Podrían pedir juicio político si la Corte opina sobre el pliego de Day

Esta vez la puja entre el oficialismo y la oposición podría afectar directamente en la calidad institucional de la provincia de Mendoza. La imagen es la de dos trenes que saben que si continúan van a chocar de frente, pero ninguno está dispuesto a apretar el freno porque entienden que la culpa sería del otro. Pero las consecuencias de esa colisión son difíciles de dimensionar y podrían ser irreparables. 

Desde el oficialismo esgrimen que las acciones legales iniciadas por la oposición han puesto en riesgo la división de poderes. En este sentido sostienen que si la Sala II del máximo tribunal llega a expedirse respecto a la acción declarativa de certeza presentada por la oposición el Poder Judicial estará avanzando sobre competencias que la constitución delega en el Poder Legislativo. En concreto, argumentan que la Constitución establece que el titular del Poder Ejecutivo es quien elige un candidato para la Suprema Corte y el Senado determina si cumple o no los requisitos para llegar a ese lugar.

Por eso, hay quienes aseguran que si los jueces de la Sala II de la Corte llega a opinar sobre si Teresa Day cumple o no los requisitos para ser jueza de la Corte, estaría extralimitándose y podrían exponerse a un pedido de juicio político. Específicamente por el inciso IV del artículo 12 del Código Procesal Civil. "Incurrirá en causal de mal desempeño, el Juez a quien se probare que estaba impedido de entender en la causa y a sabiendas haya dictado en ella resolución que no sea de mero trámite", expresa ese inciso.

En este sentido, algunos juristas arriesgan que si los jueces Mario Adaro, Omar Palermo y José Valerio llegan a expedirse sobre la acción declarativa de certeza, podrían ser sancionados. Los primeros dos estuvieron presentes en la audiencia de conciliación del martes, mientras que Valerio prefirió no asistir al encuentro al que tampoco fueron representantes del gobierno ni del oficialismo.

Allí es donde se observa la figura de los dos trenes a punto de colisionar. En el gobierno no han salido a mostrar todas sus cartas para sustentar su convicción de que Teresa Day es idónea para el cargo. Han dejado fluir los cuestionamientos del peronismo con la intención  de ver hasta dónde se animan a avanzar los jueces de la Corte. Están convencidos de que si los jueces Mario Adaro y Omar Palermo dan un paso en falso, podrían ser severamente sancionados.

Mientras tanto, la otra locomotora tampoco parece dispuesta a cambiar de rumbo. La inercia de las medidas judiciales que se han presentado por la oposición es una bola de nieve y el hecho de que la Sala II le haya corrido vista a las partes y haya convocado a una audiencia de conciliación en tiempo récord es un indicio de que la Corte entiende que la acción es pertinente.

 En el medio los tiempos corren y el proceso de designación avanza. Este miércoles se desarrolla la audiencia pública y la semana que viene tendría lugar la votación secreta del Senado para que se defina el destino de Teresa Day.

En el oficialismo no tienen dudas de que su pliego será aprobado porque entienden que cumple acabadamente con los requisitos para ser jueza. En este sentido, esgrimen que el criterio del Senado históricamente ha sido el mismo y que no hay dudas que una persona que se recibió hace 25 años cumple con los 10 años de ejercicio que requiere la Constitución.

En este sentido, sostienen que si la Corte entendiera que Teresa Day no es idónea, tampoco lo serían otra treintena de jueces que ya han emitido fallos que serían atacados de nulidad. "Ese argumento es una falacia porque el requisito del cumplimiento de los 10 años es para la Suprema Corte", dijo el abogado que representa a los legisladores de la oposición, Andrés Ramírez.

El reloj sigue avanzando y solo el paso del tiempo dirá cómo termina esta historia, que sin lugar a dudas hasta ahora ha tenido un solo efecto: poner en duda la legitimidad de la candidata que propuso Rodolfo Suarez.