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Para el kirchnerismo, llegó la hora de la definición en el caso Bento

El Consejo de la Magistratura votará si procede al desafuero del juez, luego de que el trámite del expediente sufriera algunas dilaciones. Juntos por el Cambio avanzará con el pedido y el Frente de Todos duda: no apuesta a salvarlo, aunque sí a definir todo después de las elecciones.

Para la política, y en particular para los representantes del Frente de Todos, llegó el momento en el Consejo de la Magistratura de las definiciones por la situación del juez federal Walter Bento. Este miércoles Pablo Tonelli, diputado nacional del PRO que opera como instructor designado del caso del juez mendocino en el Consejo, dio a conocer la resolución por la cual decidió acelerar los tiempos y avanzar con el desafuero del magistrado antes de que se resuelva la cuestión de fondo. Es decir, si se lo suspende y posteriormente se le inicia el juicio político para apartarlo del cargo.

Qué sucederá es una incógnita. Aunque algunas cuestiones ya están claras: los legisladores de Juntos por el Cambio que integran el Consejo tienen decidido avanzar con el desafuero, mientras que en el kirchnerismo no está tan despejado el panorama. Desde que el caso llegó al seno del órgano encargado de la remoción de los jueces en mayo, el oficialismo no dio la impresión de querer salvar al juez. Pero sí de jugar a dilatar los tiempos para definir la historia recién después de las elecciones. “Lo de Bento (su posible destitución) va a pasar”, es lo que siempre sostuvieron. Aunque nunca aclararon cuando.

Hay que tener un valor otro elemento más. Los representantes de la Justicia en el Consejo de la Magistratura, que suman tres votos, apuntaron a sostener la postura del juez y ahora irían por el mismo camino. Una cuestión vital para entender esta postura, es que entienden que el pedido de desafuero de Tonelli saltó los procedimientos. Y en ese sentido podrían ampararse en una cuestión fundamental: rechazar el planteo con el argumento de que el Consejo todavía esta en la etapa de sustanciación de la prueba para determinar si Bento es culpable o no de lo que se lo acusa.

Para Tonelli “el juez desistió de su proceso de apelación. De esta manera queda confirmado el procesamiento de juez de primera instancia y he pedido que el juez sea privado de su inmunidad de arresto y quede suspendido en su situación de juez. Es irregular y pernicioso para el funcionamiento de la justicia que un juez con prisión preventiva firme siga en el cargo", según dijo en Mdz Radio  unas horas después de conocida su decisión. Bento negó esto. Dijo que el hecho de no haber apelado su procesamiento “no significa que haya renunciado, expresa o tácitamente, a las garantías establecidas en la ley 25.230 en materia de inmunidad de arresto".

 

El pedido de desafuero es clave: si el Consejo avanza, Bento quedará automáticamente detenido ya que la Justicia dictó su prisión preventiva en sintonía con su procesamiento en la causa en la que se lo investiga por estar sospechado de ser jefe u organizador de una asociación ilícita y de haber cometido los delitos de cohecho pasivo en calidad de autor en al menos diez hechos, ser penalmente responsable del delito de retardo de Justicia, haberse enriquecido ilícitamente y haber lavado activos.

La movida de Tonelli tiene una explicación. Luego de la última reunión del Consejo, el instructor del expediente había manifestado públicamente su malestar por las dilaciones del kirchnerismo en avanzar lo más velozmente posible en la resolución de la situación de Bento. En este punto el Consejo definió que se abocará a la producción de prueba. En principio, para acelerar el trámite, el mismo organismo había estudiado la alternativa de tomar la investigación judicial en marcha para ganar tiempo y no comenzar todo de nuevo. En este punto, por ejemplo, el Consejo accedió al pedido del propio juez para que se le tome declaración testimonial a casi una treintena de testigos presentados por él mismo. Ese trámite, llevará bastante tiempo.

Y además los encargados de definir la situación del juez se abocarán al análisis de las declaraciones juradas que el magistrado presentó en su descargo, para eludir la acusación de que se enriqueció ilícitamente y de que su patrimonio aumentó de manera exponencial desde que asumió el cargo hace ya más de quince años. Ese peritaje contable para determinar el crecimiento patrimonial del juez llevará al menos tres meses más por lo que, de continuar de esta manera el proceso, una definición no se iba a encontrar hasta fin de año.

El propio Tonelli había explicitado la existencia de una maniobra dilatoria de los integrantes kirchneristas en el Consejo para no definir la situación. “Yo propuse que se tomaran las declaraciones que los mismos testigos han prestado en la causa penal y que en todo caso solo se interrogue a quienes no han declarado o sobre nuevos puntos. Propuse además que esas declaraciones las tomará el juez de Mendoza que está llevando adelante la investigación. Sin embargo, la mayoría oficialista del Consejo se opuso a este criterio y optó por realizar audiencias a los testigos. Por eso digo que si por mi fuera yo avanzaría más rápido, pero no puedo, la comisión la preside la senadora (María Inés) Pilatti Vergara, el oficialismo ahí tiene mayoría, yo propongo y la comisión resuelve. Somos nueve los miembros”, descargó en su oportunidad.

De esta forma Bento tenía asegurada la continuidad de su competencia electoral hasta los comicios de noviembre, más allá de que para los frentes electorales en competencia la situación que tanto los alarmaba ya había cambiado: luego de resolver la situación de la candidatura de Rodolfo Suarez y las colectoras del PJ, el poder de fuego del juez menguó bastante.