La pelea con la Corte: trasfondo de una crisis que toma más velocidad

La pelea con la Corte: trasfondo de una crisis que toma más velocidad

Los jueces del tribunal cercanos al peronismo entienden que el gobierno orquestó un golpe institucional para desplazar a Jorge Nanclares e intentarán llegar a un fallo plenario para definir la legalidad de la designación de María Teresa Day. El Gobierno resiste y busca cómo evitar esa votación.

Marcelo Arce

Marcelo Arce

marce@mdzol.com

El grave conflicto institucional entre el Gobierno y un grupo de jueces de la Suprema Corte, desatado por la designación de María Teresa Day, lejos está de aplacarse. Y si para Rodolfo Suarez ya había pasado el peligro de un choque de frente de dos trenes, la realidad es que, luego de la votación en el Senado y de la jura a las apuradas de la nueva ministra del tribunal, esas dos locomotoras solo habían bajado un poco la velocidad. Y esta última semana volvieron a acelerar.

En el mes y pico que llevamos metidos en esta crisis quedaron en claro al menos un par de cuestiones. Una de ellas es que la lucha desatada es por el poder dentro del tribunal y que para lograr ese objetivo todo está siendo válido, aún a riesgo de poner en jaque a la institucionalidad de Mendoza. Y lo otro: la puja que está dando un sector de la Corte filoperonista no es con el gobernador, es con Alfredo Cornejo que, a los pocos meses de dejar la Casa de Gobierno, es quien sigue moviendo los hilos de la política y varios aspectos de la gestión.

Para el Gobierno ya fue muy difícil de explicar la desprolija maniobra para hacer jurar a Day a las pocas horas de que su pliego fuera votado en el Senado, bajo el argumento de que, con esa rapidez de movimientos, evitaban el avance de una medida cautelar que un grupo de senadores opositores había presentado para impedir que eso sucediera.

Algo de sustento había en esa desesperación por convertir rápido a Day en jueza. Dos de los tres magistrados que integran la Sala II, Mario Adaro y Omar Palermo (el otro es José Valerio), habían decidido no hacer lugar a esa medida de emergencia antes de que Day pasara el filtro del Senado. Pero le habían reconocido al Poder Ejecutivo que estaban dispuestos quizás a frenar su asunción hasta que se resolviera la cuestión de fondo que es si la ex coordinadora del Ministerio Público Fiscal, cumple o no con los requisitos constitucionales para desempeñar el cargo que ya está ejerciendo.

Este lunes, el Gobierno volvió a dar otra muestra de desmanejo en el marco de este problema. O bien porque está buscando que muy velozmente Day ya comience a hacer actos útiles como jueza; o porque, en este caso, están buscando disipar las dudas acerca de que que no tiene perspectiva de género; o porque le querían dar un cachetazo a Palermo; o, lo que es más probable, por una mezcla de las tres cosas juntas; la flamante magistrada estampó su firma en una sentencia que aumentó de 8 a 26 años de prisión la pena para el asesino de Micaela Tati, la niña de 13 años que fue asesinada a balazos en 2012  en el barrio La Gloria de Godoy Cruz.

Esta causa tuvo un recorrido muy particular durante los últimos años. El condenado se llama Jorge Barroso, inicialmente la Sexta Cámara del Crimen le impuso 26 años de prisión por "homicidio agravado por el uso de arma de fuego" por ser el responsable de esa muerte. Sin embargo, en 2015 un fallo de la Corte bajó su pena a 8 años, con los votos de Palermo y Adaro. Los jueces entendieron que Barroso no tuvo intención de matar a Micaela y que se trató de un "homicidio imprudente", ya que el acusado disparó contra el tío de la pequeña. La Procuración General apeló el fallo ante la Corte Suprema de la Nación, quien declaró nulo ese fallo de Palermo y Adaro y ordenó que la Corte provincial expida uno nuevo.

