El proyecto de Cornejo contra la "familia judicial"

El Poder Ejecutivo se encuentra en plena etapa de redacción de un proyecto para abrir el juego y que los magistrados de la Justicia provincial no surjan exclusivamente de los propios tribunales.

La iniciativa fue anunciada por el gobernador Alfredo Cornejo, el sábado, en la cena por los cien años del Colegio de Abogados. Se trata de la reforma del Consejo de la Magistratura, que es el órgano encargado de elevar al Ejecutivo las ternas de aspirantes a jueces, fiscales y defensores.

El Consejo de la Magistratura provincial fue impulsado por un decreto de José Octavio Bordón (5299/87), en el que el entonces gobernador se autolimitaba en la designación de jueces. Una década después, se aprobó una reforma constitucional del artículo 150 que definió sus características.

El Consejo está presidido por un miembro de la Suprema Corte de Justicia (actualmente, lo dirige el ministro Julio Gómez) y cuenta con un representante del Poder Ejecutivo, un representante de los magistrados en ejercicio, dos abogados de la matrícula de diferentes circunscripción judicial y dos diputados provinciales de distintos partidos políticos.

Sus tareas, de acuerdo con lo que establece la ley 6524 de 1997, son "proponer al Poder Ejecutivo, en ternas vinculantes, el nombramiento de jueces y representantes del Ministerio Público, con excepción de los miembros de la Suprema Corte de Justicia y su Procurador General" y "seleccionar mediante concursos públicos, los postulantes a los cargos referidos en el apartado anterior".

Es el gobernador quien tiene la última palabra en estos casos. De las ternas que surgen de los concursos de cargos, el mandatario se encarga de seleccionar uno. El elegido, después, debe pasar el filtro de la votación del Senado provincial.

Sin embargo, en el Ejecutivo aseguran que esas ternas están condicionadas. "El 95 por ciento de los que llegan a magistrados pertenecen a la familia judicial", sostiene el Gobierno.

En consecuencia, el proyecto oficial intentará establecer "igualdad de condiciones" entre los abogados pertenecientes al Poder Judicial y los que ejercen la profesión de manera independiente a la hora de disputar los cargos de magistrados, para que éstos no queden solamente en manos de los secretarios, prosecretarios y auxiliares que ya trabajan en tribunales.

Poco se sabe hasta ahora del nuevo régimen, aunque según algunos trascendidos, se apuntaría a cambiar el sistema de puntajes de los aspirantes. 

Hay quienes anticipan que puede ser complejo meter mano allí, ya que no son los concursos en sí los que estarían en discusión, sino las ventajas con las que cuentan los empleados y funcionarios judiciales a la hora de la competencia.

Según explicaron fuentes del ámbito tribunalicio, la Justicia paga el cincuenta por ciento de los cursos que hacen los empleados judiciales y, además, el régimen laboral les da tiempo para capacitarse con comodidad, porque tienen mucho tiempo libre.

Los abogados que trabajan en el ámbito privado, en cambio, no tienen esos beneficios. En consecuencia, sus puntajes terminan siendo más bajos que los de los empleados judiciales que quieren ser jueces y compiten por los cargos en desventaja.

Habrá que ver cómo diseña este proyecto el Gobierno. Lo cierto es que el laboratorio de leyes de Cornejo se sigue enfocando más que nada en el funcionamiento de la Justicia.

A la par de la reforma del Consejo de la Magistratura, el Gobierno está puliendo un proyecto para que en la Justicia Penal existan "juzgados plurales". Esto implica la creación de un sistema rotativo de magistrados para agilizar audiencias orales y evitar las demoras que genera el sistema de subrogancia de la Justicia.

No llegará esta semana ese proyecto a la Legislatura, pero es inminente, ya que fue anunciado por el gobernador el mes pasado.

Ningún ámbito de la Justicia se salva, ya que tras la discutida reforma del Código Procesal Penal para endurecer la prisión preventiva que marcó los inicio de su gestión, Cornejo también avanzó con un nuevo Código Procesal Civil, el cual tendría sanción definitiva este miércoles.

El sábado, en la cena de los abogados, prometió que también habrá cambios en el foro laboral y hasta plantó la semilla para ir en Mendoza por una regulación de las carreras de abogacía.