Palermo ratificó que la Corte votará si es legal o no el cargo de Day
En otra movida de fuerte contenido político, la Sala II de la Suprema Corte ratificó hoy su convocatoria a una audiencia pública para el próximo 30 de julio y discutir allí, bajo el amparo del tribunal, la pregunta que desde hace casi dos meses sacude al Gobierno y a la Justicia dejándolos al borde del abismo institucional por la designación de María Teresa Day como jueza: ¿Cómo debe interpretarse y cuáles son los alcances del requisito constitucional de ejercicio de la profesión para ser ministro de la Corte?
Asimismo, con la firma de su presidente, Omar Palermo, la Sala confirmó el llamado a votación plenaria para que sea la totalidad de los miembros del máximo órgano judicial quien resuelva si son válidos o no, los planteos de un grupo de senadores opositores y de organizaciones de Derechos Humanos quienes entendieron que Day no alcanza los requisitos que exige la Constitución para ser magistrada. Esto es lo que marca el artículo 152 inciso 3, que exige el ejercicio de, al menos diez años, de la profesión de abogada.
El propio Palermo, Mario Adaro y Julio Gómez (los tres miembros de la Corte de extracción Justicialista) ya habían convocado a esta audiencia solo dos días después de la votación del pliego de Day, el 2 de julio, en el Senado y de que, ese mismo día, Rodolfo Suarez la hiciera jurar a su candidata de apuro para evitar que la Justicia frenara ese nombramiento si terminaba viabilizando una media de amparo.
En el camino el Poder Ejecutivo intentó revocar tanto la audiencia como la votación plenaria a través de presentaciones que, entre otros, realizó el Asesor de Gobierno, Ricardo Canet. En la resolución conocida esta tarde, Palermo le respondió al abogado del gobernador en duros términos. “Los argumentos sostenidos por el recurrente (Canet) no desvirtúan los fundamentos considerados en la resolución cuestionada, esto es, que la decisión del Presidente de Sala que convoca a resolver un tema de máximo interés y gravedad institucional en jurisdicción originaria del Tribunal no se encuentra subordinada ni supeditada a la decisión de los restantes integrantes del Tribunal ni a ningún otro trámite procedimental; como así tampoco lo están las formas de participación que aporten mayor información a la decisión, más aún si las mismas están contempladas en el diseño constitucional de la Nación”.
Y siguió: “Expresado con otras palabras, la celeridad, la transparencia, la contradicción, la publicidad y el diálogo democrático que, en condiciones de igualdad, garantiza la audiencia pública, en un tema de enorme trascendencia como el que nos ocupa, no solo no deberían inquietar al Sr. Asesor de Gobierno, sino que, entiendo, deberían generar su respaldo sin reservas. La provincia está necesitando señales de respeto institucional. Que el Sr. Asesor, no de un Gobierno en particular, sino del Gobierno de todos y todas los mendocinos y mendocinas, diera muestras de confianza institucional en quienes actualmente formamos parte de su Suprema Corte de Justicia, podría ser un buen indicio de retorno al camino de la convivencia democrática”.
A esta altura, ya está claro cuáles son las claves del conflicto. Lo que Palermo, Adaro y Gómez pretenden es que sea la misma Corte la que vote, que sea ella misma la que resuelva el problema sobre la constitucionalidad del nombramiento de Day y entienden que el tema, además, es judiciable. Precisamente lo contrario a lo que sostiene el Gobierno: para Suarez la cuestión primero nunca debió llegar a la Justicia y, segundo, la aprobación del pliego en el Senado de quien fuera su postulante ya es suficiente sentencia.
Palermo sintetizó su postura de esta forma en el escrito que trascendió hoy. “En el tema que se trae a consideración de esta Corte esa responsabilidad institucional debe hacerse efectiva, según creo, del siguiente modo. Por un lado, garantizando una discusión pública abierta, honesta, horizontal, transparente e igualitaria. Por otro lado, asegurando que sean los integrantes titulares de esta Suprema Corte de Justicia, votados por el Honorable Senado de la Provincia de Mendoza, es decir, votados por el pueblo de Mendoza, a través de sus representantes, quienes debamos dictar, sin dilaciones indebidas, un pronunciamiento judicial que esté en consonancia con las leyes, con la Constitución provincial y la Constitución nacional, tal como lo hemos juramentado en nuestras respectivas asunciones”.
Qué hará el Gobierno, todavía es una incógnita. Los jueces que movilizaron la votación plenaria, pretenden que sea en lo inmediato, es decir, a más tardar un mes y medio o dos después de realizada la audiencia pública. El presidente de la Corte, Dalmiro Garay, podría objetar esta convocatoria a votación al entender que técnicamente fue mal realizada: para él este tipo de instancias deben ser llamadas cuando la causa está en estado de resolver, hecho que aún no sucede.
Pero independientemente de esto es casi un hecho que la votación se dará. Aunque quedan algunas dudas aún. Una de ellas es cómo se votara y aquí esta el punto de debate. La Sala II pidió que el fallo sea plenario, de la totalidad de los miembros de la Corte, sentencia que fijaría un criterio jurídico para el resto de las designaciones de los magistrados en cuanto a este tema. Pero sobre todo, este mecanismo evitará las posibles recusaciones de los jueces. La jugada del Gobierno será probablemente buscar que ese fallo sea del pleno del tribunal, es decir que se ocuparía solo de este caso en particular y,además, permitiría la recusación de los magistrados con lo cual los magistrados de la Corte podrían terminar no interviniendo.
Si se llegara al momento de la votación, la otra gran incógnita es saber qué hará Day. La propia involucrada, entienden, debería excusarse de votar con lo cual el resultado terminaría siendo tres a tres, en caso de que, como se supone, Adaro , Palermo y Gómez sostengan que no cumple los requisitos. Y que Garay, José Valerio y Pedro Llorente, como se descarta, voten que sí. ¿Cómo se definiría entonces? Se sumaría como conjueza de la Corte a un camarista que, en este caso, terminaría siendo Alejandra Orbelli.




