Coimas federales: las cifras del escándalo que sacude a Mendoza

Pocos podrán olvidar lo que ocurrió ayer en el edificio de Tribunales Federales de Mendoza. Aunque a futuro quizá lo que se vio el miércoles quede opacado por lo de hoy, ya que desde la mañana desfilarán por allí los imputados -en total quince- en la que quizá sea la causa por corrupción más importante que registra la historia reciente de la provincia. Y uno de los interrogantes que flota es sencillo: ¿cuáles son las cifras detrás del escándalo?

Se puede comenzar citando, por ejemplo, lo que dicen haber sido tentados a pagar algunos detenidos. Se habla de “cometas” que podían rondar los 20.000 dólares a cambio de modificar carátulas de expedientes, otorgar libertades condicionales o morigerar penas. Pero el número es estimativo y hay muchísimo más.

Tanto el juez Bento como su esposa Marta Boiza habrían amasado una fortuna incompatible con los sueldos que ellos y sus hijos reciben del Estado. Vale aclarar que tanto el magistrado como su pareja y sus hijos Luciano y Nahuel trabajan en el Poder Judicial, percibiendo entre los cuatro un total de $1.766.302 pesos por mes en salarios que salen de las arcas oficiales.

La esposa de Bento recibiría una asignación familiar de $5843 pesos

Ahí es cuando entra a jugar un detalle llamativo, por llamarlo de modo elegante. A ese dinero, el círculo íntimo del juez le suma una asignación familiar por hijo con discapacidad que percibe Marta Boiza desde 2016 y que añade a sus bolsillos la suma de...$5843 por mes.

No parece que lo necesiten. Los pesquisas concluyeron, asimismo, que se trata de un ingreso al que habrían podido renunciar hace tiempo.

Mecanismos

Fuentes de Tribunales comentan que una de las estrategias del Ministerio Público es servirse de una pericia contable y patrimonial para indagar sobre el posible enriquecimiento y lavado de dinero por parte del juez.

La estrategia del magistrado, añaden, habría sido no dejar casi ningún bien asociado directamente a él. Hoy consta a nombre de Bento solamente una camioneta. El resto de sus bienes se reparte entre sus allegados, especialmente su esposa y sus tres hijos.

Por otro lado, hay movimientos que llaman la atención, como la compra en 2002 de un lote en Palmares que se adquirió por 21.500 pesos y se vendió -con la construcción que se hizo más tarde- a 430.000 dólares cash. Negoción.

La data que ha ofrecido el Registro de la Propiedad indicaría que precisamente desde 2002 Bento y su familia adquirieron nueve propiedades de ese estilo, siete de las cuales todavía integran su patrimonio.

Si se compara este enriquecimiento con el que han tenido otros funcionarios, la distancia es muy notoria, aún cuando los sueldos de jueces y fiscales son considerablemente altos.

En movimiento

Hay más. Uno de los hijos de la pareja investigada -que padece una discapacidad- tiene a su nombre una camioneta Audi para la que se han tramitado permisos de conducción que utilizaría todo el resto de la familia, ya que él no está en condiciones de manejar. La sospecha allí es que se trata, una vez más, de una maniobra para disimular el crecimiento patrimonial.

O sea: el chico tiene una camioneta de más de cuatro millones de pesos y sin embargo no la puede conducir.

Y la lista de rodados que se suman en esta repartija familiar incluye a la ya citada camioneta Audi Q5 Tronic Quattro que se cotiza en $4.323.000; otra de marca Volkwagen Amarok tasada en $1.205,000 pesos; un Audi S3 que sale $890.000 y otro auto Audi A3 de $1.541.000.

Por último, ha llamado la atención la cantidad de viajes al exterior que realizan tanto Bento como su pareja. Entre 2017 y 2021, el juez federal se fue de paseo en 20 oportunidades, la mayoría de las veces a los Estados Unidos. De este modo, completó 264 días en el exterior. Más de medio año y aparentemente por encima de la cantidad de días que representan las ferias en el Poder Judicial.

Para la fiscalía -que cuenta con la asistencia de la  Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROSELAC)-todo lo anterior, enlazado con la participación que tienen los Bento en diversos negocios que podrían superponerse con sus deberes públicos, dan indicios de que algo extraño ocurre en esa zona de la Justicia Federal. Algo que podría generar un verdadero terremoto institucional.