El motivo de la radicalización de Alberto Fernández ante el FMI
La radicalización del Gobierno ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), tiene un problema concreto y técnico. Y que le puede costar al país unos US$10.000 millones. Se trata del reclamo del país para que se le reconozca en el eventual Facilidades Extendidas una reducción de las tasas de interés de 4,05% a 1,05%, para el plan de pagos a 10 años que se negocia con el organismo financiero. Sin esta contracción confirmada, es imposible que el Gobierno de Alberto Fernández acepte continuar con las negociaciones.
No sólo, tal como contó ayer este medio, porque es una exigencia política "sine qua non" del kirchnerismo, sino porque se considera en Buenos Aires que el monto a ahorrar es el límite exacto para poder encauzar el cronograma de liquidaciones hasta el 2032, año en que terminaría el plan de pagos. Son los números que maneja Guzmán y su ministerio de Economía, y a los que adhiere el Ejecutivo. Además de la cuestión política del reclamo de la reducción de tasas.
Según el albertismo, algo habrá que traer de las negociaciones del FMI para que se muestre dentro de la coalición del oficialismo que el organismo financiero internacional aceptó ceder en alguno de los puntos importantes. De otra manera, todo tendría la impresión de ser una negociación donde el FMI impuso todas las doctrinas mas odiadas y combatidas históricamente por el kirchnerismo; a niveles imposibles de aceptar por la militancia. Dicho de otra manera, nunca pasaría por la aprobación parlamentaria un acuerdo de Facilidades Extendidas donde el Fondo no ceda en algún capítulo importante, y donde el kirchnerismo no pueda mostrar ante los propios senadores y diputados que se trata de una victoria y no de una rendición.
La estrategia incluye la exigencia que ahora sea el FMI el que garantice la reducción de las tasas, antes de negociar un plan de metas fiscales, monetarias y cambiarias, que debería cumplir el país durante los 10 años del acuerdo. Y que una vez que esté determinado esta reducción, las negociaciones podrían acelerarse y cerrar el pacto; siempre, obviamente, luego de las elecciones legislativas del 14 de noviembre.
Del largo, y ecléctico, listado que la Argentina le reclama al FMI, el conflicto por las tasas es la bala de plata que Alberto Fernández, Guzmán y el resto de los negociadores argentinos ante el organismo expondrán desde el viernes en Roma. El presidente y su ministro de Economía participarán de la cumbre del G-20 en la capital italiana; donde se buscará conseguir masa crítica de apoyo de países desarrollados para que se vote en algún momento dentro del board del organismo a favor de la posición argentina.
La bala con la que el ministro de Economía quiere hacer blanco (quizá la única en cuanto a las concesiones) es la de traer de la ciudad italiana la confirmación que el FMI acepta la reducción de las tasas de interés que se le debería cobrar al país por no haber cumplido en tiempo y forma con las condiciones del Stand By vigente; una alternativa que le permitiría a Argentina una reducción anual de 900 millones de dólares y de algo más de US$9.000 millones en todo el acuerdo a 10 años.
La intención es que el costo se reduzca del 4,05% que se le debe aplicar al país por lo que se firmó en el 2018 durante el Gobierno de Mauricio Macri, a un 1,05%. Esto es la tasa mínima que el FMI puede aplicar en sus acuerdos con países que sostienen sus acuerdos financieros en situación de normalidad; y que, a los ojos del Fondo, muestran al mundo planes financieros, monetarios y macroeconómicos sustentables.
Obviamente Argentina en su rol de moroso recurrente está excluida del beneficio, y la intención de Guzmán es lograr la masa crítica para que se apruebe aplicar al futuro acuerdo que negocia el país las tasa para los estados que tienen las cuentas en orden.