Los millones de pesos que Cartellone le reclama al gobierno

La situación de la empresa constructora Cartellone es delicada. La semana pasada se presentó en concurso de acreedores para "reorganizar sus pasivos luego de la baja de contratos de participación público-privada, litigios que no se han solucionado en obras ejecutadas en Bolivia y los efectos que la pandemia ha generado en el desarrollo del negocio". En este sentido, están reclamando que el gobierno provincial pague lo que le debe por mora de certificados y descuento del anticipo financiero.

El reclamo está relacionado a la obra de modernización de la red terciaria del tramo inferior del Río Mendoza-Quinta Zona. Se trata de una obra adjudicada por el Departamento General de Irrigación en el marco del  “Programa de Servicios Agrícolas Provinciales" (PROSAP).

Desde la compañía presentaron un reclamo ante el Ministerio de Gobierno de la provincia por "mora en el pago de certificados, ajuste de anticipo financiero redeterminado, reclamo formal del cargo financiero y modificación de gasto financiero".

En una primera instancia, Cartellone había reclamado ese dinero ante el Departamento General de Irrigación pero desde ese organismo se excusaron asegurando que ellos solo se encargan de la ejecución técnica del proyecto.

Sin embargo, para el Ministerio de Gobierno "resulta claro que ante el planteo efectuado por la firma CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A., el Departamento General de Irrigación (D.G.I) en su calidad de contratante debería emitir el acto administrativo por el cual se expida sobre los reclamos efectuados y que resuelva el planteo de la contratista en virtud del contrato de obra celebrado; ya que si es competente para licitar y contratar, también lo es para atender los asuntos que tengan su causa en la contratación".

"A la autoridad ejecutora de la obra le corresponde dictar los actos administrativos necesarios para que la obra se ejecute, para lo cual la licita, adjudica y dirige su ejecución, más allá que deba también proveer lo necesario para que, por conducto de quien corresponda según los acuerdos o relaciones jurídicas conexos al contrato de obra pública, se cumplan los pagos adeudados en virtud de este último a su contratista", adhiere el decreto firmado por el gobernador Rodolfo Suarez que se publicó hoy en el Boletín Oficial.

En definitiva declara que es competencia del Departamento General de Irrigación resolver el reclamo efectuado por Cartellone y remite todas las actuaciones a esa dependencia.

Mientras continúa ese ping pong, la empresa continúa su proceso de reorganización para hacer frente a sus obligaciones. El gobierno provincial no es ajeno a esa situación y han expresado su preocupación respecto a cómo repercutirá en las obras que está llevando adelante Cartellone en Mendoza.

"El llamado a concurso es una herramienta para poder responder a acreedores, no significa nada más que eso. Pero por supuesto, cuando eso ocurre  generalmente es que están en situaciones de resolver problemas complejos. No los conozco en detalle", explicó el ministro de Infraestructura, Mario Isgró.