Inesperado conflicto por plata entre Ramón y el Partido Intransigente
Se volvió a tensar la relación entre José Luis Ramón y sus socios. Y esta vez no es una cuestión política la que provoca la división: la pelea es por plata.
La disputa se generó a partir de la liquidación del Fondo Partidario Permanente, un dinero que el Gobierno Nacional distribuye entre todos los partidos del país para el "desenvolvimiento institucional" de las fuerzas políticas y que se reparte de acuerdo al desempeño de cada una en la última elección de diputados nacionales.
A partir de lo que establece la ley de Financiamiento de los partidos políticos, y según se fijó en la disposición 48 del Ministerio del Interior, fechada el 18 de abril pasado, al Partido Intransigente de Mendoza le tocaron, después de los descuentos, 750.592,85 pesos en total.
Esa plata abrió un inesperado conflicto interno, ya que el PI tiene decidido quedarse con el dinero y utilizarlo para "fortalecer su estructura". Pero Ramón piensa lo contrario: pretende que el 80 por ciento sea manejado por la "jefatura de campaña". Es decir, por Protectora.
Quien salió a defender la decisión de que el PI acapare los 750 mil pesos fue el diputado provincial Eduardo Martínez Guerra, quien es apoderado del partido en Mendoza. Según Martínez Guerra, el dinero lo tiene que cobrar el partido que "puso la personería" y que debe rendir cuentas por su uso.
Recalcó el legislador que este fondo se encuentra sujeto a auditorías muy detalladas y dijo que "puede ir preso el que se hace responsable" del manejo del dinero. "La plata la tiene que gastar sí o sí el partido y eso no lo puede decidir Ramón", afirmó.
Además, indicó Martínez Guerra que "esta plata es para la cuenta partidaria, la que viene el año próximo es para la campaña". O sea que, a su criterio, en 2019 sí serán beneficiarios los abogados Ramón y Mario Vadillo. Ahora no.
Pero enfrente, Ramón se planta firme y exige que el PI le ceda buena parte del dinero. Protectora quiere fondearse desde ya para lo que sería la candidatura a gobernador de Ramón en 2019 y para ello tendría la intención de constituir un plazo fijo bancario, con el objetivo de guardar la plata hasta el año que viene.
Por ello, Ramón desmanteló el razonamiento del PI al sostener que "con el Partido Intransigente tenemos un acuerdo que involucra las elecciones de 2017 y 2019".
En ese sentido recalcó, con contundencia: "En ese acuerdo se resolvió que nosotros somos los candidatos extrapartidarios y que tanto la plataforma electoral como la Jefatura de Campaña, la llevamos adelante nosotros. Por lo tanto, salvo el porcentaje del 20 por ciento para mantenimiento de la estructura del sistema administrativo del partido, el resto del dinero lo deben poner a disposición de la Jefatura de Campaña".
Otra tormenta
Esta discusión por plata refleja hasta dónde llegan las divisiones en el seno de la coalición, diferencias que comenzaron apenas debutó la nueva fuerza en la Legislatura, por el acercamiento del pastor Héctor Bonarrico a la UCR.
También justifica la necesidad de Ramón y Vadillo de tener un partido propio. Es la gran debilidad de estos dos abogados que generaron un fenómeno electoral sorprendente el año pasado: lograron obtener 6 legisladores y 9 concejales, y se convirtieron, gracias a más de 180 mil votos, en la tercera fuerza de la provincia.
Sin embargo, no habrían podido competir en los comicios si no existía un partido que les prestara el sello. Y parece que ha llegado el momento de pagar por eso, al margen de que, con Protectora, lograron bancas legislativas el presidente del PI (Daniel Galdeano, senador) y el apoderado del partido.
A pesar de que Ramón es contundente, Martínez Guerra trata de tender puentes. "Lo más importante es mantenernos uniformes ante las negociaciones que hacen el radicalismo y el peronismo", indicó. Esas "negociaciones" entre los partidos mayoritarios, según señaló, están dejando afuera al PI y a Protectora de espacios legislativos importantes, como el Jury o la vicepresidencia de Diputados.
"Ramón quiere ser candidato a gobernador y para eso le sirve que el PI se fortalezca", aseguró el legislador.
Los fondos en juego
Según la disposición 48, los partidos políticos de todo el país se repartieron un poco más de 150 millones de pesos. El 20 por ciento se entregó en forma igualitaria, y el 80 por ciento restante, de acuerdo con los votos obtenidos por cada uno en la última elección.