Este martes la flamante ministra Day y las juezas civiles Alejandra Orbelli y Marina Isuani (quienes intervinieron porque los otros integrantes de la Corte provincial que ya habían actuado no podían hacerlo) confirmaron la sentencia inicial y terminaron condenando a 26 años de prisión a Barroso.

El sistema funcionó de manera impecable. Salvo por un punto: Day se constituyó como ministra el viernes y a los pocos días ya estaba dictando esta sentencia que, en lo conceptual, no es reprochable porque (independientemente que está claro que no fue la redactora) está en su derecho de coincidir con el incremento de la pena.

Sin embargo, las dudas surgen en cuanto a las notificaciones que la Corte tiene que hacer a las partes en lo referido a la integración del tribunal que iba a dictar esa sentencia que, sostienen en Tribunales, nunca pudieron haberse resuelto en un fin de semana. O puesto en otros términos: por el apuro político del Gobierno en buscar sustentar a su jueza, Barroso muy probablemente se haya enterado por los medios de que iba a pasar 18 años más en prisión de lo que la misma Justicia le había impuesto en un momento.

Un puñado de elementos sustentan esto. Uno de ellos fue la difusión que le dio al fallo la usina de prensa de la Gobernación (no tanto la de Tribunales) y otro fue la aparición del bloque de senadores oficialistas que se ufanó, a través de un comunicado, de que “valió la pena para Mendoza apoyar a Day" y cantó victoria porque en Mendoza  "se acabó el ultragarantismo" .

Pero particularmente un dato llamó la atención: esa sentencia veloz se firmó en el despacho del ministro de la Corte más cercano a Cornejo, Dalmiro Garay.

Precisamente este juez, elegido la semana anterior presidente del tribunal, y a instancias del exgobernador, es quien tiene en sus manos ahora la resolución del nudo central del conflicto. Solo dos días después de la votación del pliego en el Senado, el 2 de julio, tres ministros de la Corte decidieron convocar a una audiencia pública para el 30 de este mes y discutir allí públicamente si Day cumple con las condiciones requeridas para el cargo en el que terminó jurando de apuro. Y también decidieron llamar a Tribunal Plenario para que la totalidad de los miembros del máximo tribunal contesten la pregunta de cómo y con qué alcances debe interpretarse el inciso 3 del artículo 152 de la Constitución de Mendoza, en cuanto exige para ser miembro de la Suprema Corte ser abogado con 10 años de ejercicio de la profesión.

Es decir, el punto que cuestionaron ante la Justicia un grupo de senadores opositores y organizaciones de Derechos Humanos, quienes entienden, al igual que el exjuez supremo Alejandro Pérez Hualde, que quien fuera candidata de Suárez no cumplía con ese requisito mínimo.

La mención al exmagistrado de la Corte sobre este asunto no es casual. En buena medida sus declaraciones públicas conocidas el día después de la nominación de Day por parte de Suarez, fueron las que encendieron las alarmas (y por supuesto que le dieron letra al peronismo también) acerca de que la postulante no daba el status jurídico. Pérez Hualde ya venía desde hace tiempo (incluso desde antes de alejarse de la Justicia para jubilarse) enfrentado con Alfredo Cornejo y sus afirmaciones multiplicaron por mil la animadversión del exgobernador para quien había ayudado en 2004 para que llegara a ser un juez máximo.

Los dichos de Pérez Hualde no estuvieron exentas de intencionalidad ya que su favorita para la Corte era otra mujer, Gabriela Abalos. Pero su prestigio académico le abrió las puertas a la madre de todas las dudas: para él, Day “no cumple con los requisitos que marca la Constitución” para ser designada en el cargo, su pliego “será nulo” a pesar de que el Senado la votó y le sugirió al gobernador en su momento que debía “postular a otra candidata”.

