El detrás de escena de la "nueva IMPSA" y las dudas sobre el futuro

El detrás de escena de la "nueva IMPSA" y las dudas sobre el futuro

IMPSA estaba fundida y un Acuerdo Preventivo Extrajudicial le dio aire. Ahora depende de la gestión estatal. Las dudas por los negocios con Venezuela y cómo se manejará.

Pablo Icardi

Pablo Icardi

IMPSA está en una nueva hora cero. Borró el nombre "Pescarmona" casi por completo y se acomoda a una realidad extraña. La empresa la manejan los Estados. Particularmente la Nación, asociado con un "enemigo" político: el Gobierno de Mendoza. Cómo se amalgamará esa sociedad es una incógnita, que se suma a las dudas que generó el proyecto de rescate estatal. Gran parte del futuro de esa empresa dependerá del modo de conducción y de los contratos que logre para generar valor. Incluso una de las opciones a mediano plazo es la venta, nuevamente. 

Hoy el Estado nacional maneja la compañía y con la emisión de acciones la familia fundadora quedó solo con el 5% de las acciones. Más allá de los 20 millones de dólares que aportarán la Nación y Mendoza, en los últimos días se reflotó la posibilidad de salir a financiamiento por hasta 200 millones de dólares.

El rescate tuvo un proceso extenso y en el que IMPSA estuvo al borde del precipicio, tras el arrastre que generó la caída de la empresa en Brasil. Allí fue clave un paso que evitó la desaparición de la marca: un acuerdo preventivo extrajudicial que estiró el pago de las enormes deudas de IMPSA y cambió la situación financiera. "La empresa era inviable. Hoy tiene sus balances positivos, puede competir y licitar obras", aseguró Nicolás Becerra, uno de los abogados externos que trabajó en el acuerdo preventivo extrajudicial (APE) antes del ingreso del Estado a la empresa.

La asamblea de acreedores se hizo en noviembre, en plena pandemia. Incluso la empresa puso a disposición un avión para quienes quisieran estar presencialmente. El presidente de esa asamblea fue Ernesto Sanz. Hubo consenso. El acuerdo fue homologado el 14 de abril en la justicia sin que hubiera oposiciones de parte de los acreedores, mientras en el plano político se aprobó el aporte para capital de trabajo. La semana pasada se realizó la asamblea de accionista para avanzar en el plan. 

En realidad fueron dos los APE que se realizaron. Es que en medio del proceso el contexto económico y la pandemia complicaron los planes. IMPSA tenía una deuda "razonable", de algo más de 200 millones de dólares. Pero la caída de su sucursal en Brasil (IMPSA Wind) la hundió: como garante de esas operaciones, la empresa mendocina pasó a tener una deuda superior a los 1100 millones de dólares. El derrumbe era imposible de frenar. Por entonces hubo intentos de rescate, tensiones con el Gobierno nacional e incluso maniobras detectadas por algunos del los organismos que habían apoyado a la empresa. IMPSA dejó de ser de Pescarmona y quedó a cargo de un fideicomiso liderado por bancos. Los nuevos dueños nunca quisieron ser "dueños" y hasta intentaron, sin éxito, venderla. 

El primer APE logró bajar la deuda a 520 millones de dólares, que era, aún, el doble de lo que IMPSA "Argentina" debía originalmente. El camino que se estructuró no se cumplió: la crisis generada el 2018, los problemas financieros y de trabajo, sumados a la pandemia y la falta de interés para comprarla volvieron a tensionar todo. Allí se inició el segundo proceso de Acuerdo Preventivo, que implicó buscar y convencer a los acreedores, ajustar la oferta y responder a las exigencias judiciales. "Este proceso preserva los activos, acerca las partes y evita problemas mayores. Pero es complejo porque hay que reunir a todos los bonistas, convencerlos y hacer una oferta válida. En este caso fue exitoso", aseguró Becerra. 

