La Justicia archivó parcialmente la causa del vacunatorio VIP

La jueza María Eugenia Capuchetti decidió el archivo parcial de la causa conocida como “vacunatorio VIP” en relación a 65 personas de la lista de 70 que recibieron dosis cuando la vacuna estaba destinada a los grupos estratégicos, según había dispuesto el Ministerio de Salud.

Según se expresa, “en el ordenamiento jurídico nacional no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto de esta investigación. No obstante, esa situación sí se encuentra expresamente prevista en la Ley de Ética del Ejercicio de la Función Pública (25.188) que explícitamente establece sanciones de orden administrativo”.

Si bien se decidió el archivo parcial respecto a determinados hechos, el expediente continúa su curso respecto de otros y sobre las posibles responsabilidades de Ginés González García, su exsecretario privado Marcelo Ariel Guille, su exjefe de gabinete Lisandro Bonelli y el subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos de Salud, Alejandro Collia, sobre todo en relación a la vacunación de personas que no entraban en el rango etario como prioritarios.

En la investigación se pudo establecer que existieron 70 personas que fueron vacunadas contra el COVID-19 con un trato especial, verdaderamente diferente a gran parte de la población. “La ley vigente al momento de los hechos (que, en ese punto, no ha variado en la actualidad) diferencia a las poblaciones objetivo a vacunarse en dos grandes grupos: prioritarios y no prioritarios. Entre los grupos que componen los “prioritarios” (mayores de 60 años, personal de salud, personal estratégicos y personas de 18 a 59 con enfermedades previas) no existía ni existe un orden normativo de prelación ya que la Res. MSAL 2883/20 expresamente estableció que era posible vacunar a estos grupos de manera simultánea”. 

Al tomar la decisión de archivar parcialmente la causa sin resolver la situación procesal de ningún imputado, Capuchetti entendió que “la conducta moralmente reprochable de un funcionario que realiza una gestión para que personas allegadas reciban un trato especial en la aplicación de la vacuna, encuentra un gran problema relacionado con la carga emocional con la que percibimos esos hechos. No obstante, aunque pareciera haber un consenso a priori que quienes ocupaban lugares de gran trascendencia en el contexto que atravesamos incumplieron determinadas pautas de comportamiento ético lo cierto es que ello, por sí solo, no alcanza para realizar un reproche penal y en todo caso será fruto de una interpretación de lege ferenda”.

Así las cosas, la investigación continúa abierta respecto a la solicitud del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez sobre la inoculación de 385 personas, salvo las 65 que ya fueron desafectadas en esta resolución. Para ello se abrió un nuevo legajo.

También se seguirá investigando a 5 personas que no se encontraban dentro del grupo prioritario como por ejemplo las hijas del ex presidente Eduardo Duhalde. Además continúa el trámite de la causa que investiga la vacunación de Carlos Vizzotti y Sílvia Manteca, padres de la ministra de Salud.

Por último, continúa abierto el legajo para determinar si existió un “desvío” de sesenta dosis pertenecientes al Hospital Nacional Posadas que habrían sido transportadas hacia la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz, en un vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas.

La causa se inició tras el escándalo generado por los dichos de Horacio Verbitsky que durante un programa radial manifestó que lo habían vacunado en el Ministerio de Salud, lo que terminó con la renuncia del entonces ministro Ginés González García y generó más de una docena de denuncias en el fuero federal.