La jugada del fallo plenario en buena medida paralizó a los referentes judiciales del oficialismo, quienes ya están buscando cómo salir de la encerrona. El escenario está definido: hasta aquí, lo decidido por Adaro, Palermo y Julio Gómez está firme y deberá ser la Corte la que responda la famosa pregunta y vote si Day está o no enmarcada dentro de lo que manda la Carta Magna.

Lo que estos tres pretenden es que sea la misma Corte la que vote, que sea ella misma la que resuelva el problema y entienden que el tema, además, es judiciable. Precisamente lo contrario a lo que sostiene el Gobierno, para quien la cuestión primero nunca debió llegar a la Justicia y, segundo, la aprobación del pliego de Day en el Senado ya es suficiente sentencia.

¿Cuándo será esa votación plenaria? Los jueces que la movilizaron, pretenden que sea en lo inmediato, es decir, a más tardar un mes y medio o dos después de realizada la audiencia pública. Garay podría buscar estirar esos tiempos, ¿años quizás?, para que el debate se diluya.

¿Cómo se votará? Aquí otro punto de discusión. La Sala II pidió que el fallo sea plenario, de la totalidad de los miembros de la Corte, sentencia que fijaría un criterio jurídico para el resto de las designaciones de los magistrados en cuanto a este tema de debate. Pero sobre todo, este mecanismo evitará las posibles recusaciones de los jueces. La jugada del Gobierno será probablemente buscar que ese fallo sea del pleno del tribunal, es decir que se ocuparía solo de este caso en particular y,además, permitiría la recusación de los magistrados.

¿Cómo podría ser el resultado? Es la gran incógnita y aquí juega un elemento clave: qué hará la propia Day en caso de que el fallo sea del plenario de la Corte en donde las recusaciones no existen. La propia involucrada, entienden, debería excusarse de votar con lo cual el resultado terminaría siendo tres a tres, en caso de que, como se supone, Adaro , Palermo y Gómez sostengan que no cumple los requisitos. Y que Garay, Valerio y Pedro Llorente, como se descarta, voten que sí.

¿Cómo se definiría entonces? Se sumaría como conjueza de la Corte a un camarista que, en este caso, terminaría siendo Alejandra Orbelli, la misma, que falló junto a Day en el caso Tatti. Sin embargo, si se llega a este punto, los jueces filoperonistas podrían explorar otra salida.

Garay, en el lugar actual de liderazgo en el que lo pusieron, enfrenta un desafío inmenso. Primero porque el máximo órgano de Justicia está en un momento de desgaste y desprestigio inéditos hacia afuera y además le suma un clima interno que es de una guerra casi total. La disputa tiene un trasfondo: Adaro y Palermo, pero sobre todo este último, entienden que lo que se puso en marcha hace varios meses fue un golpe institucional por parte del Gobierno para desplazar a Jorge Nanclares de la Corte y sentar en ese sillón a uno (una en este caso) propio.

El origen de ese operativo de desgaste contra el ex titular del tribunal que terminó renunciando en junio, según sostienen, fue la votación por la presidencia de la Corte realizada en noviembre pasado y en la que Cornejo, luego de haber ganado las elecciones, no logró que un juez de extracción radical ocupara ese cargo, precisamente, porque Nanclares no respaldó esa decisión.

El resto es historia conocida. El propio Nanclares -por errores propios y de la totalidad de la Corte- quedó muy golpeado por la conflictividad con los jueces civiles, crisis que el propio Gobierno se encargó de fogonear incorporando ataques públicos del gobernador y una ley para terminar con los equiparados dentro del Poder Judicial.

Puertas adentro, la tensión se respira en los pasillos del cuarto piso del Palacio de Justicia en donde sobran las acusaciones políticas y las chicanas. Una de estas últimas se escuchó hace unos días, cuando se estaba comenzando a decidir quién sería el nuevo presidente. “¿Podemos empezar o hay que esperar a que llegue Cornejo? , disparó uno de los jueces que quiere frenar la llegada de Day, ante el gesto adusto de sus colegas vinculados al radicalismo.

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