Las increíbles sanciones que se aplicaron por el robo en Vialidad

Una investigación interna de la Dirección Provincial de Vialidad finalmente corroboró el robo millonario llevado a cabo por un grupo de empleados de la repartición durante los años 2018 y 2019 y aunque el desfalco también fuera detectado y sancionado por el Tribunal de Cuentas, finalmente ninguno de esos agentes involucrados fue despedido.

Algunos de ellos solo fueron suspendidos, otros simplemente apercibidos y a quien el mismo organismo encontró como la responsable de estructurar esta organización fraudulenta, nada. Se trata de Corina Gallardo, la ex secretaria de RR. HH de la repartición, a quien Vialidad directamente no incluyó en la investigación “por falta de elementos de prueba y en uso del principio de la presunción de inocencia”.

A esta altura ya es muy particular el estado de situación: cuando el escándalo estalló, Gallardo fue refugiada en un cargo en el área de Salud de la municipalidad de Godoy Cruz y si bien reconoció ante escribano público que había falsificado la firma del entonces administrador de Vialidad, Oscar Sandes, para emitir facturas apócrifas y cobrar ese dinero “no se la pueda sancionar por ser funcionaria y no personal de planta”, según el órgano que la investigó.

Estos detalles y muchos otros más están escritos en las conclusiones del sumario interno que la repartición encargada de reparar caminos provinciales elaboró y al que accedió MDZ, que derivó finalmente en un puñado de sanciones relativamente leves si se toma en cuenta la dimensión de la defraudación al Estado.

Hasta aquí, Rodolfo Suarez ya pagó un costo muy alto por toda esta situación. La salida de Sandes fue solapada con el argumento de que dejó su puesto para jubilarse después de muchos años de servicios, cosa que se ajustó solo en parte a la realidad. El gobernador había apostado a cambiar la conducción de Vialidad de entrada, pero debió sujetarse a un acuerdo con el propio funcionario para que esa salida se produjera en el transcurso de este año.

Sandes dejó Vialidad finalmente el 1 de agosto (después de haber llegado a ese lugar y haber sido sostenido por Alfredo Cornejo durante todos estos últimos meses) y condujo un organismo en el cual se detectó que un grupo de empleados perpetró, durante dos años al menos, una estafa millonaria que fue penada por el Tribunal de Cuentas y cuyo monto todavía es incalculable: se estima que el robo pudo haber rondado como mínimo los $9 millones.

El exadministrador apeló (con un equipo de siete abogados) un cargo por $3 millones que el Tribunal le impuso y siempre sostuvo que iba a esperar a que la Justicia resuelva su responsabilidad penal en el caso para hablar. Sin embargo, nunca asumió la responsabilidad política sobre lo sucedido y durante un buen tiempo se atornilló en su sillón y nadie en el Gobierno se atrevío a echarlo.Finalmente se produjo la salida y el reemplazo por Osvaldo Romagnoli como nuevo titular.

Pero el día en que se fue, Sandes dejó un regalo. Los resultados de los sumarios internos fueron firmados el 31 de julio por él mismo y por la totalidad de los integrantes del Consejo Ejecutivo de la repartición. Esa resolución, que lleva el número 396, es un detallado informe de cómo fueron los hechos que van desde la presentación de decenas de facturas apócrifas, pasando por jubilados que estaban trabajando de manera irregular en oficinas de contralor, hasta el hallazgo de que, en algunas oportunidades, los mismos empleados de Vialidad habían montado una “financiera” dentro del organismo para prestarse entre ellos plata que en realidad era del Estado y que “devolvían en cómodas cuotas”.

En un extenso escrito de 21 carillas, el Consejo detalla aspectos de las maniobras. Y en ese documento hay de todo:

- En primer lugar, siempre buscan dejar a salvo la figura de Sandes. El Consejo terminó avalando la versión del cuestionado exadministrador quien siempre sostuvo que le habían falsificado la firma en un sinnúmero de facturas apócrifas.

-Para los sumariantes, los responsables de orquestar las maniobras fueron Gallardo, como secretaria de RR.HH y Elias Jurado, como gerente de Economía y Finanzas. También la Tesorera, Miriam Herrera, el área de Revisión que estaba a cargo de dos jubilados (Obrador y Bucolo) y el jefe del área Informática “para generar todo un trámite de desviación de fondos”. A los tres primeros, el Tribunal de Cuentas ya les había aplicado cargos millonarios por la defraudación.

- ¿Cómo detectaron que fue esa “desviación”? Solo por mencionar algunas de las decenas de irregularidades administrativas encontradas, el Consejo redactó en su informe que “se pagaban facturas que no estaban a nombre de Vialidad, sino que estaban a nombre de nadie o tenía el nombre de los propios agentes viales, lo que a todas luces es inviable. Además esas facturas o tickets no respondían a situaciones de emergencia o gastos autorizados por resoluciones, sino que responden a almuerzos o comidas realizadas durante los fines de semana o feriados, o artículos personales adquiridos por los agentes involucrados”.

