Mendoza, al borde del abismo institucional por el pliego de Day

Si alguien no frena a tiempo, será un hecho que el conflicto político que terminó judicializándose por la designación de María Teresa Day como postulante a la Suprema Corte derivará en un choque que terminará dejando a la provincia al borde del desbarranco institucional.

Pocas veces se vio, al menos desde el regreso de la Democracia a esta parte, situaciones en donde Mendoza quedó al límite de romper su tradición de respeto a las instituciones y no es un detalle menor que en los últimos cinco años, y bajo el imperio de la actual dirigencia, hayamos atravesado al menos dos episodios más que fueron tan riesgosos como el que estamos observando ahora.

En 2015, cuando se votó en el Senado el pliego de la dirigente del PJ Miriam Gallardo a la Corte, un error en la manipulación por parte de una senadora entonces oficialista de las bolillas blancas y negras frustró el acceso de la postulante de Francisco Pérez y el entonces vicegobernador, Carlos Ciurca, intentó que la votación se realizara de nuevo.

El radicalismo,opositor, denunció la maniobra e incluso ese día de marzo hasta Alfredo Cornejo, intendente de Godoy Cruz y ya candidato a gobernador, se instaló en la Legislatura para evitar que el peronismo avanzara en su intentona. Si la crisis no se agravó, fue porque Ciurca frenó a tiempo.

En la audiencia pública de este jueves en donde Day debió defender su nominación ante la Cámara Alta, este asunto volvió. Fue a modo de chicana del senador Lucas Ilardo, del Frente de Todos, quien trajo del recuerdo una carta del bloque de senadores radicales que le pedían en ese momento a Pérez que retirara el pliego de Gallardo.

Los argumentos de la UCR de entonces son un calco de los que el PJ hoy esgrime para frenar la votación de Day. Se cuestionaba, como ahora, que la candidata no cumplía con los requisitos exigidos por el artículo 153 de la Constitución en lo referido a los diez años exigidos de ejercicio de la profesión de abogada.

En ese texto hay un par de frases notables. En ese misma carta reconocen que Gallardo al menos tramitó cuatro causas y que aportó a la caja forense, poco en realidad, como prueba de su escasa actividad de ejercicio liberal de la profesión. Era casi nada, pero sin embargo eso alcanza para superar los pergaminos como letrada que presentaría hoy la candidata de Suarez.

“Nadie desconoce que ser magistrado de la Corte debería expresar la culminación de una extensa carrera de abogado, con pleitos ganados y perdidos y horas invertidas en demandas y recursos. O de su participación de años en la Magistratura. Esto es, una extensa carrera como abogado que confiere la experiencia y la que mantiene al profesional al tanto de las distintas posiciones asumidas por la doctrina y la jurisprudencia de los distintos ámbitos del derecho”, despotricaban en aquél momento los radicales. Un calco,de lo que hoy se les escucha a los peronistas.

María Teresa Day defendió este miércoles ante los senadores su candidatura y también chicaneó. “No quiero pensar que por ser mujer me están cuestionando”, dijo, al comparar su pliego con el del magistrado Ramiro Salinas, quien antes de ocupar un sillón en la Cámara de Apelaciones era coordinador del Ministerio Público Fiscal, el cargo que hoy ocupa la candidata observada. La alusión no fue casual. Salinas integró el ahora disuelto “Camarón”, ese ámbito de apelaciones dentro de Tribunales integrado en su mayoría por integrantes de Justicia Legítima y que Cornejo se ocupó de disolver hace tres años.

Pero hay un aspecto más interesante en aquella nota de pedido de retiro de pliego de hace cinco años: el bloque de senadores de la UCR anticipaba que se reservaba el derecho a iniciar acciones civiles o penales. Es decir, acudir a la Justicia para que resuelva el pleito, algo que hoy el gobierno desconoce en medio de denuncias de ruptura de la división de poderes.

