El gobierno de Alfredo Cornejo echó a decenas de empleados públicos en 2026

El Gobierno de Alfredo Cornejo profundizó durante 2026 la aplicación de sanciones contra empleados públicos provinciales: ya son alrededor de 50 los despidos. El dato surge del seguimiento de los decretos y resoluciones publicados durante el año en el Boletín Oficial de Mendoza, aunque algunas publicaciones corresponden a expedientes iniciados en años anteriores y otros no han sido publicados.

La dimensión del fenómeno puede ponerse en contexto con el tamaño de la administración provincial: hasta 2025 Mendoza tenía 91.537 trabajadores estatales, según datos del Ministerio de Hacienda. La enorme mayoría se concentra en Educación, Salud y Seguridad.

A la par de las cesantías que se vienen acumulando en distintas áreas, el Ejecutivo acaba de enviar a la Legislatura un proyecto para reformar el régimen disciplinario y acelerar los procedimientos para sancionar a los agentes estatales, con nuevas herramientas para controlar el ausentismo y aplicar cesantías en determinados casos.

Las causas que se repiten

Los expedientes muestran que una de las principales razones para disponer las cesantías son las inasistencias injustificadas.

También aparecen casos de abandono del puesto de trabajo, incumplimientos de las obligaciones laborales, irregularidades administrativas y situaciones particulares detectadas durante los sumarios.

En algunos expedientes la cantidad de faltas acumuladas es llamativa: hay agentes con decenas e incluso cientos de inasistencias sin justificar que terminaron perdiendo su puesto. El propio Gobierno informó, por ejemplo, cesantías vinculadas a inasistencias reiteradas, abandono de funciones y faltas graves al régimen disciplinario.

Salud, uno de los sectores con más cesantías

El Ministerio de Salud concentra una parte importante de las sanciones. En agosto, por ejemplo, el Gobierno avanzó con la cesantía de 10 trabajadores, principalmente por ausencias injustificadas.

Los expedientes incluyen agentes con 9, 14, 38 y hasta 42 inasistencias sin justificar, además de situaciones relacionadas con abandono de funciones. Uno de los casos que tuvo mayor repercusión fue la de una delegada de ATE del Hospital Central. Su cesantía estuvo vinculada con la utilización de historias clínicas sin autorización y requirió un proceso judicial relacionado con su tutela sindical.

En la última tanda publicada también aparecen casos de trabajadores de Salud sancionados por la presentación de certificados médicos considerados apócrifos.

Educación también aparece en el listado

La Dirección General de Escuelas es otra de las áreas donde se acumularon expedientes disciplinarios.

Entre los casos aparece una celadora de la Escuela León Gieco, quien fue cesanteada por inasistencias injustificadas. También figura otro agente estatal, quien acumuló más de 60 ausencias sin justificar y terminó alcanzado por la máxima sanción administrativa.

En otra tanda, el Gobierno oficializó las cesantías de dos mujeres. Ambas por el mismo motivo: incluso una de ellas acumuló 332 inasistencias injustificadas entre 2021 y 2022.

Seguridad y otras reparticiones

Seguridad también registra trabajadores cesanteados durante el año. Uno de los casos es el de un agente cuya situación combinó inasistencias con una condena por portación ilegal de arma. También hubo cesantías en Transporte y Ambiente.

En marzo, por ejemplo, fue cesanteado un agente de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, por ausencias injustificadas. En una de las tandas oficiales también fueron alcanzados por cuatro empleados más, todos vinculados al área de Seguridad y Justicia.

La última tanda: nuevas cesantías y sanciones

La sucesión de medidas volvió a quedar expuesta esta semana. El 24 de septiembre se publicó una nueva tanda de sanciones que involucró nueve expedientes y 11 trabajadores y profesionales, entre cesantías, suspensiones y otras medidas disciplinarias. Los casos corresponden a Salud, Educación, Protección de Derechos, ATM y el Ministerio Público Fiscal.

Entre los motivos aparecen inasistencias injustificadas, certificados médicos considerados apócrifos, incumplimientos y otras faltas administrativas. La nueva tanda volvió a poner el foco sobre la política que lleva adelante el Ejecutivo para controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales dentro del Estado.

En detalle

Las publicaciones en el Boletín Oficial muestran cómo se fue desglosando la salida de los agentes a lo largo del año:

• 23 de abril: Se oficializaron 8 cesantías firmes que afectaron a personal de la Dirección General de Escuelas (DGE), el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad.
• 28 de mayo: El Ejecutivo firmó la baja de otros 10 empleados públicos, tras comprobarse que justificaban sus ausencias mediante carpetas médicas falsas y abandono reiterado del puesto.
• 30 de julio: Quedaron firmes otras 10 cesantías. En este caso, el gobernador ratificó las medidas tras rechazar los recursos de apelación interpuestos por los agentes sumariados.
• 16 de septiembre: Se dictaron 3 cesantías clave en la ATM (Administración Tributaria Mendoza) de la delegación Zona Sur, vinculadas a irregularidades con licencias de salud adulteradas.
• 24 de septiembre: En la última gran tanda del mes, el Ejecutivo dispuso 14 cesantías y sanciones disciplinarias conjuntas. Entre los sancionados de la DGE, ATM y Transporte, se destacó el caso de un agente estatal que se encontraba bajo prisión efectiva por causas ajenas al servicio, pero incompatibles con su función.

Qué quiere cambiar Cornejo

El proyecto enviado esta semana a la Legislatura propone reemplazar el régimen disciplinario vigente, establecido en el anexo de la Ley 9.103, y apunta a reducir los tiempos de los sumarios y fortalecer la Oficina General de Sumarios.

Uno de los cambios centrales es que la Oficina General de Sumarios tenga autonomía técnica y funcional y pueda iniciar investigaciones de oficio cuando tome conocimiento de hechos que podrían constituir faltas disciplinarias.

Además, el proyecto crea un procedimiento especial para determinadas causales objetivas de cesantía.

Entre ellas aparecen más de seis inasistencias injustificadas dentro de seis meses, el abandono de servicio —más de cinco ausencias consecutivas después de una intimación— y la acumulación de 30 o más días de suspensión firme durante un período de 12 meses.

La iniciativa también incorpora la figura del Responsable Administrativo de Presentismo en cada repartición, encargado de controlar los registros de asistencia y advertir situaciones que puedan configurar una causal de cesantía.

A esto se suma la digitalización de los procedimientos, las notificaciones electrónicas y la posibilidad de realizar audiencias virtuales.

Un Estado con más de 91 mil trabajadores

Las cesantías se producen sobre una estructura estatal que, al cierre de 2025, contaba con 91.537 trabajadores. Se trata de una planta estatal que se ha ido reduciendo año tras año, desde el primer Gobierno de Cornejo en 2015.

La cifra permite dimensionar el tamaño de la administración provincial y el universo sobre el que impactan las nuevas medidas disciplinarias.El Gobierno viene sosteniendo una política de mayor control sobre el presentismo y el cumplimiento de las obligaciones de los agentes estatales.

Y ahora busca dar un paso más: cambiar las reglas para que los sumarios sean más rápidos y algunas causales de cesantía puedan resolverse mediante procedimientos especiales.

Mientras el Boletín Oficial sigue registrando nuevas sanciones, el proyecto de Cornejo ya comenzó su recorrido legislativo y promete abrir otra discusión con los gremios y los trabajadores estatales sobre cómo se controlan las faltas y cuál debe ser el procedimiento para llegar a una cesantía.