El ignorado laboratorio de Laura Montero

La inesperada polémica en la Legislatura por los documentos electrónicos es un reflejo claro de los problemas que tiene el gobierno actual. Alfredo Cornejo y Laura Montero conviven bajo el mismo techo, pero son, entre sí, insolubles. Tienen un pacto tácito de gobernabilidad. Pero lejos están de coordinar políticas: cada cual maneja su propia agenda.

El problema es que, en esta ocasión, la incomunicación y los recelos mutuos entre el gobernador y la vice pueden haber afectado un objetivo central de esta gestión: el cuidado de los fondos públicos.

Cornejo fue el jueves a la Legislatura para darle un respaldo notorio a su delegado más querido en ese poder: el presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés. El jefe de la Cámara Baja lleva tiempo tratando de subirse a la ola de la despapelización del Estado, para mejorar su imagen y la de la propia Legislatura.

Reemplazar el papel por certificaciones electrónicas ahorra tiempo y dinero, y es una idea amigable con el medio ambiente. Pero la variable del gasto hubiese merecido un análisis un poco más profundo.

Como informó este diario en junio, Parés gastó silenciosamente casi 7 millones de pesos a fines del año pasado en equipos informáticos, para darle impulso al documento electrónico en la Cámara de Diputados. Más de cinco millones de pesos invirtió en la adquisición de licencias Oracle. El resto del dinero se destinó a la compra de servidores nuevos, los cuales fueron a parar al anexo legislativo de Patricia Mendocinas y Rivadavia (ver foto abajo).

Los técnicos de la Cámara Baja explicaron que el gasto en licencias era inevitable. "No teníamos chances de correr el sistema que venía cedido de la Nación, porque nuestras licencias (Oracle) eran muy viejas, de 2001", dijeron en ese ámbito, cuando MDZ reveló la inversión.

En efecto, desde el año pasado, el Ministerio de Modernización de la Nación está entregando gratuitamente a las provincias y organismos públicos que lo soliciten un software para la aplicación del documento electrónico. Mendoza firmó un convenio el año pasado con la Nación y el Gobierno provincial se subió al programa.

Ulpiano Suárez, subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado de la provincia, viene ejecutando el plan en el Poder Ejecutivo. Se eliminó hasta ahora el papel en bonos de sueldo y el Boletín Oficial. El ahorro anual de esta medida podría rondar el millón de pesos, según el funcionario.

El problema ha sido cómo trasladar ese sistema a la Legislatura. Parés también firmó el convenio para recibir el software del Gobierno Nacional, buscando que el que dirige fuera el primer ámbito legislativo del país que se adhiera a la despapelización. Pero la vicegobernadora Montero, quien tiene su despacho a pocos metros del de Parés y también posee un plan para despapelizar la Legislatura, decidió no hacerlo.

El "copy left" del Senado

El secretario administrativo del Senado, Leonardo González, explicó por qué se eludió el aporte nacional: en la Cámara Alta decidieron que no iban a utilizar el software cedido por la Nación y, en su lugar, se pusieron a trabajar en un software propio. 

"Lo analizamos, pero el sistema era inviable y optamos por un desarrollo propio", explicó el funcionario legislativo. "Todo el soft es con licencia copy left de la HCS", agregó.

Para González, el software nacional "es un enlatado que no se puede adaptar a las necesidades de la Legislatura. No permite que los documentos electrónicos sean firmados por más de un funcionario o legislador. Si se adapta esto, se pierde el acceso a las actualizaciones. Por eso decidimos que no lo compraríamos hecho y que en su lugar lo haríamos nosotros".

La elaboración del software en el "laboratorio" de Montero redujo drásticamente los gastos del sistema. En lugar de 7 millones de pesos, como en Diputados, el Senado está por adjudicar una compra por solo 2 millones de pesos en equipos informáticos. 

La diferencia de plata radica en el que la Cámara Alta no comprará licencias Oracle. Usará, en su lugar, licencias libres. De hecho, ya se está aplicando la digitalización de documentos administrativos y legislativos, aunque se trata de una etapa de transición; mantendrán el expediente en papel hasta que adquieran el nuevo hardware.

Nada de esto se dijo en la puesta en escena del jueves, que tuvo toques de comedia. 

Montero se sentó a la mesa en la que Cornejo y Parés anunciaban el expediente electrónico de Diputados. El gobernador dijo allí que la de Mendoza era "la primera Legislatura del país" en incorporar el sistema. 

A su turno, la vicegobernadora, no se privó de dar su toque: "Nosotros, en el Senado, hace varios meses que tenemos el mismo sistema implementado. Pasa que yo no tengo prensa", se quejó.

Cornejo y Montero están siempre al borde de protagonizar este tipo de cruces, que dejan interrogantes importantes. En el Ejecutivo acusan a la vicegobernadora de no trabajar "en equipo" con el Gobierno. Es probable que la traducción concreta de este reclamo sea que Montero debe acatar las órdenes del Ejecutivo. La vicegobernadora suele reaccionar en otra dirección: acusa a los medios de no prestarle atención o, incluso, de censurarla.

Pero no son los medios su problema. El gobernador ha congelado o demorado, según el caso, las iniciativas más relevantes de la número dos del Gobierno. Ignoró su plan de reforma de la Constitución, la que trató de impulsar por una vía paralela, e hizo que se tardara más de un año la sanción la ley de Ética Pública de Montero.

Está claro que la agenda de Cornejo en la Legislatura, o sea, lo importante para él, se ejecuta por medio de otros gestores: Parés en Diputados; Juan Carlos Jaliff en el Senado; y hasta el ex legislador y funcionario de Seguridad Néstor Majul, en casos extremos.

Por estas vías seguirá avanzando, por ejemplo, la fuerte batalla del Gobierno con la Justicia, que esta semana se agravó con el fallo de una cámara del crimen a favor de la Tupac Amaru. Al menos dos proyectos de Cornejo están en marcha: la reforma del Consejo de la Magistratura, que ya tomó estado parlamentario, y la creación de los juzgados pluripersonales o colegiados, que llegará en dos semanas.

El gobernador, en este contexto, seguirá bendiciendo a los leales. A los que trabajan para conseguirle votos para las leyes que envía. Como su fiel diputado con derecho a reelección Parés. A pesar de que su modelo de despapelización de la Legislatura cueste más que el de la vicegobernadora.

No es este, al fin y al cabo, el único ejemplo de descoordinación legislativa. El laboratorio de Laura también generó hace tiempo un sistema de voto electrónico para la Legislatura, similar al del Congreso Nacional, que tiene poco uso. Gastó 3,2 millones de pesos, cifra que podría haber sido mayor si no había "desarrollo propio", dicen en el Senado.

Sin embargo, al sistema sólo lo usa el Senado. Los diputados, en cambio, siguen levantando la mano. Esto se debe a que Diputados debería hacer una modificación reglamentaria para que las votaciones de las leyes fueran obligatoriamente nominales. El Senado hizo eso hace mucho tiempo: en 2005. Otro caso de plata de todos que se usa a medias y de políticos que quieren ser modernos, pero atrasan.