Bergman, el Séptimo Sello y la peor pesadilla que Alberto y Cristina pudiera imaginar
El Séptimo Sello es un film de Ingmar Bergman presentado en sociedad en 1957. El director sueco presenta en esa obra maestra la historia Antonius Block, un caballero medieval que vuelve victorioso de las cruzadas, esperando en el regreso a su tierra homenajes y tratamientos de héroe legendario. Sin embargo, su mundo se encuentra en una situación apocalíptica, y ya no tiene casi lugar en él.
La peste negra está asolando toda Europa y las propiedades de Block presentan un panorama desolador de muerte y embrutecimiento. Intuye el caballero que su fin está por llegar y que seguramente será una de las próximas víctimas. Durante un paseo por la playa se presenta en persona la propia muerte, con lo que sabe que su momento ha llegado. Block le propone entonces al visitante la alternativa de un juego de ajedrez; sabiendo que es imposible vencer a la muerte, el mejor jugador que habrá habido jamás. Sin embargo, el caballero avanza en la propuesta, con un único fin: extender lo máximo posible el momento en que su historia terminará. Tratando mientras tanto de encontrar la mayor cantidad de respuestas posibles sobre lo que le esperará cuando finalmente pierda la partida. La metáfora de la escena del Séptimo Sello es clara, simple y enorme: extendiendo al máximo el tiempo de llegada de algo inevitable, lo único que puede encontrarse es algunas respuestas sobre lo que sucederá después. Pero lo único cierto es ese final.
Salvando la metáfora de la muerte (el escenario, obviamente, no es tan trágico); la coalición gobernante se encuentra hoy ante un tipo del dilema que el tiempo llamó como "del Séptimo Sello", en homenaje al genial Bergman. El escenario que se esperaba para la gestión que marcara el regreso del kirchnerismo luego de la experiencia de Mauricio Macri en el poder; era de un transitar con tonos "heroicos" (insumo básico del kirchnerismo). El reconocimiento permanente de una comunidad que comprenda la equivocación de haberlos sacado con votos del Ejecutivo en 2015. Y transitar un regreso plagado de aplausos y vítores, comparables al retorno de un cruzado. No pudo ser.
La realidad fue dura con la coalición, con solo tres meses de normalidad; y el estallido de una pandemia y su consecuente -e imposible de evitar- crisis económica. Sumado esto a errores de gestión, algunos casi infantiles, y a un fallido intento de no repetir cuestiones irritantes de gobiernos pasados de la misma tradición política kirchnerista; llevaron a que el oficialismo deba enfrentar una realidad de elecciones de segundo mandato con una sociedad irritable y dispuesta a negarles el apoyo político.
Pero esto no es lo peor para la coalición gobernante. El enfrentamiento del "Séptimo Sello" y la partida de ajedrez, será la necesidad inevitable e imposible de eludir; de deber enfrentar los últimos dos años de esta gestión con un escenario marcado no por las decisiones que se tomen de política económica independiente, sino por la relación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Nadie sabrá, y quedará para las especulaciones políticas y económicas de los historiadores (si es que interesa el ejercicio), saber cómo hubiera sido un gobierno de Alberto Fernández sin pandemia y con sin necesidad de establecer un acuerdo o decretar un default con el organismo que dirige Kristalina Giorgieva.
Lo cierto es que las circunstancias fueron duras para la coalición gobernante, que ahora debe enfrentarse al caballero de la partida de ajedrez. Todos saben quién ganara ese juego. Y sólo le queda al oficialismo estirarlo al máximo y mientras tanto, como el caballero medieval del film de Bergman, intentar traer en el tiempo extra que le quede de aire hasta ese desenlace respuestas sobre lo que ocurrirá el momento después a que la partida haya concluido.
La duda que irrita y molesta al gobierno es saber que, ese tiempo posterior, será marcado por la relación que la realidad imponga por el acuerdo que se firme con el FMI, o el default con el organismo. Y ante la situación de no poder eludir un hecho inevitable: la política económica de la coalición oficialismo dependerá o de las imposiciones que el acuerdo de Facilidades Extendidas le exija al país en términos de metas macroeconómicas, fiscales, cambiarias, monetarias e inflacionarias; o las consecuencias del desierto inevitable que se deberá vivir si se declara el default con el FMI, y el resto de los organismos financieros internacionales en cadena.
Mientras estiran la partida lo máximo posible y encuentran respuestas sobre los mejores futuribles posibles; Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los dirigentes que encabezan política y económicamente el gobierno de coalición deben elegir cuál será la menor peor de las realidades a comandar. Con acuerdo con el FMI, ya sabe el oficialismo que no podrá contar con el reclamo de un plan de Facilidades Extendidas a más de 10 años; desechando el reclamo firme que exhibió en público Maximo Kirchner reclamando un plan de pagos a 20 ejercicios. Ya había cedido Cristina Fernández de Kirchner en agosto pasado, a la necesidad de utilizar los DEGs que giró el organismo, no para hacer campaña gastando gran parte de los más de 4.400 millones de dólares que envió ese mes el Fondo en recolectar votos. Fueron las dos primeras renuncias importantes.
