La reacción de un Gobierno que teme que las cárceles exploten

El gobierno de Alfredo Cornejo por fin consiguió este viernes ofertas privadas para la terminación de la cárcel federal de Mendoza. No fue sencillo: los llamados anteriores fracasaron y esta vez tuvo que hacer concesiones. Pero a pesar de ello, las propuestas excedieron notablemente el presupuesto oficial para la obra.

Habrá que ver qué pasa. Pero el esfuerzo oficial para que la licitación no naufragara otra vez estaba justificado: al Poder Ejecutivo le urge mejorar la infraestructura carcelaria en el corto plazo. Los funcionarios no ocultan sus temores de que, en caso contrario, "algo" pase en los penales, debido al exceso de población que padecen.

Una historia larga y con responsabilidades ajenas al actual gobierno precede a este último capítulo. La cárcel federal, ubicada en Cacheuta, fue adjudicada en 2010. Su construcción tiene un nivel de avance del 37 por ciento, pero desde hace un par de años está parada, por un conflicto judicial con la empresa que inició los trabajos.

No ha sido sencillo reactivar la obra en la era Cornejo. Hubo dos intentos de licitar lo que queda del presidio para albergar a más de 500 internos. Ambos fracasaron por el desinterés empresario.

Entonces el Ministerio de Infraestructura abrió el juego y hasta decidió regalar los pliegos para tratar de que hubiera ofertas.

Según pudo saberse de fuentes oficiales, el Gobierno renunció a unos 670.000 pesos por empresa, que era el valor de pliego, con tal de que la licitación, esta vez, no se cayera. Hubo un buen indicio ayer: tres uniones transitorias de empresas presentaron ofertas esta vez.

Pero la aparición de interesados trajo un nuevo problema para el Gobierno: ninguna de las UTE se adapta al presupuesto oficial actualizado. La obra subió de 670 millones de pesos que anteriormente se habían autorizado, a 806 millones. Sin embargo, todas las propuestas superaron ese valor.

Corporación del Sur y Genco hicieron la oferta más elevada: 1.170.600.017, 47 pesos. La segunda oferta más cara fue la de Cartellone y Obras Andinas, con 996.109.271 pesos; y la tercera , de Ceosa y OHA (figuran como GSM), con 963.242.892, 97 pesos.

Urgencia

El Ministerio de Infraestructura indicó que, en medio del apuro oficial, se hizo un acuerdo con la Nación para cubrir los gastos de construcción de la cárcel federal (abajo, una vista satelital del estado actual del proyecto) y no esperar que llegaran los fondos. Ese dinero será reintegrado por el Gobierno Nacional, pero en el acuerdo, la Provincia se aseguró un beneficio extra: la posibilidad de ocupar las plazas de ese presidio no solamente con presos de la Justicia Federal.

Así, la cárcel federal, si es terminada, será un penal más de la Provincia. Y el Gobierno provincial se apurará a ocupar los nuevos calabozos.

De hecho, una de las condiciones obligatorias de la licitación es que las empresas entreguen, en el plazo máximo de los primeros seis meses, tres pabellones, con cierre perimetral. Hay 180 días para hacer esta terminación parcial del nuevo penal, pero si el tiempo previsto para la entrega de estos pabellones es menor, eso jugará a favor de alguna de las ofertas.

Los pabellones nuevos permitirán la reubicación de unos 200 presos que hoy habitan otros complejos penitenciarios, antes de la inauguración definitiva de la prisión federal, cuyo plazo de ejecución será de 18 meses.

Infraestructura pronostica que, en caso de seguir adelante la licitación del penal federal, estará en condiciones de habilitar los tres nuevos pabellones dentro de unos siete meses.

Al margen de una serie de licitaciones para readecuar lo que hay, esa es la solución más rápida, por ahora, para el hacinamiento creciente de presos en las cárceles, cuya población asciende a 4.600 internos en total.

Esa población subió más del 12 por ciento desde que asumió Cornejo el gobierno y empezó a aplicar medidas fuertes, como el endurecimiento del régimen de prisión preventiva.

En cambio, la infraestructura carcelaria casi no ha tenido mejoras desde 2007, cuando se inauguró Almafuerte, el primer complejo en la zona de Cacheuta.

Las mismas empresas

Casi las mismas empresas que se anotaron para hacer la cárcel federal, ya habían demostrado interés en el otro proyecto para el sistema penitenciario: la nueva cárcel provincial de Cacheuta, para más de 1.000 internos.

Esta semana, con una oferta superior a los 1.300 millones de pesos, la UTE conformada por Obras Andinas y Cartellone se posicionó primera para hacer ese proyecto. Aunque, con un presupuesto superior, mantiene todavía sus posibilidades un competidor: la UTE formada por Laugero, OHA y Power China.

Pero la posibilidad de que la empresa de Omar Álvarez se haga cargo del proyecto volvió a hacer ruido. El síntoma más claro fue la aparición en la Legislatura de un proyecto del diputado peronista Jorge Tanús, destinado a bloquear la participación en obras públicas locales de aquellas empresas que tuvieron vinculación con la firma brasileña Odebrecht en emprendimientos en los cuales se sospecha que hubo pago de coimas.

La iniciativa de Tanús tiene un destinariario claro: Cartellone. La empresa mendocina que quiere hacer la nueva cárcel con el sanrafaelino Álvarez formó parte en el pasado de un proyecto de Odebrecht que está siendo investigado por la Justicia. Se trata de una UTE liderada por la empresa brasileña para la construcción de una planta potabilizadora en Buenos Aires, obra que habría implicado pagos de coimas millonarias.

Tanús ha buscado herir de esa manera a Obras Andinas, la empresa socia de Cartellone. No es la primera vez: ya se opuso en el pasado el legislador a que la firma de Álvarez hiciera la nueva cárcel, a través de un proyecto de iniciativa privada.

Pero el proyecto de Tanús compromete también al gobierno de Cornejo, que estuvo cerca de entregarle ese negocio a Álvarez el año pasado. El ruido político obligó a que Álvarez donara los planos a la Provincia, aunque su nombre reapareció este año en la competencia por la obra.

El Ejecutivo, de hecho, precalificó a Obras Andinas, aunque ante la consulta de este diario, en el Ministerio de Infraestructura desmintieron este viernes que Álvarez tenga la licitación ganada.

Según se afirmó en el Ejecutivo, la oferta de Álvarez es la más barata, pero todavía le falta ser la más conveniente respecto del financiamiento. Este elemento puede hacer variar la ecuación de aquí a un mes, cuando termine el proceso licitatorio.

Pero los funcionarios también aclararon que el proyecto de Tanús y el debate legislativo no serán condicionantes si, como parece estar cantado, el Gobierno decide darles a Cartellone y Obras Andinas la cárcel: "Ese proyecto es inconstitucional y, además, no se puede aplicar en forma retroactiva", reaccionó ayer una fuente oficial.