Se demora la batería de leyes que prometió Suarez

La batería de leyes que prometió el gobernador Rodolfo Suarez todavía no empieza a detonar. El 1 de mayo, Suarez anunció más de una decena de proyectos legislativos trascendentes de los que no tienen novedad alguna en las cámaras de Senadores y Diputados. Sin embargo, algunos ministros prometen que las iniciativas empezarán a llegar la semana que viene.

El anuncio mayor fue la reforma institucional, que no será otra cosa que un proyecto de reforma constitucional acotada que se asienta en la propuesta de reducir los gastos de la política y que tiene dos medidas como bandera: la eliminación de una cámara legislativa y de las elecciones legislativas.

Este proyecto lo maneja el ministro de Gobierno Víctor Ibáñez y se viene elaborando desde la campaña electoral. Sin embargo, hasta ayer, no había una fecha concreta para su envío a la Legislatura.

En otra cartera, en cambio, aseguran que la semana entrante habrá novedades en torno a más de un proyecto anunciado el 1 de mayo. Se trata del ministerio de Economía y Energía. Su titular, Enrique Vaquié, avisó ayer que empezará a mandar las leyes de su área la semana entrante.

La más relevante que tiene Vaquié en carpeta es la creación de un Consejo Económico, Ambiental y Social que asesore al Gobierno para salir de la crisis. Esta propuesta será impulsada por ley y cuenta con el respaldo del justicialismo. Pero el Ministerio de Economía señala también que son inminentes otras iniciativas anticipadas en la Asamblea Legislativa: la ley de fomento de los parques industriales, un proyecto de empleabilidad y la creación de un banco de vinos.

El paquete de leyes de Suarez incluía también un proyecto para regular el Piedemonte. En la Legislatura tienen la sensación de que este proyecto será uno de los primeros en discutirse y hasta sugieren que entrará por el Senado. El secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, asegura que el borrador está listo y que sólo faltan algunos ajustes. "Pero el gobernador tomará la decisión de cuándo enviarlo", aclara el funcionario.

A través de esta ley, el Gobierno tiene la intención de "definir los criterios obligatorios para ocupar el Piedemonte, que serán comunes para los cuatro municipios que conforman el área, los cuales permitirían "planificar las zonas aún no habitadas y la regularización de áreas ya urbanizadas".

Las otras promesas de Suarez todavía no tienen un horizonte muy claro. El gobernador propuso la creación del "Instituto Provincial de Evaluación de la Calidad Educativa". Los proyectos (son dos) están escritos en la DGE, pero todavía los tiene que revisar el gobernador. También propuso Suarez un Observatorio de Seguridad Ciudadana y una ley para generalizar protocolos contra la violencia laboral. No se habla de ellos todavía en la Legislatura.

"Es un plan para todo el año", se excusan en la Legislatura ante la ausencia de los proyectos que Suarez prometió. Dicen además en el Poder Ejecutivo que Suarez los irá poniendo en la mesa de discusión en forma progresiva y decidirá el "momento político" para disparar los debates.

La era del Zoom en la Legislatura

En las cámaras legislativas, por el momento, todavía están más ocupados en solucionar problemas operativos derivados de la necesidad de funcionar en forma virtual (a través del Zoom) que en generar algún tipo de agenda propia.

Esta semana, tal como adelantó este diario, Senado y Diputados estrenan un funcionamiento mixto para las sesiones, con jefes de bloques en recinto y el resto de los legisladores presentes a través de la pantalla.

Si bien se han realizado varias sesiones virtuales, poco es lo que aportó la Legislatura desde que se sancionó a comienzos de abril la ley de Emergencia que pedía Suarez para usar partidas de dinero y hasta endeudarse en el marco de la pandemia del coronavirus. Las comisiones, que tampoco se pueden reunir en forma presencial, recién comienzan a activarse para la elaboración de los proyectos propios.

Un justicialismo que todavía no le muestra los dientes a Suarez amaga con un proyecto que obligue al gobernador a distribuir por ley con los municipios los fondos especiales que recibe de la Nación en el marco de la emergencia sanitaria. También está presentada en la Cámara de Diputadas la iniciativa impulsada por Anabel Fernández Sagasti para que los bancos y entidades financieras tributen al Estado provincial el doble en Ingresos Brutos.

La agenda legislativa real, en tanto, va mucho más atrás de los anuncios. La semana pasada el Senado sancionó el último proyecto de la era Cornejo: puso un tope para el cobro de la antigüedad de los jueces. La semana que viene, Zoom mediante, esa misma cámara podría ocuparse de uno que Suarez activó después de fracasar en su intento de modificar la ley antiminera: la anulación de los cargos equiparados a magistrados que distorsionan el esquema salarial de la provincia.