La propuesta acordada fue por un monto total de US$ 536,4 millones, que se pagará en 12 cuotas, pero con un "puente" temporal que le da algo de respiro: los pagos son desde el 30 de diciembre de 2028 y hasta el  30 de diciembre de 2039. "Se comunicó todo y no hubo impugnaciones. Ahora la empresa está saneada", aseguran los abogados externos. Con la empresa saneada desde lo financiero y judicial, el camino ahora está en manos del Estado. 

Futuro

La gran duda sobre el manejo de IMPSA en la "etapa estatal" es qué tipo de empresa será; si será "invadida" por la política o se gestionará como una compañía privada con un horizonte industrial. Cualquiera sea el camino, aún debe superar problemas previos.

Uno de ellos, por ejemplo, es que gran parte del volumen de negocios que tiene en marcha depende de economías vulnerables. Principalmente de Venezuela y luego de Argentina. Según explica en el análisis financieros, IMPSA es "Venezuela dependiente". "US$397,0 millones (el 72,7% de la cartera actual de contratos pendientes correspondientes a la unidad de negocios de Energías Renovables de la Compañía al 31 de diciembre de 2020, se deriva de sus contratos con CORPOELEC (ex “EDELCA”), una generadora de electricidad de propiedad del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela", dice el prospecto presentado ante la Comisión de Valores. 

La propia empresa advierte los riesgos que ello implica. "El gobierno venezolano ha ejercido y sigue ejerciendo una importante influencia sobre la economía Venezolana. El gobierno venezolano a menudo interviene en la economía de su país y en ocasiones lleva a cabo importantes cambios normativos. En los últimos años, las medidas del gobierno para controlar la inflación e implementar otras políticas han incluido controles de precios y salarios, controles de capital y divisas, y la nacionalización de industrias consideradas estratégicas…Estos controles o medidas podrían afectar la economía venezolana, incluyendo el negocio, situación financiera y resultados de las operaciones de CORPOELEC, su capacidad para continuar con el desarrollo de los proyectos de energía hidroeléctrica que son objeto de los contratos de CORPOELEC con la Compañía o su capacidad para pagar los montos que le adeuda a la Compañía en el marco de esos contratos”, advierten.

El otro riesgo general es la dependencia de los estados por el tipo de proyectos que IMPSA ejecuta. Ahora, más que nunca, del Estado argentino como dueño. El manejo de la empresa está a cargo de la Nación. El presidente de la compañía, de hecho, surgió del riñón del ministro Matías Kulfas: Marcelo Fabián Kloster, quien es asesor del propio Kulfas. La síndico es una peronista mendocina. Pero todo está en revisión y la clave es el manejo interno.

Juan Carlos Fernández es el CEO y quien mantuvo la empresa funcionando, además de haber hecho las negociaciones finas. La gestión de Fernández se mantendrá por tres meses. Luego los nuevos socios deberán definir si sigue o no. Allí el Gobierno de Rodolfo Suarez quiere incluir alguien de confianza en el directorio. En la otra empresa que el Estado mendocino intervino hay funcionarios: Enrique Vaquié y el ex CEO de IMPSA en Brasil y ex subsecretario de Energía Emilio Guiñazú conducen Potasio Río Colorado. 

El plan de negocios de IMPSA incluye 5 patas: IMPSA Hydro, IMPSA Wind, IMPSA Nuclear, IMPSA O&G e IMPSA Services (mantenimiento de represas e instalaciones). La cartera de contratos incluye obras que tienen algunas bases poco sólidas, como las de Venezuela, otras cerca de Mendoza, como las turbinas de El Tambolar y otras con dependencia de organismos y empresas nacionales, como los contratos con YPF y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Aún no figura en los papeles Portezuelo del Viento, la obra que tiene a un consorcio del que IMPSA es parte como único oferente y que aún no es adjudicada. Allí el Estado mendocino es poder concedente y también será parte del contrato. El problema es el precio que puso la UTE a la obra, que está muy por encima del presupuesto oficial. 

 

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