Los detalles del amparo que Rodríguez Larreta presentó contra el cierre de escuelas

Los detalles del amparo que Rodríguez Larreta presentó contra el cierre de escuelas

La decisión anunciada por el jefe de gobierno porteño se efectivizó con la presentación judicial. De esta manera, se recrudecen las diferencias con el gobierno nacional a pesar de la reunión con Alberto Fernández.

Lourdes Marchese

Lourdes Marchese

Luego de la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia en el Boletín Oficial, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -minutos antes de la reunión que entre Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández- interpuso una acción declarativa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de que se declare la inconstitucionalidad del DNU 241/21 que dispone la suspensión de las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades desde el 19 de abril hasta el 30 de abril inclusive.

Además se acompañó el pedido de una medida cautelar solicitando que se le ordene al Estado Nacional que “se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el Decreto cuestionado”.

El Gobierno de la Ciudad en cabeza de Horacio Rodríguez Larreta  sostiene en su presentación “que el decreto viola la autonomía de la Ciudad e implica una virtual intervención federal porque se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación.”

Sostiene el amparo que la medida no es razonable ya que la suspensión de las clases presenciales dispuesta no se encuentra justificada en datos empíricos, y resulta arbitraria porque obedece exclusivamente a la voluntad de quien detenta el Poder Ejecutivo Nacional. (Estos son requisitos necesarios para la admisibilidad). 

Desde la CABA consideran que contrario a lo manifestado por el jefe de Estado, está científicamente demostrado, en el ámbito internacional y local, que el grado de contagio en establecimientos escolares es mínimo por lo que el cierre sería perjudicial. 

Entre otras cuestiones consideran que lo normado constituye una clara violación al principio de igualdad porque “se evidencia una discriminación arbitraria con relación a las restantes provincias, que pueden decidir respecto de la continuidad o suspensión del ciclo lectivo 2021.” Esto porque en el DNU refiere que “ Se mantendrán las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todo el país, salvo las excepciones dispuestas en el presente decreto o que se dispongan, dando efectivo cumplimiento a los parámetros de evaluación, estratificación y determinación del nivel de riesgo epidemiológico”.

En otro orden de cosas en el escrito hacen mención a que la normativa cuestionada vulnera tratados internacionales de jerarquía constitucional  (Convención sobre los Derechos del Niño, art. 75, inc. 22 CN), que consagra el derecho del niño a la educación, como un derecho progresivo que debe ejercerse en condiciones de igualdad. En su inciso d sostiene que los Estados Parte deberán: “Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar”. Y en ese sentido debe garantizarse la efectividad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que concurren a las escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la educación y a la salud, amparados por las normas constitucionales y convencionales.

Más allá de la presentación judicial, la ciudad tratará a través de su jefe de Gobierno, convencer al presidente de dar marcha atrás con la decisión para que los chicos continúen con las clases presenciales porque consideran de vital importancia que no se modifiquen las condiciones del alumnado que durante el 2020 no pudo concurrir a los establecimientos por las medidas dispuestas. 

 

 

Temas

¿Querés recibir notificaciones de alertas?