Cornejo, decidido a avanzar con la emergencia en seguridad
Curioso: el Gobierno se reconoce en estado de "emergencia" por la seguridad, pero el PJ no está de acuerdo.
Parece el mundo del revés. Sin ir más lejos, la frase "emergencia en seguridad" era un cuco para el ex gobernador Francisco Pérez. Se peleó con su vice, Carlos Ciurca, cuando el número dos intentó plantearlo.
La oposición normalmente empuja el blanqueo de las "emergencias", ya que revelan problemas de gestión. No es el caso, esta vez.
El juego entre radicales y peronistas es diferente hoy. El oficialismo, en realidad, blanqueó la emergencia en seguridad el año pasado, y obtuvo el acompañamiento opositor.
Ahora, busca que la Legislatura provincial le conceda una prórroga hasta fines de 2018 y ahí ha aparecido un conflicto.
Una herramienta administrativa
Alfredo Cornejo ha usado la emergencia como un instrumento administrativo. Así ha podido, por ejemplo, reducir de 6 a 2 meses los tiempos de las licitaciones.
Además, el año pasado, la ley original implicó la aprobación de un crédito especial de 561 millones de pesos para gastar en elementos para la Policía y fondos para reparar comisarías y mejorar el estado de las cárceles.
La prórroga que pide Cornejo hoy no implica aumentar ese crédito. Se empleó buena parte del dinero en la compra de móviles, tecnología, chalecos y balas para la Policía. Pero el problema es que una parte del permiso financiero todavía no se usó.
La ley original asignaba 264 millones de pesos en total para obra pública, pero el Gobierno, a lo largo de 18 meses, no la pudo gastar en su totalidad. Estos fondos son para mejorar comisarías en muy mal estado. Muchas de ellas, ubicadas en zonas alejadas de la provincia.
Además, hay plata para la infraestructura carcelaria, que hace mucho está en crisis. Los fondos se usarán en este caso en el complejo San Felipe y la cárcel de San Rafael.
Pero el justicialismo no está de acuerdo. Las trabas que pone a la prórroga tienen que ver con su particular enfoque del tema en medio de la campaña electoral.
Cornejo intenta casi todos los días abrir un debate con el PJ sobre la seguridad: asume que su política es de "mano dura" y que el peronismo lo quiere parar. Pero el justicialismo elude esa provocación y no sale a pedir "mano blanda", ni a proclamar su progresismo. En cambio, busca concentrarse en la gestión.
Así enfocado, el peronismo ha criticado que el Gobierno pida otra vez herramientas especiales para el combate contra el delito y dice que tiene que volver a respetar los procesos licitatorios normales.
Sin controles
Sin embargo, los peronistas tienen al menos un problema para enfrentar a Cornejo: el control opositor de la política de seguridad se ha reducido al mínimo en los últimos tiempos.
La comisión Bicameral de Seguridad, un órgano legislativo que supo ser muy importante, hoy prácticamente no tiene incidencia. La Bicameral es dirigida por el peronismo desde que Cornejo está en el poder y hoy su titular es Luis Böhm, un senador de Omar Félix.
Tampoco tiene representación el PJ en la Inspección General de Seguridad, la oficina que controla a los policías. Tiene un sillón a su disposición, pero no ha podido designar un representante allí, debido a sus problemas internos.
Es así que el único dirigente de origen peronista con participación real en el tema es el fiscal de Estado, Fernando Simón. A él le corresponde revisar las procesos abreviados de compra del Ministerio de Seguridad, en el marco de la emergencia. Pero no ha surgido hasta aquí algún cuestionamiento al Gobierno desde este ámbito.
Este panorama favorece una decisión de Cornejo: avanzar. Aunque hoy habrá una reunión con funcionarios del área, los diputados radicales tienen decidido imponer el número en la sesión de mañana para aprobar, con o sin el PJ, otro periodo de emergencia en seguridad.