El ahogo financiero de Alberto que está asfixiando a Suarez

El ahogo financiero de Alberto que está asfixiando a Suarez

La Nación presiona por el manejo de la cuarentena, pero somete a los gobernadores a un ahogo financiero. Los ingresos de la provincia se desplomaron y los gastos por la pandemia crecieron y la asistencia nacional llega a cuentagotas, algo que puede cambiar tras la visita de Alberto Fernández.

Marcelo Arce

Marcelo Arce

Rodolfo Suarez ya sintió (y de manera muy fuerte) la presión de Alberto Fernández por el manejo de la cuarentena y solo el paso de los días permitió que el gobernador lograra salir del estupor que le había causado ese cruce, el jueves por la tarde, cuando sin vueltas el presidente le advirtió por Zoom que si en Mendoza seguía la política aperturista en el marco de la pandemia la Nación no iba a asistir a la provincia.

Anoche, durante una entrevista con el canal TN, el presidente confirmó que visitará nuestra provincia, algo que Suarez había adelantado en conferencia de prensa, y lo hizo con una frase muy particular, ya que dijo que viajará para ver "cómo podemos ayudar al gobernador y a los mendocinos a pasar este momento".

La reacción inicial fue buscar actividades para cerrar, una decisión tomada casi a ciegas y de manera desesperada que luego se fue mesurando de a poco: del cierre del turismo, de los shoppings, de los gimnasios y de los restaurantes, se pasó a un puñado de restricciones intermedias cuya efectividad para aplanar la curva de contagios estará por verse. Pero que sirvió, al menos, como una señal hacia la Casa Rosada de que algo se cerraba, ante el inocultable aumento de casos.

Sin embargo hay otro ahogo nacional del cual Suarez no puede salir y es el financiero. La ecuación es simple: los ingresos de la provincia disminuyeron considerablemente durante estos últimos meses y los gastos treparon como consecuencia de las exigencias del Covid 19. La única fuente de asistencia que tiene el gobernador en medio de la crisis (y que tendrá por un largo tiempo) son los recursos que provengan desde Buenos Aires. Y en este juego Alberto apuesta fuerte.

Para reflejarlo en números. Los gastos de pandemia superaron ampliamente a esta altura los $3.000 millones y los ingresos totales (coparticipación, regalías petroleras e impuestos provinciales) disminuyeron al 31 de julio de julio un 16%, cifra que representó aproximadamente unos $10.000 millones. La asistencia prometida por la Nación, llegó en cuentagotas: desde el 9 de abril pasado, cuando el Gobierno nacional anunció un plan de rescate para las provincias, Mendoza recibió hasta el momento $1.250 millones en concepto de ATN y sumó otros $1.900 correspondientes a un crédito del Fondo para el Desarrollo Provincial luego de un episodio que el gobernador mendocino aún no olvida. Él había solicitado un préstamo de $5.600 millones de ese fondo, le prometieron $3.000 y le terminaron dando lo que se sabe.

Como un remedo de escenas anteriores en la relación entre los gobernadores y el poder kirchnerista, el peregrinaje de Suarez el lunes a la Casa Rosada para entrevistarse con Alberto fue la síntesis de lo que, otra vez, se convirtió el federalismo en Argentina. Aquí no hay dudas: con esta política de manejo de la caja, la Nación logra mantener a raya a los gobernadores que no pueden desconectarse de ese respirador sin sufrir las consecuencias.

“Le pedí de todo”, dijo Suarez a su vuelta y con cierta ingenuidad ante los periodistas, cuando en conferencia de prensa anunciaba las nuevas restricciones de cuarentena que regirán hasta el 22 de setiembre.



Entre los pedidos hay tres que preocupan, aunque con distintos grados de urgencia. Ya se sabe que Mendoza precisa que Fernández laude a su favor para que se haga Portezuelo del Viento. Desde la provincia están intentando convencer al presidente de que está cerca la posibilidad de un acuerdo en el Coirco (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado) con Río Negro y Neuquén que destrabaría el conflicto, pero Alberto no dio ninguna señal todavía.

“Hablamos del Banco Nación”, reveló Suarez como otro de los pedidos. Aquí la trama ya lleva varios meses. Desde enero, más precisamente. La provincia está intentando desde ese momento renegociar los pagos de una deuda de $3.500 millones contraída por Alfredo Cornejo y, en mayo, el presidente dio el aval político para que se ese arreglo se concretara. El Nación impuso una condición en el camino: que Mendoza debía renovar el contrato para que la entidad continuara operando como agente financiero, cláusula que desde el ministerio de Hacienda se negaron a firmar. Se reabrió otra negociación en dónde el banco aceptó quitar ese condicionante, pero el directorio todavía no aprueba el acuerdo. Como resultado, un convenio que ya lleva ocho meses discutiéndose, a esta altura le significó a la provincia unos $2.000 millones en descuentos que podrían haberse refinanciado.

Pero lo que más preocupa son los descuentos por la deuda con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses. Esa deuda que Mendoza, y otra veintena de provincias, tiene con el FGS fueron contraídas en 2016, luego de un acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri para la devolución de los descuentos del 15% que los distritos del interior sufrieron durante años y después de que tres provincias (Córdoba, Santa Fe y San Luis) obtuvieran un fallo favorable de la Corte Suprema por un reclamo judicial que habían iniciado. El pago es a través de descuentos de la coparticipación y lo recaudado está previsto que se destine para que 900 mil jubilados que fueron beneficiados por la Reparación Histórica puedan cobrar.

Los gobernadores habían logrado en febrero el compromiso del ministro del Interior, Wado de Pedro, para refinanciar esa deuda y que los descuentos que iban a comenzar a operar en agosto no se produjeran. Sin embargo, sin aviso previo, a principios del mes pasado la Nación retuvo unos $25.000 en total y a Mendoza le descontó $1.178 millones. El argumento fue que, si las provincias suspenden el pago, la Anses no cuenta con los fondos para los jubilados y por ello se busca ahora que una ley lo faculte al Ministerio de Economía a hacerse cargo de esos fondos.

Ante el revuelo en el interior, días después se anunció la devolución de esos fondos. Pero las provincias tendrán que pagar esa deuda en el lapso de 45 días y al doble de tasa. En el camino, se llegó a un compromiso para que, en ese mismo lapso de tiempo, el Congreso apruebe una ley para que se financie el pago a los jubilados de otra forma. Esos días ya están corriendo y, con con la Cámara de Diputados virtualmente paralizada, Suarez no sabe de qué manera podrá evitar ese pago que, de producirse, terminará profundizando aun más su agujero financiero.

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