La expresidenta comprendió que forzar aún más los tiempos y seguir presionando por la utopía de un acuerdo a mayor plazo, era en vano. Y que las consecuencias de no tener un acuerdo con el FMI eran peores que las de aceptar esa condición innegociable. Se aclaraba cerca del poder político que esta aceptación no era un cheque en blanco sin más ante lo que Martin Guzmán pueda cerrar con el Fondo. Ni cerca de eso. Sino del otorgamiento del aval al ministro para que este pueda avanzar en la negociación final con el organismo, con coincidencias básicas aceptadas. Esto es, un Facilidades Extendidas a 10 años, con un plazo para comenzar a pagar los U$S44.700 millones que se deben al organismo en 4,5 años después de haber firmado el acuerdo, con un plan de metas fiscales y monetarias que lleven a un equilibrio sustentable en un mediano plazo (no menos de tres años) y la aceptación de misiones del FMI anualizadas.
Ahora se acerca el tiempo donde quizá se deba aceptar una tercer renuncia; si es que el board del FMI no acepta una reducción importante de las tasas de interés que se les cobra a los países incumplidores seriales como la Argentina, y la aplicación de la tasa que se le aplica a los estados más responsables. Esto es, de un 4,05% anual, cobrar 1,05% máximo. En los papeles, implicaría un ahorro de aproximadamente 10.000 millones de dólares en los 10 años de contrato entre las partes; dinero que el país se ahorraría en intereses. También se tendrá que incluir en el acuerdo la alternativa de aplicar una refinanciación de los pagos anuales, en el caso de que Argentina cumpla en los ejercicios previos las metas económicas y financieras pactadas con el Fondo. Habría un cuarto renunciamiento. Se sabe que los Facilidades Extendidas incluyen la necesidad de fiscalizaciones semestrales de enviados de Washington, con poderes plenipotenciarios para poder husmear en todos los recónditos números de las cuentas públicas argentinas. Y que luego de esas inspecciones in situ (en Buenos Aires), esos enviados técnicos del FMI vuelven a Washington a someter al país a duros exámenes de cumplimientos de metas.
Una alta fuente del oficialismo legislativo lo describió de este manera: "Que el FMI muestre en su visita al país la misma buena fe que nos pide a nosotros. No queremos un show de desprestigio en las fiscalizaciones de Buenos Aires". Se sabe también que se está discutiendo que en el acuerdo se incluya también la alternativa de que los compromisos que se acuerden con el organismo financiero internacional a liquidar en el futuro puedan no ser ejecutados con reservas o el saldo de la balanza comercial, sino con el propio refinanciamiento del FMI. Y para que esto ocurra, lo único que tendrá que hacer el país es cumplir las pautas que se acuerden para cerrar el Facilidades Extendidas que se renegocia desde la semana pasada. Guzmán sabe que hoy el FMI acepta visiones heterodoxas, quizá por primera vez en su historia.
Argentina debería comenzar a liquidar sus compromisos en el primer semestre de 2026; y capital, en el segundo. Esto implicaría que el primer desembolso serio tendría que concretarse entre septiembre y diciembre de ese año. Teniendo en cuenta que la actual gestión de Alberto Fernández culmina en diciembre de 2023, será el próximo Gobierno quién deba tener en cuenta estos pagos. Pero tres años después de haber asumido, y en un tiempo político diferente al que hoy transcurre en la gestión Alberto Fernández. Esto es, sin las expectativas de una elección legislativa de medio término y a un año de terminar la próxima presidencia.
Según la visión de Guzmán, con tiempo suficiente es posible demostrarle al FMI que el plan que presentó en Washington da resultado y que con una visión heterodoxa de la economía es posible ordenar las cuentas primero y hacer crecer sólidamente la macro después. Las paulatinas misiones del FMI lo irían comprobando en las fiscalizaciones periódicas; las que se prometen más que discretas y sólo de observación. Lo más importante llegaría para comienzos de 2026. En el haber de los negociadores también se podrá anotar la posibilidad de extender el tiempo sin liquidaciones a los 4,5 años después de haberse aprobado el acuerdo en el board.
Ante el panorama, la gran pregunta dentro del oficialismo es ¿cuándo termina la partida del Séptimo Sello del gobierno de coalición? Hay fecha exacta. El 30 de marzo de 2022 el país debe pagarle al FMI unos U$S 4.050 millones, fruto del Stand By firmado por Mauricio Macri en 2018. Es un dinero que Argentina no tiene ni tendrá por años. Y que de pagarse, llevaría al país a un nivel de reservas que derivaría en una corrida de dimensiones antológicas. Pero no habrá más tiempo. En ese momento se sabe que el hombre que reta al caballero medieval del film de Bergman vencerá. Y que un día después de esa jornada de marzo, el gobierno de Alberto Fernández no podrá estirar más la partida, y deberá reconocer que los tiempos de su gobierno lo marcarán la decisión que tome ante el FMI: o el Faciliades Extendidas y la imposición de reglas que no son las que imaginó la colación, o el default con el Fondo y convertir a la Argentina (y a su gestión) en una paria internacional.