La disputa entre Gobierno e Iglesia y que involucra además a la Corte

En una disputa que se viene llevando en silencio entre el Gobierno, el ala más conservadora de la Iglesia católica mendocina y que involucra además a dos jueces de la Suprema Corte de Justicia, Rodolfo Suarez insistirá con una medida tomada por su antecesor, Alfredo Cornejo, quien en 2018 prohibió la celebración de misas y otro tipo de ceremonias católicas en las escuelas públicas.

Esa resolución firmada por el entonces Director General de Escueles, Jaime Correas, fue revertida esta última semana por una fallo de los magistrados Julio Gómez y María Teresa Day, quienes hicieron lugar a una Acción Procesal Administrativa presentada por el Obispado de San Rafael que había pedido se declarara la “nulidad e inconstitucionalidad” de la resolución, al entender que tal medida “no solo saca a Dios del horario escolar, sino que ahora se lo expulsa definitivamente de la escuela”. Y en sentido, al prohibir el catecismo, por ejemplo, la misa y los actos religiosos en esos ámbitos “se violan derechos constitucionales tales como la libertad de culto de la Iglesia católica y de familias y sus hijos”.

Organizaciones de Derechos Humanos, el SUTE y sectores de la Izquierda cuestionaron el fallo de estos dos integrantes de la Sala I de la Core, a la vez que exigieron  a la DGE la presentación de un Recurso Extraordinario Federal. La decisión judicial se conoció casi sobre el final del ciclo lectivo 2020, con lo cual no tendrá una aplicación práctica hasta dentro de tres meses cuando, el 1 de marzo, comiencen nuevamente las clases. Sin embargo el Gobierno ya anticipó que las actuales autoridades escolares, encabezadas por José Thomas, insistirán con la prohibición a través de una nueva resolución que buscará eludir los argumentos que los jueces de la Corte utilizaron en su sentencia para hacer lugar al planteo que vino desde la Iglesia católica sanrafaelina. “No lo vamos a dejar así, eso está claro”, fue la respuesta a nivel oficial.

Varias son las claves para entender el conflicto que abarca, fundamentalmente, a las escuelas albergue y, más en particular, a las del Sur provincial. Antes de la resolución de Correas, las autoridades habían detectado que en esos establecimientos públicos en muchas ocasiones se suspendían las clases para dar misas o para que los catequistas actuaran, porque los directivos no resistían la presión de los curas del lugar que querían desarrollar su tarea evangelizadora. La medida apuntó (con la resolución 2719/18) a que los edificios escolares permitieran la celebración de este tipo de ceremonias, pero que ningún modo estas podrían llevarse a cabo en horarios de clase.

La Iglesia reaccionó y accionó ante la Corte. "La DGE da un paso más activo hacia una laicidad atea y excluyente, que saca a Dios de las escuelas, no ya de las horas de clase sino de la misma escuela y se preguntó: ¿Cómo podrían recibir asistencia religiosa los alumnos de las escuelas albergues, fuera de la albergada?". El argumento que utilizaron fue uno: si los chicos están quince días albergados (y los otros quince día del mes en sus casas) no pueden ir a misa y entonces el único ámbito disponible para estas práctica es el edificio escolar y durante el dictado de clases. Gómez y Day entienden que la espiritualidad religiosa forma parte de la formación del hombre y de la mujer y que, en ese sentido, al escuela ocupa un rol clave. Para ellos “prohibir” las manifestaciones religiosas con el alcance que esbozó la resolución de Correas “no se presenta como un medio razonable ni necesario para asegurar la prestación del servicio educativo obligatorio, gratuito y laico”.

El otro elemento clave está en el ya conocido aspecto confesional de los dos magistrados que firmaron la sentencia que, incluso, los llevó a correr algunos límites jurídicos que fueron observados por algunos colegas suyos dentro del mismo tribunal. “Está claro que esta no es la visión de la Corte”, se apuraron en aclarar dentro del ámbito cortesano, al mismo tiempo que observaron con cierta preocupación un aspecto de la sentencia: con su fallo, Gómez y Day avanzaron hasta el punto de afectar la división de funciones de los poderes al decirle, en este caso al Ejecutivo, para qué tiene que utilizar las escuelas públicas.

Y por supuesto fue vital el rol de Eduardo María Taussig, obispo de San Rafael. Un conflicto muy similar a lo que ocurre en la actualidad entre el obispado de San Rafael y la Dirección General de Escuelas se desató hace ya unos años, en 2003, cuando, también a través de una resolución, las autoridades escolares de aquél momento decidieron que no se celebrarían más en las escuelas de Mendoza las fiestas del Apóstol Santiago y la Virgen del Carmen de Cuyo.

En aquella oportunidad Taussig acuñó un concepto que todavía hoy defiende y es que, en la educación de la provincia, “la laicicidad la impone una minoría”. Independientemente de lo que marca la Constitución al respecto, el obispo de San Rafael trazaba en aquél entonces un mapa de la Argentina para sostener que “apenas el 5% de la población argentina es atea y un 5% más es agnóstica. El 90 por ciento es creyente, y de ellos el 85% es católico o cristiano".

Por estos días de pandemia, la diócesis sanrafaelina que es sede de uno de los reductos más importantes del conservadurismo católico en al país, está envuelta en un conflicto que derivó en marchas y protestas por la decisión del arzobispo de cerrar un seminario que no respetó, a su entender, una de las mas arraigadas formas litúrgicas del catolicismo.

Se trata del seminario Santa María Madre de Dios. Allí un grupo de sacerdotes se resistió a obedecer las órdenes de su superior eclesiástico, quien había instruido para que la comunión eucarística se les siguiera otorgando a los fieles en la boca y no en la mano (como la misma Iglesia ya adoptó hace muchos años) y como impone, además, la situación de crisis sanitaria. Taussig tomó la decisión de clausura en julio y en octubre viajó al Vaticano para un encuentro con el Papa Francisco. A su regreso a San Rafael, ratificó el cierre del seminario para fin de año y se desencadenaron una serie de protestas en el Sur con escraches y pegatinas de carteles en la sede del arzobispado.

Fuente Vía San Rafael

Monseñor respondió a través de un video en el que le pidió a la feligresía que “no se deje manipular” y denunció además que “algunos de los líderes anónimos locales, algunos de los que se entrometen sin ser de la Diócesis y algunas de las agencias informativas que intervienen en nuestra realidad tienen posturas muy críticas y cizañeras contra el Papa Francisco, contra los santos Papas anteriores y aun contra el Concilio Vaticano II. Y algunos de nuestros medios locales, o de sanrafaelinos que operan en las redes, se dejan llevar por sus noticias falsas, muchas veces arteramente calumniosas. ¡Tengan cuidado! No se dejen instrumentalizar y sepan reconocer las voces de sus legítimos pastores”, arengó.