Las sospechas por Portezuelo se cobraron su primera víctima política

Las sospechas y denuncias acerca de posibles irregularidades en el proceso de licitación para la construcción del dique Portezuelo del Viento se cobraron su primera víctima política.

Según se conoció esta noche, quien se desempeñaba hasta hoy como asesor del ministerio de Infraestructura de la provincia, Daniel Chicahuala, fue forzado a renunciar como consecuencia de haberse comprobado una incompatibilidad manifiesta entre su cargo actual (pero también con el que desempeñó hasta el año pasado) y la formación de una consultora dedicada a brindar servicios a empresas que participan, precisamente, en proyectos de infraestructura.

Laconfirmación del alejamiento del funcionario de la cartera que conduce Mario Isgró, se produjo pasadas las 21 a nivel oficial, aunque desde el gobierno de Rodolfo Suarez se apuraron en aclarar que “nada tiene que ver con Portezuelo del Viento, sino que la decisión del gobernador tiene que ver con la creación de la consultora”.

La renuncia en Infraestructura se produce a los pocos días de que se desencadenaran una seguidilla de sospechas acerca del proceso licitatorio para la construcción de Portezuelo, una mega obra para el Sur financiada por la Nación a un costo de U$S1,000 millones. Y aunque se lo intente desvincular de las sospechas, Chicahuala ocupó hasta diciembre un rol clave en esta obra: fue, durante la gestión de Alfredo Cornejo, quien diseñó el pliego licitatorio que hoy está siendo cuestionado.

A principios de semana MDZ había alertado sobre las posibles irregularidades en el proceso y el martes se conoció una carta de la Cámara Argentina de la Construcción al gobernador en donde, entre otras advertencias, las empresas reclamaban por las condiciones de licitación que no solo consideraban inapropiadas sino que además las calificaron como “poco transparentes”.

Entre otros aspectos, denunciaron que las exigencias del pliego desalientan la competencia e incluso la postulación de empresas locales y mencionaban como impedimentos la obligación de presentar una oferta alternativa, el poco tiempo para el estudio y formulación de ofertas técnicas y económicas además de un nivel de exigencias técnicas desproporcionado. Para ellos, el proceso podría estar direccionado a favorecer a una empresa local y a otras de origen chino. 

El gobernador reaccionó hoy y contestó en persona las acusaciones que habían sido firmadas por Iván Szczech, el titular de la CAC. En duros términos, justificó las exigencias planteadas en el pliego y además sostuvo que fueron impuestas de esa forma para "no poner en riesgo" la obra. En la misma nota, acusó a las empresas de querer buscar sobrecostos.

Sin embargo, en la misma tarde que defendía lo hecho hasta aquí tanto por él como por el gobierno anterior, tomó dos decisiones que abrieron la puerta a las sospechas de que algo se pudo haber manejado mal. La noticia de mayor impacto político fue la salida de Chicahuala, pero en simultáneo se decidió una postergación por el plazo de un mes para el acto de apertura de sobres para saber quienes son los interesados en construir la presa. Ese plazo vencía en una semana y fue aplazado hasta el 12 de julio.

Las posibles desprolijidades en el manejo de Portezuelo jaquean no solo a la actual administración radical sino que también terminan apuntando al gobierno de Cornejo. Pero por sobre todo, ponen en riesgo la concreción de la obra.

Los fondos para su realización dependen del financiamiento nacional, luego de un acuerdo que firmara el gobernador anterior con el expresidente Mauricio Macri. Ese acuerdo, que incluye pagos trimestrales, fue cumplido a rajatabla hasta aquí por Alberto Fernández, pero la más mínima sospecha de corrupción podría frenar ese drenaje de fondos comprometidos.

En el círculo político local, ya se había generado un pedido de informes por parte de la oposición en el Senado, que se tradujo en una presentación prevista para mañana a las 15 de Isgró a través de una teleconferencia con los legisladores.

Y está además la presión de la provincia de La Pampa, que reclama no solo en la Corte Suprema de Justicia sino también a través del COIRCO ( el ente que maneja la cuenca del Rio Colorado) y a nivel político que la obra no se realice. Un problema adicional para Mendoza: Chicahuala se desempeñaba como nuestro representante ante el COIRCO.

Desde Santa Rosa, precisamente, llegaron las primeras noticias este miercoles de una posible salida del exasesor y la divulgación, por caso, de que había creado una consultora en enero de este año. Decisión que, según la versión oficial, le terminó constando el puesto. Aunque esa no sea la verdad completa de la historia.