No es el coronavirus lo que afecta la salud institucional

La vorágine que genera la inédita situación que vive Argentina por la pandemia de coronavirus hace pasar desapercibido debates fundamentales que están en escena; tensiones que hacen a las bases de la vida democrática.

Ese escenario quedó escrito nada menos que en una sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, el máximo órgano de control de la institucional del país. En la respuesta a la pregunta de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acerca de si podían sesionar “en cuarentena” se revela lo que ocurre de hecho en el país: hay una anormalidad institucional.

La Corte le respondió a la titular del Senado con argumentos legales, pero también con sentido común: no hay nada que impida que el Congreso funcione. Un virus afecta la salud física de las personas, pero no la Constitución, la República y sus instituciones. “El Senado no solo puede, sino debe sesionar”, resume la Corte. Para más, sugiere que la falta de actividad legislativa lesiona el orden. “La verdadera gravedad institucional no estará entonces en la eventual imposibilidad de debatir una norma… sino en el no funcionamiento de una institución irremplazable y su afectación al sistema republicano de gobierno”, describen en el tribunal.

Pero hay otra “chicana” oculta que puede hasta doler en el orgullo de Cristina Fernández: la Corte dice, en otras palabras, que alcanza con leer la Constitución para saber lo que los legisladores deben hacer, solo hay que tener voluntad de apegase a las normas. “La Constitución Argentina tiene todas las respuestas a las posibles incertidumbres jurídicas, aun (o con mayor razón aún) en momentos de crisis. Solo hay que empeñarse en encontrarlas”. La frase es textual y esconde la trama política detrás del pedido de la Vicepresidenta. Una respuesta simple que contrarresta las bravuconadas de la jefa legal del Senado, Graciana Peñafort. 

Paralizados

El Congreso está paralizado no por la pandemia, sino por falta de voluntad política para que las instituciones funcionen. El pedido de Cristina tiene un único tema como base: la necesidad de que el Congreso apruebe un nuevo impuesto, única excepción a los superpoderes que el presidente Alberto Fernández posee y ejecuta. En efecto, todas las medidas tomadas por el Ejecutivo nacional salieron por una colección de Decretos de Necesidad y Urgencia. Desde las más mínimas compras, hasta cambios en la vida cotidiana de las personas que implican restricciones a las libertades individuales son emanadas desde Casa Rosada. Los legisladores se convirtieron en meros relatores a través de redes sociales.

Si el impuesto a la riqueza pudiera ser decretado, la titular del Senado no hubiera consultado a la Corte. De hecho así está plasmado en su presentación, donde explica que hay una la “acuciante necesidad de legislar en materia tributaria por las consecuencias económicas ocasionadas por la pandemia”.

La Corte, por su parte, alerta sobre la necesidad de que las instituciones republicanas funcionen porque no hay obstáculos reales, pero no predica con el ejemplo porque los tribunales que están bajo su órbita tampoco funcionan.

 Las facultades extraordinarias arrogadas por el Presidente tienen una vigencia de un año y lo mismo ocurre con las provincias. En Mendoza, por ejemplo, el Decreto de emergencia “total” que le dio las mimas atribuciones a Rodolfo Suarez tiene alcances mayores, pero hay una diferencia: fue ratificado por la Legislatura y el propio Gobernador no ha hecho uso de la mayoría de esas atribuciones. Es decir, fue puesto a debate y votación institucional.

Alberto Fernández había concentrado también todas las decisiones sobre lo que podían o no hacer las provincias durante la cuarentena, cuestión que es de legitimidad vidriosa si se tiene en cuenta la forma de organización federal que tiene el país y las potestades para gestionar la salud, la educación, la seguridad y sus propios recursos.

Algo de eso comenzará a cambiar con la autorización para que cada gobernador pueda decidir cómo administrar la cuarentena. Aunque era una situación incómoda que la Nación concentrara el mando, también era una zona de confort para los mandatarios provinciales porque las responsabilidades y culpas también estaban transferidas.