La fórmula explosiva que madura el oficialismo para 2021, cómo lo contrarrestaría el PJ y una causa con repercusión nacional en la Corte

Cornejo y Cobos no tienen una gran relación, más allá de aquellas épocas de construcción conjunta desde 2005. Pero la "causa" sería ganar. A Cornejo le permitiría tener un escenario más propicio para dar batalla nacional y con 6 años de aliento. Pero también se le plantearía una duda: ser candidato el año que viene podría alejarlo de su "plan B": aspirar nuevamente a la gobernación de Mendoza en 2023.

Anabel y Ramón, un solo corazón

Si de especulaciones electorales se trata, hay dos que funcionan en tándem hace tiempo y aunque son de partidos políticos distintos "la realidad" los hace confluir. La senadora Anabel Fernández Sagasti y el diputado José Ramón trabajan temas en conjunto y el fundador de Protectora tiene gestos de amistad con el oficialismo que no pasan desapercibidos. En Buenos Aires le llaman "los Ramones" al grupo paraoficial de legisladores que son funcionales a los intereses del Gobierno dando quórum o apoyando proyectos. El punto clave será la reforma judicial, donde todos los ojos estarán en el bloque que conduce Ramón. 

En Capital dan por hecho que Ramón negocia un acuerdo electoral con el Frente de Todos. Él lo niega, así como lo hacía durante la campaña pasada en la que se negoció la adhesión de Protectora a ese bloque. 

Fernández Sagasti también deja su cargo en el Senado. Tiene el mismo dilema de Cornejo, pero su destino está casi cantado para ir de nuevo a la Cámara Alta: Cristina, quien siempre la eligió, le tiene máxima confianza y es una de sus espadas. Tanto, que conduce una de las comisiones clave para el futuro del Poder Judicial, en caso de que se apruebe la reforma. Ella está a cargo de la Comisión de Acuerdos, por donde pasarían los más de 100 jueces que se nombrarían. 

Ramón termina su mandato y, a la luz de lo ocurrido en las últimas elecciones y sobre todo los conflictos internos de Protectora, parece difícil que tenga chances de renovar la banca. Por eso una de las posibilidades es sumarse al Frente de Todos. Sea bajo su nombre propio o usando el mascarón de Protectora. Todo puede ser.

Un debate clave en la Suprema Corte

Tribunales parece adormecido, pero hay debates profundos que se vienen. Uno de ellos tiene una fuerte trascendencia jurídica, pero también política. Se trata de la causa en la que la Suprema Corte debe decidir sobre la constitucionalidad de la prisión perpetua. El año pasado ocurrió un hecho curioso: en un juicio por jurados realizados por el brutal homicidio de Juan Leonardo Lucero (lo mataron y lo prendieron fuego adentro de una valija) los 12 integrantes del jurado determinaron la culpabilidad de los acusados. La única condena posible para el delito era la prisión perpetua. Pero el juez Eduardo Martearena, que era el juez coordinador, sorprendió: declaró que la condena perpetua era inconstitucional y que por eso no la podía aplicar y difirió la pena (luego le dio a los tres culpables 25 años de cárcel). La apelación fue inmediata y la Corte debe decidir. 

Pues la intención de un sector de ese tribunal es que la causa se decida en fallo plenario, es decir que voten los 7 integrantes del Tribunal y no tres. Pero además, llamaría a una audiencia pública para poner a consideración de la gente si válido o no condenar a una persona a prisión perpetua. Además del tema jurisdiccional, hay una maniobra política detrás para exponer una de las grietas sobre el enfoque de la política criminal. "Garantistas versus punitivistas", dirían en una versión reduccionista. Allí quienes impulsan la Audiencia Pública buscan exponer también la visión de Palermo y Martearena (a quien consideran uno de los discípulos del juez de la Corte). Justo el tema sale cuando Palermo toma relevancia nacional por la convocatoria del presidente para asesorarlo sobre la reforma judicial.

En Tribunales le rezan a San Expedito

Pasan algunas cosas insólitas en Tribunales. Y hay abogados que se cansaron de la vía terrenal para reclamar que les paguen y recurren a "divinidades". Es lo que se notó en un escrito judicial donde además de las formalidades, un letrado pide ayuda divina para que le regulen y le paguen los honorarios que le corresponden. 

Así se puede leer en en texto donde el abogado aclara que es la vez número 19 que pide que le regulen los honorarios y encomienda todo a San Expedito, el santo popular de las cosas urgentes. En el texto, incluso, está la oración al santo sanjuanino. 

La obra del siglo con más demoras

Pasa casi desapercibido por la pandemia y las urgencias. Pero la licitación de Portezuelo del Viento sigue sumando curiosidades. Ocurrió que se suspendió la apertura de los sobres 2 y 3, sin fecha propicia. La excusa es que la comisión no alcanzó a completar el análisis de la documentación de la única UTE que se presentó, que lidera la empresa china Sinohydro, con IMPSA, CEOSA y Obras Andinas. Curioso, pues qué hubiera pasado si había más de una. La dilación en la resolución no genera tensiones internas porque no hay más empresas. Pero sí dudas. ¿Quién pone los plazos?

Otra bola que se arma: los servicios públicos

El Gobierno de la provincia extiende el congelamiento de las tarifas hasta fin de año por los problemas económicos de las familias mendocinas. Pero sabe que eso genera contingencias a futuro que serán difíciles de enfrentar, pues los problemas financieros de la provincia no tienen una salida fácil. 

