El día en el que Alberto Fernández habilitó a pasar el semáforo en rojo

La batalla legal que se generó por la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos cuando estaba vigente un DNU que prohibía las reuniones sociales en la Provincia de Buenos Aires sigue generando repercusiones.

Según trascendió, Alberto Fernández habría confiado a su círculo íntimo que está convencido de que no cometió ningún delito.

Esta información provocó un fuerte rechazo en las redes sociales, ese termómetro que la tecnología brindó para medir el humor de, al menos una parte de la sociedad.

Para el presidente, lo que se investiga es lo que se conoce como un "Delito de Peligro Abstracto". Por lo tanto, como está probado que no hubo contagios durante el brindis, no hay configuración de la figura penal. Esto le habría explicado el mandatario a sus personas más cercanas, según Infobae, para aclarar su situación judicial respecto a la investigación que se lleva a cabo por el "Olivosgate". A lo sumo, sería una cuestión “ética”, como se argumentó cuando los funcionarios se colaban en las colas de vacunación.

Más allá del debate sobre el alcance real de esa interpretación, lo que deja claro esta supuesta estrategia presidencial es la doble vara con la que se mide a funcionarios de ciudadanos comunes.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que, más allá de los contagios o no, la simple existencia de la fiesta, probada con fotos, videos y reconocimiento de las partes, ya muestra que se incumplió con una de las restricciones establecía el ASPO.

Dejado esto claro, el tema de las consecuencias sanitarias o no de violar esa norma, es el punto más controvertido.

El hecho de no haber provocado daño – en este caso, contagios – sería un atenuante.

¿Qué pensarán los miles de argentinos con procesos por incumplimiento de lo establecido en el DNU?

Ariel Suárez, por ejemplo, el remero al que se labró un acta por estar entrenando en el Delta bonaerense, solo con su bote. O Sarita, la mujer que corrida de una plaza, por efectivos policiales, por el sólo hecho de estar tomando sol. O el chacarero que fue llevado detenido por estar manejando su tractor.

Ninguno de ellos contagió a nadie, como el presidente, pero tuvieron que rendir cuentas en la Justicia.

Pero lo más insólito de la estrategia oficial es que, según los supuestos dichos del presidente, cualquiera está habilitado a pasar el semáforo en rojo, siempre y cuando no atropelle a nadie. O conducir borracho, si su no respeto a las normas que toda la ciudadanía conoce, no termina en una tragedia. Lo mismo por no respetar las velocidades máximas. ¿Se podrá, desde ahora, salir a tiras tiros al aire sin que ningún policía intente detener a la persona?

Alberto Fernández quiere preparar su defensa con un abogado con mayor expertise en figuras complejas del derecho penal, pero confía en que la figura será la de "Delito de Peligro Abstracto", ya que el fiscal González la utilizó para cerrar una denuncia contra el legislador Facundo Moyano, según citó hoy MDZ.

“Habida cuenta que el tipo penal del art. 205 es de peligro abstracto, resulta imprescindible que en los supuestos de hecho se corroboren puntos de contacto entre el comportamiento analizado y el bien jurídico que se pretende proteger; en su defecto, la falta absoluta de peligro en el caso concreto para el objeto de protección impide su punibilidad”, resolvió el fiscal González en la denuncia contra Moyano por una reunión de similares características que la de Alberto y Fabiola.

No hay confirmación oficial sobre si esta será la estrategia del Gobierno Nacional ante el “Olivosgate”, pero en un país donde ya nada sorprender, que el Presidente entienda que violar las normas que el mismo dicto, no sea una falta, puede ser creíble.