Suarez y un arranque más que complicado

Suarez y un arranque más que complicado

El Gobierno muestra los primeros síntomas de malestar con la Casa Rosada. El Presupuesto no se destraba y no habrá recursos para obra pública. De manera inesperada, por un gesto del presidente hacia La Pampa, podría demorarse Portezuelo del Viento, el único proyecto importante para generar empleo.

Marcelo Arce

Marcelo Arce

Nada hacía prever que Rodolfo Suarez podía llegar a tener un arranque tan complicado. Al traspié inicial tan notorio de la minería, se le sumó en este último tiempo el rechazo del peronismo a respaldar el proyecto de Presupuesto en la Legislatura y, esta semana, el gobernador sumó otro dato de la realidad política que podría alterar sus planes para el desarrollo económico en el mediano y largo plazo.

La decisión de Alberto Fernández de colocar a un pampeano al frente del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), le alterará seguramente los plazos a Mendoza para la concreción de la obra más grande y más esperada en cuanto a inversión pública: Portezuelo del Viento.

Todavía nadie lo expresará en público, pero desde el Gobierno mendocino comenzaron a percibirse en estos días los primeros síntomas de malestar con la Casa Rosada.

El presidente no dio hasta ahora las señales de “sensatez” que el gobernador esperaba para conseguir que el PJ aprobara finalmente la pauta de gastos para este año y, fundamentalmente, habilitara las mayorías especiales que precisa en ambas Cámaras para endeudarse.

De antemano se sabía que la expectativa de Suarez era desmedida: el mandatario aspiraba a que el respaldo que la UCR le había dado en el Congreso al proyecto para la renegociación de la deuda, fuera gesto suficiente para que salga la instrucción por parte de Fernández hacia los legisladores del peronismo local.

Suarez no se lo pidió al presidente y ningún dirigente provincial oficialista lo negoció a nivel político en Buenos Aires. Solo esperaron una respuesta (para ellos) sensata, que no llegó.

El Presupuesto será discutido nuevamente este lunes en Diputados y el oficialismo intentará ir a una votación cuyo resultado es incierto. No está lejos, es verdad, de conseguir las voluntades para obtener los dos tercios que precisa para endeudarse en $6.500 millones (para refinanciar deuda en 2020) y tomar créditos por otros U$$ 300 millones para hacer obra pública.

Si algunos intendentes peronistas (como dejaron trascender en contactos previos con el oficialismo) terminaran votando favorablemente, quizás el Gobierno podría sumar los dos votos que le hacen faltan en la Cámara Baja y los cuatro que precisa en el Senado para quedar autorizado a tomar deuda.

Pero no será tan fácil.Con un PJ en la votación, las consecuencias internas serían fuertes para un partido que, después de la derrota electoral, transcurre entre la falta de liderazgo y el “caos”, tal cual lo definió un diputado de los importantes de ese espacio.

Para intentar salir de la encerrona, el Justicialismo redactó una propuesta un tanto intrincada: autorizar al Poder Ejecutivo a endeudarse para refinanciar la deuda (roll-over) por el monto que pidió, pero achicarle la toma de financiamiento para obra pública a solo $5.000 millones.

Cuando la propuesta se conoció el jueves, la primera reacción oficial fue de descontento aunque con la posibilidad de sentarse a discutir. Pero cuando la iniciativa opositora quedó escrita, la respuesta fue de un categórico rechazo.

Los diputados del peronismo no solo achicaron considerablemente el monto que Suarez podrá pedir prestado para hacer obras este año, sino que además lo condicionaron para cuando llegue el momento de tener que salir a buscar ese dinero.

Los diputados del PJ redactaron un par de artículos para que el Ministerio de Hacienda quede inhabilitado para endeudarse en dólares y le fijaron además la tasa máxima que debía pagar. Asimismo introdujeron que, dentro de los $5000 millones que están dispuestos a autorizar, quedan incluidas autorizaciones de deuda votadas en ejercicios anteriores.

El primer requisito, no tomar prestamos en dólares, por caso, le impediría a Suarez financiarse con el BID. Pero el segundo lo acota a buscar financiamiento a una tasa que hoy no existe en el mercado (Badlar +5)  y que ni siquiera el gobierno nacional está pagando (Badlar+9). La tercera condición, directamente le acota el monto a pedir prestado.

Durante las negociaciones del fin de semana, el escenario para el gobernador fue volver a negociar los votos que le hacen falta para votar el Presupuesto tal cual lo mandó y no buscar aprobar una ley con las modificaciones introducidas por el peronismo.

