Así se defiende Cornejo del invierno que azota
Una tímida defensa ejerce el Gobierno provincial frente a la queja social y política por las altas facturas de gas que están recibiendo muchos mendocinos.
La cautela oficial se debe básicamente a la cercanía de las elecciones. El gas es un servicio que no administra la Provincia, pero Alfredo Cornejo es socio político del presidente Mauricio Macri. Y hay más de un candidato opositor buscando que el gobernador pague el costo de ese vínculo.
Para colmo, si hay un ministro del gabinete nacional con el cual el Gobierno mendocino nunca tuvo muy buena relación, ese es Juan José Aranguren, el titular de Energía.
Ya en marzo, cuando Aranguren estableció el cuadro tarifario del gas para este año, el balance oficial era agridulce. "Habíamos planteado varias cosas y en algunas nos han dado lugar. Habíamos pedido aumentar los umbrales y nos han respondido positivamente, aunque no en los valores que dijimos. Esto implica que se permite un mayor consumo a un precio más bajo", reflexionaba el por entonces secretario de Servicios Públicos, Sergio Marinelli.
El impacto de aquellas negociaciones no del todo satisfactorias se empezó a sentir con la llegada del invierno. La suba del consumo ha derivado en facturas de 5.000 pesos, 10.000 pesos, e incluso cifras superiores a ese valor.
Perdemos con La Pampa
Mendoza no consiguió, en su momento, la tarifa de gas diferenciada que buscaba: un cuadro tarifario con subsidios similares a los de las provincias patagónicas. No logró que pesara el argumento técnico, que es que en Mendoza, el invierno azota en forma similar que en La Pampa, por ejemplo, y obliga a elevar el consumo de gas, igual que allá.
Debido a las asimetrías que en este país siguen existiendo, La Pampa logró mantener el beneficio de la tarifa diferenciada y hoy puede afrontar los aumentos tarifarios con mucho menos dramatismo que casi todos los usuarios mendocinos, salvo los de Malargüe.
Un funcionario del plantel de Cornejo blanqueó esta diferencia ayer con números precisos: por los beneficios que nuestra provincia no tiene, la tarifa del gas en Mendoza es 200 por ciento más cara que la de La Pampa.
En el caso específico de un usuario R.3.1, de La Pampa norte, con un consumo de 250 metros cúbicos bimestrales, el costo del gas es de 353.14 pesos, más impuestos. Según números oficiales, esa misma categoría de usuario tiene que pagar en Mendoza el triple: 1047.25 pesos, más impuestos.
En medio de la apretada agenda de la Cumbre del Mercosur, al menos un candidato intentó complicar a Cornejo por esta situación a través de una carta pública.
Se trata del justicialista Omar Félix, quien le reclamó al gobernador que le requiera al presidente que nuestra provincia se incorpore a los beneficios previstos en "el artículo 75 de la ley 25.565 y dentro del régimen establecido en el artículo 3 de la mencionada ley, conocido como tarifa patagónica, y se aplique a la tarifa residencial como un trato igualitario al otorgado a las provincias del sur argentino, a nuestro municipio de Malargüe y a la región de la Puna".
"He querido solicitarlo a través de este medio, ya que todos sabemos que los tiempos del Congreso o la Justicia, por su naturaleza, no son siempre los de las urgencias de la gente", pidió Félix, quien le recordó a Cornejo que "las facturas de los servicios básicos están golpeando duramente el bolsillo de los mendocinos".
Otros dos candidatos opositores también buscan herir al oficialismo, aunque con otra estrategia. Se trata de los abogados de la ONG Protectora, que se han lanzado a la política como candidatos del Partido Intransigente y que están dedicando sus días a recoger el descontento social por los aumentos del gas en los departamentos.
José Luis Ramón y Mario Vadillo van por la vía legal, que ha sido un arma eficaz para frenar aumentos del gas en otras oportunidades. Están a la espera de una definición de la Cámara Federal de Apelaciones, a la que han llegado con dos argumentos.
Uno es el ya famoso "fallo CEPIS" de la Corte Nacional, que el año pasado provocó una crisis política en el Gobierno Nacional al anular a través de un amparo colectivo los aumentos del gas, porque no se había cumplido con el requisito de la audiencia pública. Ramón sostiene que ese fallo obliga a fijar tarifas de servicios a precios razonables, que puedan ser pagadas por los usuarios, porque se trata de un derecho humano.
Otros que enfrentan el reclamo social, como el de Tupungato, Gustavo Soto (UCR), no se han subido al planteo judicial, a pesar de que la propia Cámara de Comercio de su departamento sí adhirió.
Los abogados de Protectora también tienen como argumento un fallo de la jueza Olga Pura de Arrabal, del 27 de mayo del año pasado, que ordenó que el nuevo cuadro tarifario del gas asimilara a Mendoza con La Pampa.
A estos argumentos jurídicos, Ramón y Vadillo le suman el condimento político. Acusan a Cornejo y a Macri, ante cuanto micrófono tienen, de favorecer a las empresas en desmedro de los mendocinos.
La defensa silenciosa
En el gobierno de Cornejo advierten que aquellas órdenes de la Justicia no tuvieron solidez técnica y siembran interrogantes sobre la actitud que tendrán los jueces en esta coyuntura electoral.
Por otro lado, si bien ningún funcionario de Cornejo saldrá a decirlo públicamente, por lo bajo hay quienes buscan difundir los logros que obtuvo Mendoza en medio de la revisión tarifaria de comienzos de este año.
Esas negociaciones permitieron que Mendoza ampliara el umbral de consumo de los usuarios residenciales (de 600 a 900 metros cúbicos en la categoría inicial). Pero hubo algo más: lograron convencer a la Nación de que los aumentos se practicaran sobre la tarifa amparada, no sobre el valor nominal. De este modo, afirman, los incrementos rondan entre el 300 y el 400 por ciento, cuando podrían haberse ubicado entre el 1200 y el 1500 por ciento.
También se consiguió estirar hasta 2021 las quitas graduales de subsidios.
La reacción oficial consiste en tratar de que la mayor cantidad de personas accedan al beneficio de la tarifa social, la cual reduce el costo del gas al 50 por ciento. Creen que, apenas por problemas administrativos o de simples trámites, muchas familias no acceden al beneficio, que impone entre sus condiciones que los haberes que reciben los beneficiarios no superen los dos sueldos mínimos, vitales y móviles (algo más de 17 mil pesos por mes)
"Hay que afinar el lápiz", afirman en las oficinas del Gobierno. Es un trabajo silencioso; nadie quiere dar una pelea política frontal en un tema en el que el oficialismo tiene mucho que perder.
Mitigan el efecto la queja social con números. Dicen que el 42 por ciento de los mendocinos se benefician con el aumento del umbral concedido a los usuarios residenciales de menor consumo. Aseguran, además, que el golpe al bolsillo tampoco es general: 54 usuarios recibieron boletas con valores superiores a los 10.000 pesos y unos 2.000 están pagando entre 3.000 y 10.000 pesos.
Según sus registros, 82 por ciento de los usuarios de Tunuyán y Tupungato, donde más quejas han habido, recibieron facturas inferiores a los 3.000 pesos.
La clave para el Gobierno provincial parece ser resistir y esperar que pase rápido este invierno.