El "Camarón" jugó fuerte a favor de la Tupac Amaru
La transformación de la Justicia, impulsada con pasión por Alfredo Cornejo desde que tomó el poder, tuvo un capítulo clave el año pasado. Fue la sanción de la ley 8934, que parecía una más, en medio de la batería de cambios que el Gobierno imponía sin esfuerzo en la Legislatura. Pero no era una norma menor: apuntaba a reducir el poder de los enemigos del gobernador en la Justicia.
Para el Gobierno, esos enemigos tienen un jefe: Omar Palermo. Por eso la ley 8934, sancionada el 30 de noviembre de 2016, atacó a la Cámara Penal de Apelaciones, integrada por los jueces Ramiro Salinas, Luis Correa Llano y Alejandro Miguel. Los tres respondían al ministro de la Corte, según la mirada del Ejecutivo.
La ley 8934 disponía, entre otras cuestiones, que la Cámara Penal de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial debía convertirse en la Octava Cámara del Crimen. Es decir, una cámara más. Este cambio, estampado precisamente en el artículo 1 de la norma, implicaba que las apelaciones se distribuyeran desde entonces entre las ocho cámaras del crimen.
La maniobra de reorganización judicial buscaba, en realidad, evitar que quedaran todas las causas en manos de los jueces que estaban en la vereda de enfrente del Gobierno. La Cámara Penal de Apelaciones representaba esa ala y era llamada "el Camarón" por el Poder Ejecutivo. Con la ley 8934, dejaría de serlo, supuestamente.
Pero el golpe no fue perfecto. El Camarón, tildado de kirchnerista y garantista por los funcionarios de Cornejo, conservó la facultad de resolver todas aquellas causas anteriores a la sanción de la ley de noviembre del año pasado, cuando era la única cámara de apelaciones. El caso Tupac Amaru, ni más ni menos, era uno de esos expedientes.
Los jueces de la Octava Cámara del Crimen hicieron sentir su presencia en junio pasado, cuando dispusieron que la jueza de garantías Cristina Pietrasanta revisara su denegatoria de la prisión preventiva de Nélida Rojas y parte de su familia. Pietrasanta, quien nunca quiso intervenir en la causa de la Tupac, cedió y aceptó dar el beneficio.
Pero la Octava Cámara del Crimen volvió a ser verdaderamente "el Camarón" este lunes, cuando decidió darles la libertad a todos los acusados por la fiscal Gabriela Chaves y anuló su investigación. Ese trabajo había generado imputaciones muy graves, como asociación ilícita, extorsión y estafa, entre muchas otras causas.
Sin embargo, para la Cámara, la fiscal no logró acreditar que esos delitos se hubieran producido. A pesar de la manipulación de fondos para viviendas sociales y la imposición de la militancia kirchnerista como condición para otorgar beneficios.
Es una realidad que Cornejo y Palermo están enfrentados desde el primer minuto de la gestión radical, cuando el gobernador entrante buscó anular los efectos de un fallo del ministro de la Corte acerca de la prisión preventiva. El gobernador logró que se sancionara una ley que endurece ese régimen, pero el fallo de Palermo, que va en sentido contrario, fue ratificado por la Corte Nacional. No hubo, en consecuencia, un ganador definitivo en ese duelo crucial.
Los cruces desde entonces no han parado y, ahora, el Gobierno ve la mano de Palermo detrás del fallo a favor de la Tupac Amaru. Desde anoche, el Ejecutivo no hace otra cosa que lamentar y atacar la decisión judicial en favor del clan familiar de Lavalle.
El fallo del Camarón no es la última instancia. A la fiscal Chaves le queda todavía el recurso de acudir a la Corte en casación para defender sus argumentos. La acción recaería entonces en manos de la Sala Penal, que está integrada por Mario Adaro, José Valerio y el propio Palermo. Allí las fuerzas a favor y en contra del Gobierno están repartidas, aunque hay un hecho irrebatible: el rostro del enemigo reaparece para Cornejo a cada momento.