Ley de reelecciones: por qué en cuatro años podría haber una nueva ley
Hay varios cuentos infantiles, y no tanto, que reflejan la manera en que una persona debe ser sometida a una situación cotidiana en repetitivas ocasiones si realiza una acción determinada. El cuento de la Buena Pipa o el del Camello son dos claros ejemplos de este tipo de leyendas.
En la Legislatura bonaerense ayer pudo haber pasado lo mismo. Sin consensos ni líderes que guíen el accionar de las diferentes fracciones en la que se viene desintegrando la política argentina, y la provincial en particular, ayer parió una nueva ley que vuelve a poner límites a las reelecciones indefinidas pero, a la vez, legisla hacia atrás, uno de los elementos más discutidos de la 14836, que sancionada en 2016, dictaminó sobre el futuro de los que habían sido electos un año antes.
Llamativamente, el diputado radical possista Walter Carusso volvió a votar afirmativamente, como lo hizo hace cinco años, pero también reiteró su crítica al proyecto que se estaba aprobando de manera exprés y alertó que esta nueva ley podría tener que ser revisada dentro de algunos años, porque "vuelve a legislar sobre hechos ocurridos en el pasado, lo cual es una aberración jurídica".
"Sabemos que no es un tema urgente para la sociedad pero estamos queriendo corregir un problema con una norma que amenaza con no ser aplicable nuevamente en el futuro" y "eso es engañar a la gente". Su voto afirmativo tiene que ver con su alineación directa con el intendente de San Isidro Gustavo Posse, uno de los más fervientes impulsores de una nueva reelección.
"El Derecho Argentino, en el nuevo Código Civil, en el artículo 7, sostiene que no se pueden dictar leyes retroactivas cuando se vulneran derechos constitucionales", es decir, para el punto de vista del legislador, la posibilidad de ser reelecto de manera indefinida.
"Esta ley pasa a ser inaplicable, como lo dijo el juez contencioso administrativo Jorge Ocampo", también de su jurisdicción, General San Martín, La intromisión de este órgano judicial está discutido, ya que la Justicia Electoral es la única autorizada a fijar postura sobre todo lo que tiene que ver con los temas electorales.
En su defensa por la eternidad de las gestiones municipales, y sobre el tema de la obligatoriedad de una sola reelección para los intendentes, al igual que lo que deben cumplir el presidente de la Nación o el gobernador bonaerense, Carusso dijo que "no hace falta regular nada porque la alternancia la pone la gente, votando por sí o por no. Sino miremos los caso de Leonardo Nardini, quien destronó a Jesús Cariglino luego de veinte años de gestión en Malvinas Argentinas, Jorge Macri, en Vicente López, que hizo lo propio contra Enrique García, o Diego Valenzuela, que venció a Hugo Curto", todos con más de dos décadas en el poder. Omitió la ratificación que la gente hace de su jefe político, Posse, quien también lleva más de veinte años al frente del poder de San Isidro.
"Lo que tampoco puede hacer una ley es afectar un derecho constitucional, Y los mandatos y cantidad de reelecciones de los legisladores está reglada por nuestra Constitución Provincial en sus artículos 69 y 72 lo dejan claramente establecido y esto puede ser otro problema para adelante". Traducción. Muchos legisladores pedirán que esta ley, votada ayer, no tenga validez constitucional.
El apuro y la decisión de "la política" de definir una nueva situación legal para las reelecciones de todos los cargos electivos provinciales tiene que ver con la decisión que habían tomado en las diferentes instancias superiores de la Justicia bonaerense de no inmiscuirse ni querer cargar con los costos de un problema "de la política", como la denominan.
La Justicia Electoral, a través de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, siempre le dejó en claro a los legisladores e intendentes que consultaron sobre una interpretación final de la ley 14836 que no se iban a involucrar, por dos razones. No querían ni quedar mal con los políticos, quienes son los que terminan designando jueces, fiscales y camaristas, o proponiendo su enjuiciamiento, ni tampoco estar en contra de la opinión pública dándole un visto bueno a las reelecciones indefinidas. Ese organismo lo componen miembros de la Corte, el Tribunal de Cuentas y el juez federal con competencia electoral.
Traducción. Si la Justicia les avisó a los dirigentes políticos de que no quería participar, y que "el lío que ellos armaron lo resuelvan ellos", indefectiblemente se debe suponer que la ley no estaba tan mal hecha y que las reelecciones debían empezar a regir en 2019, no en 2023, como será de ahora en más hasta que otro fallo o disposición legislativa dijera lo contrario.