El problema es que se suspenden los aumentos para los usuarios, pero se generan obligaciones a pagar e ingresos no percibidos para las empresas. Ocurrirá con el servicio eléctrico, donde se analizará cuánto debería subir el VAD y la tarifa, pero que no se aplicará. Lo que no se sabe es cómo se pagarán esos ingresos no percibidos: si se cargará a boletas a futuro (la posibilidad más viable) o si se hará cargo el Estado. Como en el día de la marmota, la realidad se repite. Ya hubo largos conflictos con las empresas por ese tema, principalmente con EDEMSA. Pero en años anteriores hubo un acuerdo de "tablas" por las deudas y las irregularidades que la empresa tenía. El Gobierno, encabezado por Cornejo, le dio tarifa plena y obligó a EDEMSA a pagar multas y agregó controles. Había elementos para quitar la concesión, pero el Gobernador decidió no ir por ese camino por temor a juicios internacionales donde Mendoza siempre perdió. Los accionistas de EDEMSA sobrevivieron y ahora el Estado puede generar problemas. Una historia de nunca acabar. 

Uno que reaparece: Sanz pide pista, pero le piden derecho de piso

Ernesto Sanz se alejó de los primeros planos de la política cuando asumió Mauricio Macri. Tras haber craneado Cambiemos con Lilita Carrió y Mauricio Macri, se refugió en San Rafael. Pero nunca dejó de asesorar al ex presidente y tampoco se alejó del todo de la política. Reavivó su estudio de abogados, asesoró a empresarios del Sur como Omar Álvarez y también sostuvo viejos contactos con otras firmas como Techint. 

Pero ahora pide pista: en las últimas semanas estuvo activo desde las plataformas virtuales, herramienta que sumó a su "teléfono caliente". Esa actividad se complementará con más apariciones mediáticas en Buenos Aires, donde solía tener protagonismo. Sanz no lo ha dicho, pero vuelve al escenario político activo. Eso no implica, por ahora, que sea parte del juego electoral. 

Contraataque desde el Gobierno

En una jugada que sonó a represalia, el gobierno difundió esta semana una denuncia en contra de las empresas constructoras que, a su vez, habían denunciado ante la Fiscalía de Estado irregularidades en la licitación del acueducto Monte Comán - La Horqueta. Se trata de la obra a cargo del Departamento General de Irrigación que se cayó porque el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) decidió no financiarla por sospechas de corrupción. La denuncia del Gobierno es contra las empresas Laugero Construcciones SA, Corporación del Sur y Aquapark (las dos primeras fueron las que denunciaron a Irrigación) quienes, según se supo, fueron sujeto de una demanda penal por parte de la  Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza que reclama que presentaron"Certificados de Vigencia" falsos ante el Ministerio de Finanzas de Córdoba para participar de licitaciones de obras de cloacas en esa provincia. Las empresas emitieron ayer un comunicado lo que pasó y que fueron engañados. "Nos queda la sospecha de que ha primado la intención de instalar un relato interesado, buscando desprestigiar a nuestras empresas, lo que nos lleva a reforzar y ratificar -una vez más- nuestro compromiso e interés en elevar los estándares de transparencia, tanto en nuestras empresas como en el Estado”. Como ya se sabe, hace unos meses se conoció que el BID le había retirado el financiamiento de $645 millones al acueducto proyectado en San Rafael. Sergio Marinelli, el titular de Irrigación, sostiene que la licitación estuvo bien hecha y que el problema se generó por un problema entre empresas. Sin embargo, como se denunció ante el BID, los responsables de la Comisión de Adjudicación fueron quienes violaron el secreto dentro del proceso, anticipando que la obra estaba destinada a la UTE conformada por Obras Andinas y Ceosa. Este punto, jamás se investigó.  

¿Verías productos audiovisuales mendocinos?

Una encuesta de opinión sobre películas y series hechas en Mendoza. Desde el equipo de Investigación de FilmAndes (filmandes.com) están invitando a responder un cuestionario y desde ya, agradecen la colaboración. ¿El objetivo? Conocer si quien responde está dispuesto a ver series de producción mendocina, y si pagaría por ello.

Los datos obtenidos son anónimos y confidenciales y no será proporcionada información a terceros bajo ninguna circunstancia. De hecho, se aclara que todos los datos que incorpore a la encuesta serán tratados de forma confidencial (conforme a la Ley 25326 de Habeas Data). Al responder a la encuesta, quien lo hace participa del sorteo de suscripciones anuales a "Netflix".

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Más tensión en el mundo del vino

Sigue "la grieta" entre las instituciones del mundo del vino. La pelea que sobrevuela al mundo del vino tras la escisión de varias entidades de la COVIAR encabezadas por Bodegas de Argentina y el Centro de Bodegueros y Viñateros del Este se trasladó ahora a las plataformas virtuales de Zoom y Google Meet del Ministerio de Trabajo, en el ámbito de las negociaciones paritarias.
Desde hace varios años los representantes de uno y otro sector siguen siendo prácticamente los mismos jugadores: los representantes patronales de un lado, los de FOEVA (Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines) por otro; y en el medio tratando de acercar a las partes, los funcionarios de la cartera laboral, quienes van mutando de acuerdo a los cambios de gestión política en el Gobierno nacional. Las entidades que rompieron con la COVIAR, a pesar del difícil momento que pasa la economía por efectos de la pandemia, se hicieron eco de las peticiones de los trabajadores y avanzaron en una propuesta de un aumento del 40% de promedio en la masa salarial, incluso algunos grandes grupos les han adelantado ingresos a sus empleados a cuenta de futuros aumentos, y contarían con el guiño positivo de los representantes sindicales. Sin embargo el chisme dice que la principal resistencia a acercarse a la adecuación salarial sería de la UVA (Unión Vitivinícola Argentina). "¡Los que supuestamente están gritando que las ventas no paran de crecer, a los trabajadores le dicen que tienen los bolsillos flacos! Es una dicotomía constante. Son los reyes del doble mensaje", comentó un allegado al tema.