Causa Tupac: Righi y Parisi tratarán de anular pruebas en su contra

La causa penal por las irregularidades de la organización Tupac Amaru se reactivará la semana que viene con una "gran audiencia" que involucrará no sólo a la familia de Nélida Rojas, sino también a dos actores políticos de peso: el intendente de Lavalle, Roberto Righi, y el ex presidente del Instituto Provincial de la Vivienda y actual diputado, Omar Parisi.

La audiencia se realizará el 13 y se hará a pedido de la defensa, que ha planteado una serie de nulidades -entre siete y ocho- contra las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal. 

El caso parecía empantanado. Pero dicen en la Justicia que en realidad la investigación de la fiscal Gabriela Chaves, que ahora implica a otras figuras del Ministerio Público, como el fiscal en jefe del área de Delitos Económicos, Sebastián Capizzi, ha avanzado bastante en los últimos meses.

Todos dicen que concentraron desde el año pasado sus energías en probar que el conjunto de personas imputadas (la Tupac, Righi y Parisi) cometieron los delitos de fraude contra las personas y contra el Estado. "Hay pruebas muy relevantes y bastantes motivos para sospechar que hubo delitos contra la administración publica y los particulares", señalan en la Justicia.

Es por ello que la audiencia del 13, que se realizará ante el juez del Juzgado penal colegiado Marcos Pereira, es muy importante. "Están en cuestionamiento las imputaciones y la actividad probatoria", advierten en tribunales.

A la espera de esta cita, en el Ministerio Público niegan que la investigación, que lleva casi tres años desde su inicio, se encuentre paralizada. "Se ha estado produciendo prueba y se han realizado inspecciones muy dificultosas, en cada casa y en cada barrio", aseguran en la Justicia.

En el Ministerio Público se habla de numerosas pericias contables y muchos paquetes con facturas, cuadernos y libros que se siguen abriendo en el Cuerpo Médico Forense. 

Por otro lado, indican que se hicieron pericias oculares en muchos barrios que la Tupac construía en Lavalle y Guaymallén, a cargo de ingenieros y arquitectos. Y hasta pericias psicológicas a los denunciantes hubo.

En el caso de los actores políticos, la acusación es por fraude contra el Estado: "Estamos investigando qué se hizo con la plata que había enviado la Nación para la construcción de casas", explican en tribunales. En este aspecto, Righi y Parisi eran los principales responsables de controlar que el dinero nacional para que la Tupac hiciera viviendas se asignara en Mendoza a lo que correspondía.  

Rojas y Milagros Sala

En el comienzo, la fiscal Chaves consiguió llevar a prisión a Rojas y a su familia bajo la denuncia de que conformaban una asociación ilícita, que usaba la plata del Estado para comprar bienes personales (especialmente vehículos) y obligaba a los miembros de las cooperativas a ejercer una militancia política kirchnerista para conseguir sus casas. Pero las detenciones y toda la investigación quedó bloqueada por un fallo de la Octava Cámara del Crimen que desautorizó a Chaves.

Sin embargo, en diciembre de 2018, una sala de la Corte provincial aceptó la apelación de la fiscal contra el fallo de la Octava Cámara. Esa decisión todavía no ha quedado en firme, por las acciones de la defensa. 

Los últimos movimientos de la defensa consisten en buscar que el expediente llegue a la Corte Nacional. Los abogados de la Tupac se quejan de las demoras de la Justicia provincial, pero en tribunales creen que se trata de una jugada política para conectar el caso mendocino con la situación de Milagro Sala (líder nacional de la Tupac) y conseguir beneficios en virtud del cambio de gobierno.

El Ministerio Público, ante esto, trata de marcar diferencias. Existe una que es importante: los imputados de la Tupac mendocina están en libertad (Sala cumple prisión domiciliaria) y la decisión es que conserven ese estado hasta el juicio.

El giro en la investigación

El caso tiene muchos condimentos importantes. Tras un fallo de la Corte Nacional que habilitó a la Justicia mendocina a investigar si la Tupac cometió fraude contra el Estado, el Procurador Alejandro Gullé y el fiscal Capizzi cambiaron el enfoque de la investigación original de Chaves de la asociación ilícita a las estafas particulares, en búsqueda de obtener mejores resultados. 

"De nada sirve imputar a un colectivo una serie de delitos, si antes no se sabe qué delitos han cometido", aducen al respecto en tribunales. Y agregan, en tono crítico: "Se va por el lado de probar los delitos para ir después a la asociación ilícita. No se puede imputar asociación ilícita de la nada".

El efecto más visible de este cambio de estrategia del Ministerio Público fue que nunca se realizó, a lo largo de todo el año pasado, la audiencia en la que debía revisarse la apelación de la defensa de la Tupac contra la acusación de Chaves por asociación ilícita. Esta es la instancia en la que la Octava Cámara del Crimen había fallado a favor de los detenidos, pero en el Ministerio Público ahora no quieren adelantarse a lo que pueda resolver la Corte Nacional.

En el medio, hubo acciones de impacto político. Chaves imputó por fraude a los peronistas Righi y Parisi sólo dos días antes de las elecciones primarias que se hacían en Lavalle y otros tres departamentos. Parisi luego trató de devolver el golpe con un pedido de Jury contra la fiscal, pero el planteo fue rechazado por unanimidad.

El propio Gobierno provincial es querellante en la causa de la Tupac y un representante suyo estará presente en la audiencia del 13 de este mes. El ex gobernador Alfredo Cornejo ha cuestionado con dureza a la Tupac, aunque esta semana Gullé, el jefe de los fiscales, desmintió en MDZ Radio presiones políticas para resolver el caso como el Gobierno quiere.

No sólo la causa penal contra la Tupac posa los ojos de todos sobre el Ministerio Público. La Procuración también tiene a su cargo el proceso de extinción de dominio para que el Estado provincial recupere, por la vía civil, los bienes supuestamente mal habidos de la organización kirchnerista.

Esta parte de la historia arrancó en noviembre y, otra vez, en la Justicia descartan una parálisis: el fiscal adjunto civil Héctor Fragapane presentó la demanda y está a la espera de notificarse de la respuesta de la defensa.