La UCR denuncia un intento de "intromisión" institucional

El nombramiento de Teresa Day como ministra de la Suprema Corte ha tomado caminos áridos en la política, pero también a nivel institucional. La oposición recurrió a la propia Corte para resolver las dudas que pusieron sobre las aptitudes de la candidata del Gobierno. Ahora, la UCR denuncia que hay un intento de "intromisión" institucional al darle participación a otros poderes en una facultad que es propia del Gobernador, es decir la designación de los ministros del máximo Tribunal. 

"Con el recurso presentado ante el Máximo Tribunal local por los partidos de la oposición (Partido Intransigente, Protectora y Frente de Todos) se le está pidiendo al Poder Judicial que sustituya a los Poderes Ejecutivo y Legislativo", denuncian los radicales a través de un comunicado. "Esto es gravísimo desde el punto de vista constitucional y debería ser rechazado in limine. De aceptarse provocaría un grave conflicto de poderes de consecuencias imprevisibles", alertan.

La tensión va en aumento y todo queda en manos de la Sala II de la Suprema Corte que debe decidir si avanza o no con el reclamo impulsado por el PJ. Además, se solapa con el análisis del pliego de Teresa Day, que debe pasar una audiencia pública virtual (que es cuestionada también por la oposición) y la posterior votación en el Senado. 

"El Gobernador es el único que puede proponer candidatos a Magistrados y la Cámara de Senadores es la única que revisa si se cumplen los requisitos y le da el acuerdo final o no, a esa postulación. Nada, ni nadie puede reemplazarlos ya que son exclusivas atribuciones que les da la Constitución Provincial", agregan los radicales.  "Lo que plantea la oposición es gravísimo e inconstitucional y lo más insólito e inaudito, es que le está pidiendo a la Suprema Corte que revise los requisitos de una postulante a integrar ese mismo tribunal", demandan.

El comunicado completo 

Con el recurso presentado ante el Máximo Tribunal local por los partidos de la oposición (Partido Intransigente, Protectora y Frente de Todos) se le está pidiendo al Poder Judicial que sustituya a los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Esto es gravísimo desde el punto de vista constitucional y debería ser rechazado in limine. De aceptarse provocaría un grave conflicto de poderes de consecuencias imprevisibles.

El Gobernador es el único que puede proponer candidatos a Magistrados y la Cámara de Senadores es la única que revisa si se cumplen los requisitos y le da el acuerdo final o no, a esa postulación. Nada, ni nadie puede reemplazarlos ya que son exclusivas atribuciones que les da la Constitución Provincial, que en su artículo 12 dice que: “ningún Poder puede arrogarse facultades que no le están atribuidas por esta Constitución, ni delegarlas…” y es esto en definitiva lo que están haciendo los Senadores que firman la presentación; le están solicitando a la Corte que haga lo que a ellos le encarga la Constitución de la provincia. Están pidiendo que otros hagan su trabajo.

Además, los procesos y los plazos establecidos por la carta magna y el reglamento de la cámara ya comenzaron y el Senado tiene 30 días para tratarlo, según el art. 83 de la constitución, por lo tanto, no pueden ser interrumpidos de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia.

Por otra parte, aunque la Constitución no lo obliga, el Reglamento permite a cualquier ciudadano a adherir o impugnar, ante el propio Senado, a la persona postulada.

Lo que plantea la oposición es gravísimo e inconstitucional y lo más insólito e inaudito, es que le está pidiendo a la Suprema Corte que revise los requisitos de una postulante a integrar ese mismo tribunal.