Este es uno de los puntos de la crisis que en la actualidad aparece sin solución. El vicegobernador Mario Abed decidió no concurrir a la audiencia de conciliación convocada por la Corte, como muestra de que el gobierno desconoce la intervención de la Justicia como instancia de resolución en este conflicto.

El otro episodio de gravedad institucional ocurrió el año pasado, cuando se discutió en el ámbito del máximo tribunal la promulgación de las modificaciones al artículo 198 de la Constitución que terminaron limitando las reelecciones indefinidas de los intendentes.

Si la situación no generó un problema más severo, fue porque se terminó acordando políticamente, bajo el amparo de la Corte, que los intendentes del PJ que buscaban una nueva reelección pudieran ir a las urnas por última vez y que los límites se aplicarían recién a partir de 2023. Cornejo quería terminar el año pasado con el liderazgo de los caciques peronistas en las comunas en las que gobiernan desde hace años, pero debió resignarse con que ese final llegara pero un tiempo después 

El estado actual de cosas está sujeto a un puñado de factores. Otra vez, como en la crisis de las reelecciones indefinidas o como fue en su momento las objeciones por la constitucionalidad de la Ley 7722, o como en un puñado de conflictos más, la Justicia termina resolviendo problemas que la política no puede.

Suarez, o en definitiva Cornejo, lo que está dando es una pelea por el poder que incluye, en este caso, la designación de un nuevo miembro que termine por desequilibrar la balanza dentro de la Corte en favor del Gobierno. Para ambos, el gobernador y el ex, no interesa si la candidata propuesta apenas si cumple con los requisitos objetivos para ser jueza. Esto provocó, desde hace un mes, que se rebajara al mínimo el debate de las condiciones de quien ocupará un cargo de tamaña importancia.

El choque es inevitable si, como se vislumbra, la Corte avanza en el reclamo del peronismo. Es casi un hecho que él máximo tribunal no hará lugar a la medida cautelar presentada por los legisladores opositores, quienes solicitaron frenar la votación del pliego de Day prevista para el próximo martes. La jugada sería de un riesgo altísimo.

Pero para los jueces que hoy todavía están en condiciones de definir (porque no se resuelven aún las recusaciones planteadas) existirían al menos un par de aspectos claros. El primero es que defienden la legalidad de su actuación: la Corte entiende que los planteos de inconstitucionalidad deben ser resueltos en su seno y ello no implica ninguna ruptura en la división de poderes.

Ahora: si bien se encaminan a rechazar la cautelar, los miembros de la Sala II o los conjueces que se designen, avanzarán en la cuestión de fondo y podrían terminar sentenciando que Day no alcanza los requisitos legales correspondientes. En ese caso la votación, que se hará el día 30, será considerada nula. ¿Qué hará el gobierno si esto ocurre? Es uno de los grandes interrogantes, aunque algunas señales preocupantes ya dio al anticipar que, si la Cote se mete, pedirán el juicio político de sus miembros.

Los jueces que tramitan el expediente, Mario Adaro y Omar Palermo, también dieron la sensación de que no están, por ahora, dispuestos a pisar el freno. Ambos encabezaron la audiencia de conciliación a la que el gobierno no asistió, independientemente de que ya había recusaciones en trámite para ambos.

Y el peronismo, que fue quien terminó judicializando el tema, estaría detrás de una jugada mayor. No solo apuesta a que Suarez retire el pliego de Day. Se juega a que sean dos magistrados de extracción del PJ quienes terminen decidiendo en definitiva si la candidata del gobernador llega o no al sillón.

También existe la intención de algunos de sus integrantes de que Alberto Fernández termine decidiendo una intervención federal del Poder Judicial en Mendoza. La sola mención de esta posibilidad resulta inquietante en esta sensación de abismo institucional. Aunque, hay que decirlo,esta alternativa ya recorre los pasillos de la Corte.