Cómo es el plan de Suarez para manejar esta nueva etapa de la crisis

Si el compromiso asumido por el gobierno nacional se concreta, las provincias podrían tener a partir de este fin de semana un margen de maniobra un poco más amplio para afrontar la crisis del coronavirus en cada uno de sus distritos. Y Rodolfo Suarez está esperando esas directivas para terminar de diseñar de qué manera encarará esta nueva etapa del combate contra la pandemia.

Según se supo, Alberto Fernández está trabajando en un esquema de cuarentena más focalizada a partir del próximo 27 de abril, con un grado de apertura en las provincias que podrían terminar determinado cada uno de los gobernadores pero que seguirá basado en criterios de situación epidemiológica y con algunas cuestiones que no se modificarán.

Una de ellas será la continuidad de la suspensión de clases, el cuidado de la situación de las personas mayores de 70 años y la prohibición, por un tiempo más, de la circulación entre provincias.

En este esquema, Mendoza no buscará salirse demasiado de lo que plantea la Casa Rosada y seguirá el criterio que expresó en estas últimas horas el ministro del Interior, Wado de Pedro, quien afirmó que “los gobernadores están de acuerdo en continuar con la cuarentena”.

Sin embargo, Suarez tratará de avanzar con una flexibilización de las restricciones que quedara postergada ese último fin de semana cuando, por decreto, el gobierno nacional liberó once actividades para que volvieran a funcionar. Entre otras cuestiones , se planteará nuevamente la autorización para que la construcción privada vuelva al trabajo.

En tanto, en materia de política económica, se siguió con mucha preocupación desde la provincia el derrumbe del precio del barril de petróleo de los últimos días que profundizará la caída de las regalías petroleras que, desde hace dos meses, vienen en picada y representan ingresos que cayeron un 50% al menos por este concepto.

Lo sucedido a nivel internacional con el precio del crudo, trajo otra vez la discusión para Mendoza de dos temas que forman parte de un tironeo con la Nación. Uno de ellos es el planteo de las provincias productoras de petróleo para que se establezca un precio sostén del barril o como se lo denominó un “barril criollo”, para garantizarles a las provincias petroleras que no sufrirán bajas importantes en sus ingresos más allá de los vaivenes internacionales. El gobierno nacional se comprometió a implementarlo, así también como aplicar retenciones móviles, pero todavía no hubo novedades al respecto.

Y el otro aspecto tiene que ver con el precio de los combustibles. Mendoza ya planteó a nivel nacional su desacuerdo con las políticas energéticas que está permitiendo el ministerio de Energía de la Nación y que les deja a las refinadoras grandes ganancias sin abaratar el valor de las naftas.

A principio de 2020 el barril de crudo rondaba los U$S64 y las refinadores se quejaban de que ese precio estaba entre un 10% y un 15% más alto del valor de las combustibles en Argentina. En febrero, el barril de petróleo bajó 10 dólares y las naftas siguieron costando lo mismo. Desde entonces el crudo siguió cayendo, hasta llegar a los niveles históricos de esta semana, pero más allá esto y de que uno de los principales insumos para la elaboración de combustible disminuyó su costo, los precios no se tocaron.

Las empresas están manteniendo, sostienen en Mendoza, un nivel de utilidad que ni siquiera se compensa con la caída del consumo que, producto del freno a la actividad económica, alcanzó niveles del 80%.

La gran incógnita para Suarez en materia económica es saber a cuánto caerá la recaudación de impuestos en abril, aunque se descarta que el derrumbe será muy importante. Aunque faltan unos diez días para redondear ese dato, un plan está trazado.

Más allá de que a principios de abril el propio gobernador lo planteó como una de las alternativas a seguir, por ahora no se está trabajando en un esquema de emisión de cuasimonedas. El propio Fernández anunció que estaban “desterradas” de la Argentina, pero tampoco el ministerio de Hacienda está detrás del plan de emisión de bonos para cancelar deudas con los proveedores, algo que el presidente sí habilitó que ya han puesto en práctica provincias como Córdoba.

¿Cual será la estrategia entonces? Apostar por ahora a que resulte efectivo el salvataje financiero anunciado por el ministerio del Interior y que consiste en un paquete de $120.000 millones para todas las provincias, repartidos entre $60.000 millones de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y otro tanto que serán créditos otorgados por un Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial.

Si la distribución de esos recursos se realizara de acuerdo a los índices de coparticipación federal, la porción de la torta para Mendoza será de $5.000 millones. Una cifra que es importante, aunque no compensará la caída en los ingresos.

Pero en esta ayuda existen dos problemas que hace dudar de su efectividad. Uno de ellos es que no está redactado en el decreto correspondiente la forma en que ese dinero se repartirá. Interior garantizó que será de acuerdo a la coparticipación correspondiente para cada distrito y así actuó al menos en los primeros $20.000 millones que distribuyó y que representaron $824 millones para la provincia. Las dudas se generan para los otros $40.000 millones comprometidos de ATN y para el acceso a los recursos del Fondo.

Y hay otro problema que son los plazos. No está firme en qué tiempo llegará esa ayuda y el dato no es menor: no será lo mismo para Suarez contar con esa asistencia durante los meses de la crisis, a que llegue distribuida de aquí a fin de año.

Con respecto a la cuarentena, el gobernador mendocino logró que se permitiera la reapertura del comercio para la modalidad de la venta on line y no consiguió que se permitiera el regreso de la construcción privada, uno de los objetivos que viene planteando desde hace dos semanas como dinamizador de una economía que ya arrastra un parate de más de un mes.

Los encargados de llevar adelante las políticas sanitarias en la provincia terminarán de dar el visto bueno, pero la apuesta es permitir que albañiles, electricistas, gasistas y otros retomen sus labores, aunque esta habilitación terminaría incluyendo una prohibición: estos grupos no podrán utilizar el transporte público de pasajeros para ir al trabajo. Deberán ir en autos particulares y en ese sentido el Estado está trabajando en la alternativa de poder trasladarlos con los micros que prestan el servicio escolar que, se sabe, están parados desde mediados de marzo.

Igualmente, para llegar a este tipo de definiciones, habrá una cadena previa de evaluaciones en Buenos Aires a cargo del gobierno nacional que hará un mapeo sobre qué actividad podrá retomarse, aunque la decisión final quedará, por primera vez en el marco de la administración de la crisis, en manos de lo gobernadores.