La Justicia mendocina rechazó un amparo contra las clases presenciales

La jueza civil Patricia Fox rechazó hoy un amparo que había solicitado la CTA para que sean suspendidas las clases presenciales en Mendoza.

La titular del Segundo Juzgado de Gestión Asociada sostuvo en la sentencia que la información aportada por la CTA no era suficiente para dictar esa medida y recalcó que "no se ha acreditado que la situación de mayores contagios esté vinculada de modo cierto con la actividad escolar".

El gremio apoyaba su reclamo en datos sobre la pandemia publicados en la página web del Gobierno provincial. Entre ellas, los aumentos de contagios en la franja etaria que va de los 15 a los 59 años y la letalidad de la enfermedad.

Pero la magistrada consideró por un lado que no se podía acreditar que las clases presenciales fueran responsables de los contagios en un rango de edades tan amplio.

Menos en el caso de las muertes: "Más del 83% son adultos mayores de 60, entre los que no se encuentran no los docentes en actividad ni los alumnos", señaló Fox.

El titular de la CTA, Gustavo Correa, había presentado el amparo con el patrocinio de los abogados Mauricio Guzmán y María Florencia Ayala.

Por el lado de la DGE respondió el director de Asuntos Jurídicos, Sebastián Boulin, quien especificó que conforme las estadísticas, "no surge acreditado que se encuentre en riesgo la salud producto de la presencialidad educativa".

El fiscal de Estado, Fernando Simón, también opinó en la causa y sostuvo que el amparo era "improcedente", porque las clases presenciales "no han producido aumentos de contagios significativos".

La jueza Fox recibió presentaciones similares por parte de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y el SUTE, las cuales se acumularán a la de la CTA.