Otra: “También se han detectado gastos de combustibles durante los fines de semana o lugares alejados del sitio de prestación de servicio de los agentes, muchas veces dichos tickets tenían minutos de diferencia en la misma estación de combustible lo que permite suponer que recogían los tickets del suelo”.

En otra de las maniobras advertidas, se descubrió “el pago de reparación de elementos de informática (CPU impresoras ) que superan muy generosamente el valor del elemento en sí, si se adquiriera como nuevo”.

Algunos empleados, tomaban préstamos otorgados por otros empleados. “Se utilizaban los fondos viales a modo de financiera para cubrir gastos personales de los agentes como es el caso de Francisco Sánchez, al que se le prestó dinero ($40.000) en el mes de febrero de 2019 y lo fue devolviendo en cómodas cuotas mensuales hasta cancelar su deuda en el mes de octubre de 2019”, reza el informe.

- La facturación trucha fue un festival. Al menos cuatro carillas de las conclusiones de la investigación están dedicadas a detallar decenas de boletas que fueron cobradas por gastos que nada tenían que ver con trabajos solicitados por Vialidad o comprobantes emitidos a consumidor final, que no podían ser aceptados. Por ejemplo, una casa de electricidad de San Rafael que facturó $42.000 por un supuesto trabajo de “mantenimiento de posnet” o un comercio que le vendió “maderas varias” y terminó cobrado $45.000.

La estrella de los facturadores, sin dudas, fue Gallardo. Por supuesto que quedó acreditado, como trascendió en su momento, que se pagó gastos en la Costa Atlántica, que pasabas ticket de nafta Infinia (cuando la mayoría del equipamiento funciona con diesel) y que cobró boletas de “peajes, estaciones de servicio, gastos en hotel , comidas. Incluso comidas a consumidor final realizados en Mendoza y en días feriados y gastos de combustibles de fines de semana en tickets, también los días de semana, todos a consumidor final y nafta infinia o súper”.

Por mencionar solo dos más: Gallardo pasó una factura por $36.500 por servicios varios por un trabajo de “asesoramiento” realizado por Carlos Lunas. Después se descubrió que Lunas era pariente directo suyo y que ese trabajo “se hizo sin establecer ningún contrato de locación como se impone en el Estado” y que además “no se sabe cual es el asesoramiento”.

Y la otra perla: “Corina Gallardo -según el Consejo- pasó para que le devolvieron un ticket de $35.648,51 en una boleta a nombre de Cencosud que la pasó para que se lo devolvieran en efectivo”. El asunto fue que esa compra (se descarta que en un supermercado) fue un domingo y que además ese tipo de devoluciones de gastos no se pueden hacer de esa manera cuando el monto supera los $3500, porque el mecanismo de devolución en ese caso es a través de cheques.

Ahora bien. Luego de todas estas irregularidades detectadas: ¿Cuáles fueron las penalidades”. Con ya se dijo, a Gallardo directamente no se la investigó. “Esta instrucción concluye que les asiste responsabilidad y son susceptibles de ser sancionados (por los agentes agentes involucrados). También se está en el convencimiento que existen otras personas que estuvieron involucradas o que al menos estaban en conocimiento por su lugar de trabajo y por participar, de alguna forma, en hechos irregulares. Como por ejemplo quien oficiaba como secretaria de la Gerente de RR HH. ,Corina Gallardo, pero por falta de elementos de prueba y en uso del principio de la presunción de inocencia, no se encuentra incluida en esta investigación”.

Al contador Jurado, otro de los que fue encontrado responsable de cometer irregularidades, se le aplicó una suspensión de 29 días. A la Tesorera Herrera, 25 días de suspensión y así hasta contabilizar al menos una decena de sanciones similares y ninguna que implique el despido.

Queda por analizar un caso en particular a la hora de las responsabilidades: si bien Gallardo fue un engranaje clave en esta historia, también lo fue José Mariano Yanzón, jefe División Equipos y brazo político del exadministrador. Sobre él también cayó el Tribunal de Cuentas en su momento, que le aplicó una multa. Pero para el Consejo Ejecutivo que firmó su resolución el último día de la gestión de Sandes, solo fue merecedor de un “apercibimiento”.

Los argumentos son de antología: “Finalmente el caso del agente Yanzón- se sostiene en el informe- es diferente porque de todas las boletas presentadas muchas las pudo justificar y otras no, pero varias de las boletas presentadas por dicho agente fueron adulteradas en su monto, lo que se estima que ocurrió con posterioridad de entregadas y el perjuicio fiscal sería aparentemente menor y, además, lo beneficia el principio de la duda”.