En el camino de estas discusiones, otra mala noticia llegó desde Buenos Aires y sirvió para sumar descontento con Alberto Fernández.

El presidente buscó hacer equilibrio en el conflicto que La Pampa tiene planteado con Mendoza por la construcción de Portezuelo del Viento y (una semana después de haber cumplido con la provincia con los plazos firmados por Mauricio Macri para fondear la obra) designó a un pampeano, Javier Schlegel, como nuevo titular del Coirco.

En otro escenario, podría haber sido una designación más. Pero en el contexto de los reclamos de La Pampa, un problema se avisora. Esta provincia viene reclamando por la realización de una audiencia pública nacional para que se discuta allí la Declaración de Impacto Ambiental que permitió el llamado a licitación para encontrar una empresa que haga la represa.

Es más. En los últimos días utilizó este mismo argumento (la necesidad de una audiencia pública nacional) para ampliar una denuncia que ya hizo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que Portezuelo no se construya.

El Coirco, del que participan también Neuquén, Rio Negro y la provincia de Buenos Aires, regula el manejo del Colorado y es el organismo que puede convocar a esta audiencia que no es vinculante, sin embargo. Si ese llamado se concretara, posiblemente la obra no corra peligro. Pero sí se demorará, como se descarta, cuando el flamante dirigente pampeano cumpla con su mandato provincial. 

Una señal muy inquietante. El flamante secretario de Recursos Hídricos de la Nación, Néstor Lastirii, celebró la designación de Schlegel y la calificó como "un acto de jusiticia". En sus primeras declaraciones luego de conocido el nombramiento, remató con una frase que bien podría ser utilizada para predecir el futuro: "No se requiere de ningún análisis exhaustivo para establecer que se está haciendo una inversión de 1023 millones de dólares en una obra donde no hay agua”, dijo, en referencia a Portezuelo.

Néstor "Chamaco" Lastiri, de más está decirlo, es pampeano. Y no toca de oído en ese tema: fue durante los últimos años el referente de la "Asamblea por los Ríos Pampeanos", y es un cruzado contra Mendoza.   

En la provincia vecina, luego de la histórica pelea por el Atuel, entienden que Mendoza pretende ahora robarse el agua de otro río (el Colorado) y el argumento que utilizarán desde acá para frenar esa intentona será que todas las audiencias que se llevaron adelante hasta el momento y que fueron tres, son las que respetaron lo que marca la legislación mendocina. ¿Por qué? Porque el proceso licitatorio lo está llevando adelante la provincia, y no la Nación.

El gobernador esperaba una señal del presidente, por caso, en donde el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, declarara que una nueva audiencia pública para evaluar es innecesaria. Pero Alberto dio otra muestra de que está haciendo del equilibrio una de las bases para intentar construir poder.

Ya es sabido lo que representa la construcción de Portezuelo para la administración que se fue y para la que vino después. Durante el gobierno de Alfredo Cornejo, se trabajó no solo en el proyecto sino que se logró firmar un acuerdo con Macri para que el Estado nacional cumpla finalmente con un compromiso asumido hace más de diez años para financiar la represa en Malargüe.

En total la Nación debe transferir unos U$S 1.023 millones, que están en Letras del Tesoro y de los cuales ya se abonaron tres cuotas. La última, la pagó la Casa Rosada hace quince días y fue de casi $14 millones.

A esta altura, Portezuelo ya parece una obra maldita. Largamente prometida, las idas y vueltas de los últimos diez años ya se llevaron miles de horas de trabajo y recursos públicos que tranquilamente representan el 5% de lo que cuesta la obra para que todavía sea un dibujo en un papel. Un poco en broma pero con mucho de preocupación, en el gabinete provincial dicen que están analizando instalar una oficina en Bahía Blanca, sede del COIRCO, porque se vienen tiempos agitados en ese sentido.

Sin chances de diversificar la economía con la minería, con el desarrollo de Vaca Muerta rodeado de incertidumbre todavía, sin recursos para hacer obra pública para generar empleo y con la obligación de un ajuste fiscal, la apuesta grande que le queda a Saurez es Portezuelo.

La obra no comenzará hasta finales del 2020, pero se calcula que serán más de 11.000 los puestos de trabajo que se requerirán y además su construcción generará un impulso a otras industrias.

¿Qué sucederá en caso de que, como seguramente puede llegar a ocurrir, los plazos se estiren ante el accionar pampeano? Este año será muy, pero muy largo para un gobierno que a dos meses de asumir, se esta viendo obligado a recalcular más de lo deseado.

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