Investigan presunto desvío de fondos en el Ejército
El fiscal federal Juan Pedro Zoni requirió investigar un posible desvío de fondos públicos del Ejército Argentino a través de un convenio suscrito con una fundación integrada por militares en actividad y otros retirados, según informaron fuentes judiciales.
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El fiscal le solicitó al juez federal Ariel Lijo que ordene una serie de medidas de prueba para determinar si la Dirección General de Salud del Ejército promovió el desvío de más de 160 millones de pesos a través de la delegación indebida de funciones en la Fundación Sanidad Ejército Argentino (Fusea).
La maniobra había sido denunciada por el ex ministro de Defensa, Julio Martínez, quien sostuvo que al delegar funciones en la Fusea, el Ejército le permitió "recaudar y administrar, con exclusividad y sin control del Estado, fondos provenientes de la explotación de bienes públicos por la suma de 166.999.209 pesos".
El ex ministro y actual candidato a senador nacional por Cambiemos había basado su denuncia en una auditoría interna realizada en el ministerio que encabezó hasta el mes pasado, desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri al frente del Poder Ejecutivo nacional.
"El Ejército Argentino entregó -según la denuncia- a Fusea, a título oneroso, el uso de parte de la capacidad excedente ociosa de las instalaciones disponibles en el área de la Sanidad Militar", marco en el cual "la fundación comenzó a explotar comercialmente instalaciones e infraestructura cedida de los hospitales militares (HHMM)".
La explotación de las instalaciones de los hospitales militares se produjo "en algunos casos de forma directa y en otros tercerizando mediante la suscripción de contratos de Permiso de Uso Precario a empresas privadas para que estas brinden la prestación del servicio de Salud".
La explicación de la maniobra quedó plasmada en un dictamen del 13 de julio de 2017 elaborado por el Servicio Permanente del Asesoramiento Jurídico del Ministerio de Defensa que señala que el convenio cuestionado data del 14 de julio de 1992 que fue reemplazado por uno similar el 18 de mayo de 2016.
En el primer convenio, el de 1992, se establecía que como contraprestación Fusea se comprometía a pagar el 3 por ciento "de lo recaudado a permisionarios privados en concepto de canon" y a "abonar todas las erogaciones efectuadas por los HHMM en concepto de hotelería, racionamiento e insumos".
El convenio de mayo del año pasado dejó sin efecto el anterior pero siguió con sus lineamientos, "entregando a Fusea el uso comercial de la infraestructura e instalaciones de los HHMM correspondientes al área de la Dirección General de Salud del Ejército", según consta en la denuncia.
A diferencia del convenio anterior, en el del 2016, las partes acordaron "que la Fundación podrá disponer de hasta un 20 por ciento de lo recaudado en concepto de gastos de administración de convenios", según consta en la denuncia citada por el dictamen fiscal al que accedió Télam.
Por otra parte, en la denuncia se señalaba que "como resultado de la revisión practicada al estatuto de Fusea, se ha identificado que el Consejo de Administración de la fundación está compuesto por personal militar en actividad y en retiro, generándose de este modo un conflicto de intereses".
