Tupac Amaru: 16 vehículos podrían ser alcanzados por la extinción de dominio
La fiscal de Delitos Económicos Gabriela Chaves y su equipo recorrieron los emprendimientos habitacionales que gestionó la agrupación social Tupac Amaru en Lavalle. Son 600 viviendas que están a medio hacer y que significaron un perjuicio de $80 millones a la administración pública, según los cálculos de la fiscalía. Buscan relevar la calidad de las obras y constatarla con el dinero que giró el Ministerio de Infraestructura de la Nación.
Tras los reveses judiciales que pusieron en riesgo el avance de las causas y terminaron con el recupero de la libertad de Nélida Rojas y todos los integrantes de la organización social Tupac Amaru, la fiscal de Delitos Económicos Gabriela Chaves retomó la investigación del presunto fraude a la administración pública en los emprendimientos habitacionales que gestionó la agrupación, principalmente en el departamento de Lavalle.
Para la fiscal, el perjuicio económico a las arcas públicas sería de aproximadamente $80 millones y son alrededor de 1.000 las viviendas que quedaron a medio terminar (600 en Lavalle) y cuya construcción retomará el IPV en los próximos meses.
Este mediodía, Chaves y su equipo recorrieron las viviendas incompletas en uno de los barrios ubicados en las inmediaciones de Villa Tulumaya, en Lavalle, para comparar el estado de las obras con los expedientes administrativos en los que se reflejarían las maniobras fraudulentas.
"Los fondos venían del Ministerio de Infraestructura de la Nación y se entregaban a la provincia a través de la Secretaría de Vivienda. Cuando llegaban a la provincia iban al IPV (Instituto Provincial de la Vivienda), que era el ente que se tenía que encargar de la ejecución de las obras, y había un ente ejecutor en el municipio. El municipio contrataba a las cooperativas de trabajo de la Tupac para que construyeran las casas", explicó Chaves.
Y agregó: "El perjuicio va a salir de una pericia contable, pero aproximadamente sería de $80 millones. Por ahora no hay imputados ni detenidos en esta causa. Necesitamos establecer la responsabilidad de cada uno de los funcionarios que intervinieron en estas obras porque fallaron todos los controles".
Chaves aclaró que esta causa está vinculada con la que investiga por asociación ilícita a Nélida Rojas y su familia, pero va por un camino separado. En esta investigación podrían ser imputados los funcionarios del IPV y del municipio que no cumplieron con los respectivos controles.
"Las cooperativas debían construir las viviendas a través de un contrato de obra que tenían con la Municipalidad. Los presidentes de las cooperativas han ido cambiando y son 20 las agrupaciones. Los nombres que se repiten son los miembros de la familia Rojas Martínez", indicó la fiscal.
Y completó: "Ha sido todo un tema encontrar la documentación. Necesitamos los libros de obra donde se van asentando las inspecciones, pero acá no había libros de obra. Hay emprendimientos que no tienen planos ni catastros. Supuestamente el municipio y el IPV deberían haber exigido esta documentación antes de girar el dinero y autorizar la construcción, pero no lo hicieron".
"Son 1000 viviendas las que fueron hechas por las cooperativas vinculadas a la Tupac. Empezamos por Lavalle porque es donde más operaron, pero también haremos relevamientos en Maipú, Tupungato, Tunuyán y Luján", agregó Chaves, y cerró: "Utilizaban una metodología extorsiva para obligar a los miembros a colaborar con las actividades o les sacaban las casas. Lo que buscaban es que tuvieran sus viviendas de manera precaria para que siguieran obedeciendo".
Extinción de dominio para los bienes de la Tupac
El Gobierno provincial envió la semana pasada un proyecto de ley para provincializar el DNU firmado por el presidente Mauricio Macri y reglamentar el régimen de extinción de dominio para los bienes recuperados de la corrupción.
En este sentido, la fiscal Chaves indicó que la causa que investiga a Nélida Rojas y los miembros de la Tupac por asociación ilícita podría ser alcanzada por este régimen.
"Tengo secuestrados 16 vehículos que pertenecían a los familiares de Nélida Rojas y el Estado podría disponer de esos bienes dentro del procedimiento que prevé la ley. La causa la llevaría un fiscal civil, pero yo le puedo pasar la información. Además hay varias propiedades y plazos fijos que podrían ser alcanzados. Las viviendas no porque no son de ellos, son del IPV", detalló Chaves.
Nélida Rojas y los miembros de la Tupac podrían volver a prisión
Por último, la fiscal Chaves anticipó que insistirá con el pedido de prisión preventiva para Nélida Rojas y su familia y señaló que espera que la audiencia de apelación de la prisión preventiva se lleve a cabo entre fines de febrero y principios de marzo.
"Todavía no tengo fecha para la audiencia de apelación de prisión preventiva. La Corte hizo lugar a la apelación y la OGAP está integrando un nuevo tribunal, que tiene que ser diferente al anterior", explicó la fiscal.
Y cerró: "Seguí avanzando en la investigación, pero para esta audiencia no puedo utilizar toda la prueba que incorporé con posterioridad. Esa audiencia fue en junio de 2017, así que hay un montón de prueba incorporada que no voy a poder usar".
