diferencias. Anabel Fernández Sagasti está convencida de que Portezuelo se puede y se debe hacer. Culpa a la falta de gestión del gobernador por los problemas y tiene, aún ella que es cercana a Casa Rosada, dudas sobre lo que piensa hacer Alberto Fernández. La senadora cree que el presidente no presentará objeciones en caso de que se decidan hacer otras obras hídricas como incluye el convenio. Pero la distribución será clave y la posición a favor no es unánime. 

El COIRCO, que gobierna lo que pasa en la cuenca del Río Colorado (donde desemboca el Río Grande) decidió darle la razón a La Pampa y considerar que era necesario un estudio de impacto ambiental integral en toda la cuenca. Para Mendoza esto ya estaba resuelto. Y quedó todo trabado.

Portezuelo es una obra planificada para regular el Río Grande. El financiamiento está asegurado por la Nación, pues es en resarcimiento de los perjuicios de la promoción industrial. En total son 1.023 millones de dólares producto del convenio firmado por Mauricio Macri y Alfredo Cornejo. 

La obra tiene alta complejidad y algunos cuestionamientos ambientales. De hecho, en Mendoza crece la idea de que por los efectos del cambio climático y la merma en el caudal del Río, el proyecto no es sustentable. El Gobierno opina lo contrario. Pero la obra se frena mucho antes.