La fiscal Chaves vuelve a la carga, pero con "prudencia"

Tras el fallo de la Corte provincial que reactivó su investigación sobre la Tupac, dejará pasar la feria judicial sin precipitar acciones. Sin embargo, se prepara para volver a pedir la prisión preventiva de Nélida Rojas y varios integrantes de su familia. Esto ocurriría recién en marzo, cuando se constituya el tribunal ante el cual se desarrollará una audiencia clave. El Ministerio Público sigue insistiendo en que los acusados armaron una asociación ilícita para apropiarse de fondos de viviendas sociales. Pero no se desespera con sus detenciones y hasta reconoce que los implicados, todo este tiempo, respetaron reglas de conducta y estuvieron "sujetos a derecho". 

Juan Carlos Albornoz

La fiscal Chaves vuelve a la carga.

La fiscal Chaves vuelve a la carga.

Hasta marzo por lo menos se estirará en la Justicia provincial el suspenso sobre el retorno o no a la cárcel de Nélida Rojas, líder de la Tupac en Mendoza, y varios integrantes de su familia, quienes están acusados de haber montado una asociación ilícita para utilizar en beneficio propio fondos destinados a la construcción de viviendas sociales, entre otros delitos.

La Corte le dio la derecha a la fiscal de delitos económicos Gabriela Chaves, después del naufragio obligado por un fallo de segunda instancia que casi hunde su investigación. Pero tras ese espaldarazo del alto tribunal, el Ministerio Público decidió no precipitar detenciones y espera una audiencia clave, sin ansiedades.

A fines de diciembre, la causa dio su último giro. Un fallo de la Sala Segunda de la Corte revitalizó la investigación de la fiscal Chaves, la cual, más de un año, antes había sido desestimada por la Octava Cámara del Crimen. Rojas y compañía, gracias a aquella intervención, salieron en libertad en 2017.

Pero la sentencia de la Corte que anuló la sentencia de la Octava Cámara no implicó cárcel inmediata para los miembros locales de la Tupac, sino que abrió paso a una nueva etapa en el proceso. En concreto, se deberá hacer una nueva audiencia de apelación -la instancia en la que la Octava Cámara falló a favor de los detenidos- para que un tribunal distinto al anterior resuelva.

El primer paso para que esto ocurra será el sorteo del tribunal que va a intervenir. Ese sorteo todavía no tiene fecha. El procedimiento corresponde a lo que ordena la ley del Fuero Penal Colegiado, que fue sancionada a fines de 2017. 

La norma eliminó las antiguas cámaras del crimen y juntó a los camaristas penales en dos tribunales. También creó las llamadas oficinas de Gestión Penal Administrativa (OGAP), que son las encargadas ahora de distribuir las causas. De esta estructura depende lo que viene.

Para el caso de la Tupac, el fallo de la Corte fijó que sea el Segundo Tribunal Penal Colegiado el que intervenga. La administradora de la OGAP del Segundo Tribunal es Edith Cassino, quien deberá realizar el sorteo entre 8 de los 11 jueces de cámara que lo componen.

Los tres magistrados de ese tribunal que obligatoriamente no podrán ser elegidos en el sorteo son Ramiro Salinas, Luis Correa Llano y Alejandro Miguel. Se trata de quienes formaban la vieja Octava Cámara del Crimen.

En cambio, el tribunal sí quedará integrado por tres de los siguientes magistrados: Javier Mauricio, Ariel Spektor, María Alejandra Ratto, Carlos Díaz, Jorge Coussirat, Aníbal Crivelli, Marcelo Gutiérrez del Barrio y Jorge del Pópolo.

A la carga otra vez

Es un hecho que la fiscal Chaves volverá a pedir en esta nueva audiencia de apelación el arresto de Rojas, Ramón Martínez, Carla y Leonela Martínez, y Fanny Villegas. Es más, el Ministerio Público consideró todo este tiempo que la prisión preventiva permanece "subsistente" desde el fallo de la Corte del mes pasado e incluso analizó "materializarla" a fines de diciembre, aunque después optó por actuar con prudencia y dejar que pasara la feria de enero en la Justicia.

Desde entonces, prima la moderación como estrategia jurídica. El fallo de la Corte (a cargo de los jueces José Valerio, Pedro Llorente y Julio Gómez) revivió la hipótesis de la asociación ilícita, que era lo más importante para Chaves, y la prisión preventiva de Rojas y su familia parece haber quedado en segundo plano. 

Además, en el Ministerio Público reconocen incluso que los miembros de la Tupac se han mantenido todo este tiempo "sujetos a proceso". Es decir, han respetado las "reglas de conducta" que fijó la fiscal Chaves, no han salido de la provincia ni del país y se han cumplido los embargos que se fijaron.

La fiscal, en consecuencia, no necesita que los miembros de la Tupac vuelvan a la cárcel por el riesgo que implicaría para la causa que siguieran en libertad. Insistirá con la prisión preventiva igual, porque sus miembros están acusados de delitos que tienen penas privativas de cárcel y porque Chaves quiere evitar que la defensa aproveche la libertad de los implicados para poner trabas cuando llegue el momento del juicio.

Volver a mediados de 2017

La audiencia de apelación que se espera para los próximos meses en el Segundo Tribunal Penal Colegiado girará en torno a los elementos de prueba que la fiscal había reunido hasta junio de 2017 y obligaría a revisar las cintas de las cinco audiencias (una por cada imputado) que se realizaron en esos meses ante la jueza de garantías Maria Cristina Pietrasanta.

En aquel momento de la causa, que fue explosivo y tuvo decenas de allanamientos, Chaves había detectado, entre otras cosas, que los miembros de la Tupac adquirieron bienes en fechas coincidentes con extracciones bancarias del dinero que giraba la Nación para las casas sociales.

También manejaba otras acusaciones, como la estafa, la extorsión y la coacción: para acceder a una vivienda, el interesado tenía que militar a favor del kirchnerismo y cumplir las instrucciones políticas de la organización.

Un dato importante es que Chaves no incorporará en la audiencia de marzo hechos y denuncias posteriores a mediados de 2017, aunque en el propio Ministerio Público hay quienes dicen que sí podría hacerlo.

Después de esa fecha, se produjo al menos un hecho relevante. Tras haber mantenido una pulseada con la Justicia Federal, la Corte Nacional autorizó a Chaves para investigar el fraude a la administración pública que se habría generado con los fondos para viviendas sociales que manejaba la Tupac en la era kirchnerista. La "mega causa", como la llaman en tribunales, quedó en sus manos y preocupa también a algunos políticos.

Justamente uno de los argumentos de la Octava Cámara del Crimen para liberar de la cárcel a Rojas y su familia fue que Chaves estaba investigando un delito de competencia federal, no provincial. Ese bloqueo ya no existe y ahora la fiscal espera sin apuro una audiencia de apelación en la que volverá a defender con uñas y dientes el "tipo penal" de la causa.

Dicho de otra manera, su convicción de que la Tupac mendocina era una organización armada para delinquir. 

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